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Parana » ER 24
Fecha: 29/11/2025 16:55
Elecciones de corredores inmobiliarios Entre desesperación, preocupación, gritos y lagrimas de su presidenta cayó «El Clan Armándola». CAYÓ EL CLAN ARMÁNDOLA:EL COLEGIO INMOBILIARIO CAMBIA DE MANOS TRAS DENUNCIAS DE MALVERSACION × Buscar aquí InicioCAYÓ EL CLAN ARMÁNDOLA:EL COLEGIO INMOBILIARIO CAMBIA DE MANOS TRAS DENUNCIAS DE MALVERSACION Politica Provinciales CAYÓ EL CLAN ARMÁNDOLA:EL COLEGIO INMOBILIARIO CAMBIA DE MANOS TRAS DENUNCIAS DE MALVERSACION Nov 28, 2025 0 Las elecciones de este jueves en Concordia no definieron sólo quién firma las notas del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos. Marcaron el final de un ciclo: después de muchos años, perdió el sector que supo llegar al corazón mismo del poder provincial, sentado en el Consejo de la Magistratura, con voz y voto para proponer jueces, fiscales y defensores en toda la provincia. La lista opositora Gestión Inmobiliaria, encabezada por Germán Solari Lacorazza y Carolina Ledesma, se impuso con una diferencia amplia de 174 votos frente al oficialismo de Futuro Inmobiliario, apadrinado por la presidenta saliente, Paula Armándola. Hubo una tercera nómina, Identidad Inmobiliaria, armada a las apuradas con integrantes de la propia gestión saliente, que la oposición leyó como un intento desesperado de fragmentar el voto de cambio. DEL APELLIDO A LA CASTA Paula Armándola no llegó al Colegio desde abajo, sino por herencia: es hija del fundador de la entidad, José María Armándola, y desde 2022 presidió el Colegio durante dos períodos. Letra P la define directamente como “heredera del fundador” y habla del “clan Armándola” al describir el armado de poder familiar dentro de la institución. En paralelo, la presidenta fue construyendo un perfil político propio: precandidata a viceintendenta de Paraná en 2019, primero coqueteando con el varisquismo, luego cerca del proyecto de Enrique Cresto en Concordia y más tarde fotografiándose con el gobernador Rogelio Frigerio. Cualquier plataforma servía mientras la acercara a los despachos que reparten poder y favores. El premio mayor llegó hace un año: Armándola fue designada miembro titular del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, en representación de las ONG, pero por el Colegio de Corredores. Ese organismo, lejos de ser decorativo, integra ternas vinculantes para la designación de jueces y funcionarios del Ministerio Público. Es decir: mientras la matrícula discutía viáticos y cortinas, el Colegio se sentaba en la mesa donde se negocian cargos en el Poder Judicial entrerriano. 95 FIRMAS Y UNA CAJA SIN EXPLICAR. triunfo de la oposición no cayó del cielo. Es la consecuencia directa de una rebelión interna que estalló a mediados de año, cuando 95 colegiados –alrededor del 5% del padrón– firmaron una presentación exigiendo la remoción del Comité Ejecutivo “en legítima defensa de la transparencia, la legalidad y la participación democrática”. ¿Qué denunciaban? Falta de respuestas serias a pedidos de información sobre gastos con tarjetas corporativas, viáticos, contrataciones y programas institucionales como Entre Ríos Inversiones, en abierta fricción con la Ley Provincial 11.191 de acceso a la información pública. Decisiones estratégicas tomadas a espaldas de la Asamblea: cambio de sede, millonarias refacciones en un inmueble distinto al aprobado en 2023, salida del COFECI y cambios en la denominación institucional, todo sin el aval formal de quienes sostienen la institución con sus cuotas. Falta de controles internos elementales: gastos relevantes sin intervención real del tesorero ni del órgano de fiscalización. Y, como símbolo perfecto del desborde, el famoso cuadro: según reconstruyó Letra P, el propio Colegio reconoció en una respuesta escrita gastos por más de 81 millones de pesos en la sede institucional, incluyendo unos 9 millones en cartelería, 1,6 millones en cortinas, 10 millones en carpintería y 600 mil pesos en una obra de arte cuya autora es la pareja de la presidenta, destinada como “regalo institucional” al Colegio de Escribanos. Si uno quisiera escribir un manual sobre cómo convertir un colegio profesional en una caja opaca, difícilmente encontraría un ejemplo más didáctico: la institución compra con plata de todos una obra de la pareja de quien preside, la envuelve en discurso cultural y la entrega como gesto diplomático a otro cuerpo corporativo. Todo cierra… salvo la ética. triunfo de la oposición no cayó del cielo. Es la consecuencia directa de una rebelión interna que estalló a mediados de año, cuando 95 colegiados –alrededor del 5% del padrón– firmaron una presentación exigiendo la remoción del Comité Ejecutivo “en legítima defensa de la transparencia, la legalidad y la participación democrática”. ¿Qué denunciaban? Falta de respuestas serias a pedidos de información sobre gastos con tarjetas corporativas, viáticos, contrataciones y programas institucionales como Entre Ríos Inversiones, en abierta fricción con la Ley Provincial 11.191 