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Concordia » Despertar Entrerriano
Fecha: 29/11/2025 15:20
En Concordia, cada acta que se labra en la vía pública —desde una infracción de tránsito hasta una falta comercial, de saneamiento o de bromatología— termina en el mismo lugar: el Juzgado de Faltas Municipal. Allí se determina cuánto debe pagar un infractor, qué antecedentes tiene y cómo se calcula el monto final en pesos. Para conocer de cerca cómo funciona este proceso que atraviesan miles de vecinos cada año, Despertar Entrerriano dialogó con la jueza Valeria Armanazqui, quien explicó paso a paso cómo se analiza cada situación. En la ciudad funcionan dos Juzgados de Faltas, a cargo de Armanazqui y del juez Sebastián Bahler, que trabajan de forma coordinada. Sobre esta articulación, la jueza señala: “Tenemos criterios unificados en ambos juzgados. Todo se resuelve con las mismas pautas para garantizar igualdad, coherencia y transparencia en cada caso”. ¿Cómo llega un acta al Juzgado y qué se evalúa antes de fijar una multa? Las infracciones no las define el Juzgado, sino los inspectores municipales especializados en cada área: tránsito, bromatología, saneamiento, inspección general o servicios públicos. Son ellos quienes constatan la falta, labran el acta y la elevan al Juzgado dentro de las 48 horas. Con ese ingreso se abre un expediente y comienza el procedimiento administrativo. La jueza Valeria Armanazqui. A la hora de resolver, el criterio no surge de interpretaciones personales, sino de lo que marca la normativa vigente. Armanazqui lo explica con claridad: “Tengo ordenanzas donde están estipuladas todas las infracciones y las multas. Cada falta está tipificada: ahí dice cuál es la conducta prohibida y cuál es la sanción”. Dentro de ese marco, el juez puede evaluar cada situación: si hay agravantes, si la persona es reincidente o si es su primera infracción. “Si es la primera vez, puedo reducir la multa; si la ordenanza lo prevé, incluso aplicar el perdón. Pero siempre debo resolver dentro de lo que marca la norma”, aclara. La figura del perdón —subraya— sólo procede cuando la ordenanza la contempla expresamente. El sistema se organiza a través del Código de Faltas y del Código de Procedimiento, que establecen todas las conductas sancionables: conducir sin carnet, obras sin habilitación, faltas comerciales, saneamiento o bromatología. Desde el momento en que el expediente se abre, el vecino tiene cinco días hábiles para presentarse, pedir una audiencia o realizar un pago voluntario si corresponde. El movimiento cotidiano del organismo refleja una demanda creciente: solo en 2025, el juzgado recibió presencialmente a unas 25.000 personas, además de un volumen sostenido de consultas por correo y teléfono. A la atención diaria se suma la actividad administrativa formal, con alrededor de 8.000 audiencias realizadas en lo que va del año entre ambos juzgados. En paralelo, ingresan aproximadamente 200 actas por día y se resuelven en promedio unas 110, una dinámica que muestra tanto la magnitud del trabajo como la presión constante sobre los equipos técnicos y administrativos. ¿Qué es un jurista? y por qué las multas no se fijan en pesos Una de las dudas más frecuentes entre los vecinos es cómo se determina el valor de cada multa. En Concordia no se calcula en pesos, sino en juristas, una unidad establecida por ordenanza para evitar que la inflación vuelva obsoletos los montos. Armanazqui lo explica de manera técnica y sencilla: “Un jurista corresponde a 15 litros de nafta. Si bien el infractor paga en pesos, la medida base es esa”. El valor se actualiza dos veces al año —en junio y noviembre— tomando como referencia la nafta más económica de al menos dos o tres estaciones de servicio de la ciudad. Luego, el sistema informático del Juzgado hace la conversión: “Ponemos ‘10 juristas’ y el programa calcula el monto en pesos”, explica la jueza. Así, cada conducta encuentra su equivalencia económica. Conducir sin carnet implica entre 10 y 20 juristas; manejar alcoholizado, 20 juristas más retención de la licencia e inhabilitación por 30 días; circular sin casco suma la multa y cinco días de retención de la moto; mientras que una falta comercial sin habilitación puede superar los 30 juristas, según el rubro. En todos los casos, el monto final acompaña el precio del combustible al momento de la actualización. Descargos, audiencias y el rol del vecino Una vez notificada, la persona tiene cinco días hábiles para presentarse en el Juzgado, efectuar un descargo o pagar voluntariamente con un descuento del 20% si la ordenanza lo permite. El procedimiento es simple y directo: “Las audiencias se organizan por día. La persona viene, se sienta, explica su situación y evaluamos. Después redactamos una resolución que firmamos ambas partes”, detalla Armanazqui. El trato cara a cara permite aclarar situaciones que suelen generar confusión. Uno de los casos más repetidos es el del estacionamiento en ochava. “Mucha gente dice ‘yo no estaba en la ochava’ y trae fotos. Ahí me tomo el tiempo de mostrarles qué se considera una ochava y por qué se labró el acta”, cuenta la jueza. Además, despeja un mito común en la calle: “La firma del acta no significa admitir la culpa. Solo acredita que fuiste notificado y que comienza el plazo para presentarse en el Juzgado”. El organismo también gestiona liberaciones de vehículos retenidos, emite libre deuda, procesa pagos por ventanilla o digitalmente, y resuelve sanciones vinculadas al estacionamiento medido, donde incluso es posible regularizar la falta desde la propia aplicación antes de que avance el expediente. Con un flujo constante de consultas, descargos y resoluciones, el Juzgado de Faltas funciona como la instancia final de todas las infracciones municipales. Y, como resume Armanazqui, su misión apunta a garantizar un marco mínimo de convivencia: “Si todos incumplimos las reglas, sería un caos. Nuestro rol es poner límites y también escuchar, explicar y resolver con responsabilidad”. Fuente: Despertar Entrerriano
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