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» El Ciudadano
Fecha: 01/12/2025 08:55
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) condenó este domingo la “nueva amenaza colonialista” del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció en la víspera que las aerolíneas y pilotos deben considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”. El pronunciamiento se sumó a la crítica inmediata de líderes de la región, como presidente el colombiano, Gustavo Petro, que cuestionó “bajo qué norma del derecho internacional” un mandatario extranjero puede “cerrar el espacio aéreo” de otro país. Estas advertencias se suman a los reclamos de que la medida vulnera principios básicos de soberanía y abre un precedente grave para el orden jurídico internacional. En un comunicado difundido por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la ALBA calificó el anuncio como un gesto “profundamente hostil, desproporcionado e incompatible con el Derecho Internacional”. Según la alianza, la advertencia de Washington constituye “un acto de agresión política que reafirma la conducta imperial” de Estados Unidos contra los países latinoamericanos. Para el bloque, el mensaje del mandatario norteamericano evidencia un diseño geopolítico orientado a “erosionar la autodeterminación” de los Estados de la región mediante presiones militares, económicas y diplomáticas. El texto subraya que la pretensión de “ejercer jurisdicción extraterritorial” sobre el espacio aéreo de Venezuela “no solo es ilegal”, sino que representa “una arrogante provocación contra toda la región”. En esa línea, la ALBA alertó que esta “ofensiva” coincide con la decisión estadounidense de suspender los vuelos regulares destinados a repatriar ciudadanos venezolanos bajo la Misión Vuelta a la Patria. Según la organización, ese paso confirma que Washington está dispuesto a “manipular el drama migratorio como instrumento de chantaje político”, con consecuencias directas sobre miles de familias. El presidente Petro, que habló en su calidad de mandatario de Colombia y presidente pro tempore de la CELAC, sostuvo que “un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero”, y advirtió que aceptar una decisión de ese tipo implicaría “el fin del concepto de soberanía nacional y del derecho internacional”. También subrayó que ningún Estado puede actuar fuera de los marcos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo al que pidió convocar de manera “inmediata” para evaluar la situación. Además, el gobierno colombiano remarcó que no existe ninguna autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para operaciones militares contra Venezuela, y recordó que ni el Senado ni la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron el uso de la fuerza. Petro insistió en que las empresas aéreas deben guiarse únicamente por las normas de la OACI y por los gobiernos competentes, y pidió sanciones para aquellas que incumplan sus compromisos de servicio. La ola de pronunciamientos críticos alcanzó también a Irán y Cuba, aliados estratégicos de Caracas. Teherán calificó la medida de Trump como “una violación flagrante” del derecho internacional y alertó sobre sus “peligrosas consecuencias” para la aviación global. El vocero de la Cancillería iraní, Ismail Baghaei, sostuvo que la acción estadounidense se suma a una serie de “medidas provocadoras” contra la integridad territorial venezolana. La Habana, por su parte, denunció el anuncio como el “preludio de un ataque ilegítimo” y afirmó que la decisión constituye una “gravísima amenaza al Derecho Internacional” y un paso más en la escalada de “agresión militar y guerra psicológica” contra Venezuela. Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, afirmó que las palabras del mandatario estadounidense “representan una amenaza explícita de uso de la fuerza”, prohibida por la Carta de las Naciones Unidas. Según el gobierno de Nicolás Maduro, el anuncio constituye un “intento de intimidación” que se inscribe en la escalada militar que Washington mantiene desde septiembre en aguas del Caribe, con un despliegue naval y aéreo bajo el argumento de combatir el narcotráfico. La tensión se incrementó en las últimas semanas por una serie de bombardeos estadounidenses contra embarcaciones que, según Washington, pertenecían a redes de narcotráfico. Esas acciones dejaron al menos 83 muertos en el Caribe y el Pacífico, y generaron condenas de organismos de derechos humanos y de Naciones Unidas por tratarse de presuntas ejecuciones extrajudiciales. A la espera de nuevas precisiones sobre el alcance real del anuncio de Trump, la condena internacional continúa ampliándose. ALBA reiteró que “pretender intimidar militarmente a un país hermano es intentar intimidar a toda América Latina y el Caribe”, y advirtió que la región “no permitirá la reinstalación de tutelas imperiales” sobre su territorio.
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