de acceso a la información pública. Decisiones estratégicas tomadas a espaldas de la Asamblea: cambio de sede, millonarias refacciones en un inmueble distinto al aprobado en 2023, salida del COFECI y cambios en la denominación institucional, todo sin el aval formal de quienes sostienen la institución con sus cuotas. Falta de controles internos elementales: gastos relevantes sin intervención real del tesorero ni del órgano de fiscalización. Y, como símbolo perfecto del desborde, el famoso cuadro: según reconstruyó Letra P, el propio Colegio reconoció en una respuesta escrita gastos por más de 81 millones de pesos en la sede institucional, incluyendo unos 9 millones en cartelería, 1,6 millones en cortinas, 10 millones en carpintería y 600 mil pesos en una obra de arte cuya autora es la pareja de la presidenta, destinada como “regalo institucional” al Colegio de Escribanos. Si uno quisiera escribir un manual sobre cómo convertir un colegio profesional en una caja opaca, difícilmente encontraría un ejemplo más didáctico: la institución compra con plata de todos una obra de la pareja de quien preside, la envuelve en discurso cultural y la entrega como gesto diplomático a otro cuerpo corporativo. Todo cierra… salvo la ética. PROFESIONALISMO PARA POCOS, PRIVILEGIOS PARA SIEMPRE En todos estos años, el clan que hoy pierde la conducción se vendió hacia afuera como la cara “moderna” y “profesional” del sector. Armándola se jactó de haber impulsado la reforma de la Ley 9739 a través de la Ley 11.804, para exigir título universitario a quienes quieran matricularse: Entre Ríos se convirtió así en la única provincia que pide un grado para ejercer el corretaje inmobiliario. La traducción concreta la hizo, también, una fuente citada por Letra P: profesionalizar así sólo beneficia “a la casta inmobiliaria”, reduce la cantidad de corredores y concentra los negocios en pocas manos. Es decir: puertas adentro, gastos millonarios sin explicar, cuadro de 600 mil pesos firmado por la pareja, viáticos y tarjetas; puertas afuera, discurso de excelencia académica, fotos con gobernadores y sillón en el Consejo de la Magistratura. Una combinación perfecta entre corporación económica y poder político. UN VOTO CONTRA EL MODELO DE COLEGIO LOBBY Que la lista opositora Gestión Inmobiliaria haya ganado por una diferencia tan amplia en Concordia no es sólo un cambio de nombres. Es, sobre todo, una enmienda a años de conducción que confundió representación profesional con lobby permanente para el poder de turno. Durante demasiado tiempo, el Colegio funcionó como plataforma de proyección personal: primero para asegurar la sucesión del apellido Armándola dentro de la institución; después, para saltar a listas electorales; finalmente, para ocupar un sillón en el organismo que aconseja al Ejecutivo sobre quién debe ser juez, fiscal o defensor en Entre Ríos. La pregunta es obvia y excede al mundo inmobiliario: ¿es aceptable que una dirigencia denunciada por falta de transparencia en el manejo de decenas de millones sea, al mismo tiempo, la que participa en la selección de quienes deben perseguir delitos y juzgarlos? En ese contexto, el resultado de Concordia puede leerse como algo más que una disputa de sector: es una señal, pequeña pero nítida, contra la naturalización de los colegios profesionales como agencias paralelas de colocación en el Poder Judicial, con caja propia y cero control social. LO QUE VIENE La nueva conducción entra con un mandato claro: abrir las ventanas, auditar la gestión saliente, transparentar gastos, devolver la institución a sus matriculados y cortar el cordón umbilical con cualquier gobierno de turno, sea del color que sea. No se trata de idealizar a Gestión Inmobiliaria ni de suponer que, por el solo hecho de haber ganado, son garantía de nada. Pero sí de recordar por qué ganaron: porque 95 colegiados se animaron a poner la firma, porque hubo denuncias públicas, porque los artículos periodísticos dejaron de ser gacetillas y empezaron a hablar de desfalcos, obra pública interna sin explicar y compras a la pareja de la presidenta con fondos comunes.Análisis+2LetraP+2 El peor escenario sería que, pasado el escándalo, todo se reduzca a un simple recambio de apellidos sobre la misma lógica de siempre: manejo discrecional de recursos, viajes, fotos y rosca judicial. El mejor, que este resultado marque un antes y un después: que el Colegio deje de ser una escalera al poder y vuelva a ser lo que dice su nombre, una herramienta de los corredores para defender su trabajo, discutir reglas claras del mercado y, sobre todo, rendir cuentas. Porque si algo dejó claro la elección en Concordia es que, incluso en las corporaciones más cerradas, hay un límite. Y en el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos, ese límite llegó de la mano de la oposición, pero sobre todo del cansancio de una base que se hartó de pagar cuotas para sostener cuadros caros, cortinas de lujo y ambiciones personales disfrazadas de institucionalidad
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