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Diamante » Neonetmusic
Fecha: 28/11/2025 22:51
Por estos días, la discusión educativa en la Argentina vuelve a ocupar titulares. El Gobierno propone revisar la Ley 26.206, avanzando hacia una nueva normativa que otorgue mayor protagonismo a las familias y a las instituciones privadas, mientras el Estado sería relegado a un rol subsidiario. Es tentador tomar una posición clara y rápida. Pero en educación, lo urgente no debe desplazar a lo importante: antes de definir si una nueva ley es indispensable, vale la pena evaluar con honestidad qué funcionó —y qué no— de la ley vigente. La 26.206 se propuso algo ambicioso y valioso: garantizar que el derecho a la educación fuera real en todo el territorio nacional. Aspiraba a un sistema más amplio, inclusivo y equitativo, con calidad democráticamente distribuida. Dos décadas después, algo está claro: el acceso se amplió; la igualdad, no lo hizo con el mismo vigor. Hoy, el sistema cuenta con un nivel de matrícula sustancialmente mayor que hace veinte años: más estudiantes, más modalidades, más obligatoriedad. Eso debe reconocerse. El país logró que entrar a la escuela sea mucho más probable. Pero ese logro cuantitativo no siempre se traduce en aprendizajes profundos, trayectorias completas o igualdad real de oportunidades. Las brechas provinciales, socioeconómicas y de resultados se mantienen; la terminalidad secundaria sigue siendo desigual; los niveles de comprensión y rendimiento no son homogéneos. Entonces: ¿es necesaria una nueva ley? Tal vez. Pero la respuesta no debería provenir de consignas ideológicas, sino de un diagnóstico serio. Las leyes educativas no son gestos fundacionales que borran el pasado: son herramientas perfectibles que deben construirse sobre lo ya conquistado. Derribar lo anterior sería tan temerario como negar su necesidad de reforma por temor al cambio. Si la Argentina decide avanzar hacia un nuevo marco legal, convendría que lo haga combinando dos principios difíciles, pero compatibles: libertad de elección educativa y garantía de igualdad de oportunidades. Un sistema que promueva la innovación, la diversidad y la libertad no puede, a su vez, renunciar a su deber de asegurar que ningún niño o joven quede excluido por su origen o contexto. Si en nombre de la libertad educativa se consagra la desigualdad estructural, la sociedad pierde. Si en nombre de la igualdad se impone un modelo estatista y rígido, la escuela pierde pluralidad. El peor escenario sería repetir el ciclo de siempre: una ley concebida en función de la coyuntura política, defendida por unos, temida por otros, y modificada con cada cambio de gobierno. La educación argentina necesita políticas de Estado, no programas de campaña. Ninguna mejora profunda ocurrirá sin consensos sostenidos, financiamiento consistente, evaluación rigurosa, formación docente permanente y un compromiso real con los estudiantes. La discusión, entonces, merece tiempo, datos y sentido común. Ninguna ley podrá cumplir su cometido si se la adopta como símbolo. Pero un estatuto claro, pensado para equilibrar libertades individuales y derechos colectivos, con reglas estables y sistemas de equidad, podría acercar a la escuela al ideal que la Constitución y la sociedad aspiran: un sistema educativo más libre, y al mismo tiempo, más justo. Nota de opinión de Nicolás Loza Noticia vista: 62
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