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Concordia » El Heraldo
Fecha: 29/11/2025 12:05
Este nivel de esfuerzo fiscal podría ser entendible en sociedades envejecidas como las europeas o Japón, donde la proporción de adultos mayores es significativamente más alta. Pero Argentina, con una estructura demográfica todavía joven, sostiene un sistema más propio de países que ya atravesaron la transición poblacional completa. Esta desproporción, que en la superficie parece una virtud protectora de los adultos mayores, en realidad expone una anomalía difícil de sostener en el tiempo. El problema, sin embargo, no se reduce a un gasto elevado, sino a un gasto mal distribuido, profundamente desequilibrado y cargado de distorsiones acumuladas durante décadas. Ads Las sucesivas moratorias previsionales, los casi 200 regímenes especiales, los parches normativos y los privilegios sectoriales construyeron un entramado opaco, costoso y regresivo. La expansión de la cobertura previsional mediante moratorias fue efectiva para garantizar inclusión en un país con un mercado laboral altamente informal, pero su diseño fue improvisado y repetidamente excepcional. La excepcionalidad, con el tiempo, dejó de ser un remedio transitorio para convertirse en la regla estructural que sostiene el sistema. Así, personas con trayectorias laborales muy distintas —incluso con cero aportes o menos de una década de contribuciones— acceden a beneficios similares a quienes cumplieron estrictamente los 30 años requeridos. El esquema terminó igualando realidades que no son comparables y generando incentivos contradictorios, lo que erosiona la legitimidad del sistema para quienes sí realizaron aportes a lo largo de su vida laboral. A esto se suma el peso de los regímenes especiales, muchos de ellos sin ninguna justificación actuarial contemporánea. Edades diferenciales, cómputos más generosos, requisitos laxos o beneficios duplicados son mecanismos que nacieron por razones históricas, políticas o corporativas y que hoy no resisten un análisis de sostenibilidad. Las duplicaciones entre pensiones y jubilaciones contributivas, la superposición de beneficios y la ausencia de una fórmula proporcional transparente agravan el cuadro. La falta de coherencia interna del sistema no solo genera inequidad horizontal —personas con historias similares que reciben beneficios diferentes—, sino también inequidad vertical —beneficiarios con menos aportes recibiendo haberes más altos que quienes aportaron toda su vida. Estudios recientes del Banco Mundial, CIPPEC y especialistas como Rofman y Apella coinciden en que el núcleo del problema no es la magnitud del gasto previsional, sino la forma en que ese gasto está asignado. Las filtraciones del sistema son numerosas y persistentes: regímenes especiales sin sustento actuarial, moratorias sucesivas que igualan trayectorias laborales muy distintas, superposiciones de beneficios que duplican costos y una fórmula de cálculo del haber inicial que no refleja adecuadamente la historia contributiva real. Todo esto conforma un conjunto de inconsistencias que, lejos de corregirse, se acumula año tras año y compromete la sostenibilidad futura del sistema. Frente a este diagnóstico, empieza a consolidarse un consenso técnico sobre la necesidad de avanzar hacia un esquema previsional más simple, más universal y más proporcional. La propuesta de rediseño basada en la arquitectura de dos pilares sintetiza ese enfoque: por un lado, un piso básico universal que garantice que ningún adulto mayor quede por debajo de un umbral mínimo; por el otro, una prestación contributiva estrictamente proporcional, donde cada año de aportes sume de manera clara y transparente, eliminando el requisito rígido de los 30 años y corrigiendo las inequidades más evidentes del sistema actual. El objetivo es construir un mecanismo más justo, más predecible y más sostenible, donde la universalidad se alcance sin recurrir a parches y donde se recuperen los incentivos a la formalidad laboral. Ads El rediseño propuesto contempla, además, una actualización gradual de la edad jubilatoria femenina hasta los 65 años, acompañada por un mecanismo automático de ajuste en función de la esperanza de vida. Esto no representa un “ajuste” en el sentido clásico, sino un alineamiento con las tendencias globales y un reconocimiento de la mayor longevidad. En materia de invalidez, se impulsa un esquema unificado, transparente y con un baremo homogéneo. En cuanto a las pensiones por fallecimiento, la propuesta busca mayor coherencia y la eliminación de duplicaciones, sobre todo cuando el causante ya percibía un beneficio previsional. Las simulaciones disponibles muestran que esta reforma reduciría el gasto previsional futuro en torno al 10%, equivalente a 0,8 puntos del PBI. Pero este ahorro no proviene de recortes sobre los haberes actuales, sino de la eliminación de distorsiones y privilegios que hoy benefician a grupos reducidos y generan costos desproporcionados. Según las estimaciones más recientes, el 74% de los futuros beneficiarios percibiría haberes iguales o superiores a los del esquema actual; solo un 8%, perteneciente a sectores con privilegios, podría ver reducciones relativas; y el 18% sin aportes suficientes mantendría un beneficio básico garantizado. Esto demuestra que la reforma no equivale a un ajuste, sino a un reordenamiento progresivo que reduce inequidades y mejora la sostenibilidad del sistema. En un país con recursos fiscales limitados, ordenar no es un eufemismo: es una obligación técnica y ética. La discusión previsional en Argentina suele devenir en un terreno políticamente sensible, dominado por relatos que presentan cualquier intento de reforma como un ataque a los jubilados. Sin embargo, el verdadero atentado contra los adultos mayores es perpetuar un esquema que, por su diseño defectuoso y su creciente insostenibilidad, amenaza con deteriorar la calidad y el poder adquisitivo de las futuras jubilaciones. La ausencia de reformas no protege derechos: los debilita. Cuanto más se posterga el debate, más se profundiza el desequilibrio entre aportes y prestaciones, y mayor será la factura que pagarán las próximas generaciones. Argentina necesita un nuevo contrato previsional que integre universalidad sin parches, proporcionalidad contributiva real, sostenibilidad fiscal, igualdad ante la ley y reglas simples y estables. El país no puede continuar financiando moratorias intermitentes, regímenes especiales sin justificación y estructuras que castigan a quienes aportan regularmente mientras premian prácticas corporativas, excepciones históricas y distorsiones de alto costo. La reforma del sistema previsional no debe leerse como un capítulo técnico dentro del debate económico. Es, más bien, el núcleo del futuro argentino. Su sostenibilidad condiciona la estabilidad macroeconómica, la solvencia del Estado y la posibilidad misma de reconstruir un sendero de desarrollo duradero. Ads Ordenar, modernizar y sincerar el sistema no es una opción ideológica: es una necesidad estructural. Cuanto más se demore, más profunda será la crisis y más costosa la salida. Resolver el laberinto previsional no es solo una obligación fiscal; es, sobre todo, una responsabilidad política y moral con las generaciones presentes y futuras.
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