28/11/2025 05:32
28/11/2025 05:32
28/11/2025 05:31
28/11/2025 05:31
28/11/2025 05:31
28/11/2025 05:31
28/11/2025 05:30
28/11/2025 05:30
28/11/2025 05:29
28/11/2025 05:26
Rio Negro » Adn Rio Negro
Fecha: 28/11/2025 04:29
(ADN).- La reforma laboral que impulsa el Gobierno chocó con algunos obstáculos impensados. Desde el año pasado Federico Sturzenegger impulsa sin éxito la aplicación de un fondo de despidos. Para hacerlo más digerible, Luis Caputo le sumó semanas atrás una zanahoria: la rebaja de las cargas sociales a las empresas que creen nuevos empleos. Pero los grandes empresarios volvieron a rechazarlo. «El fondo de cese no le cierra a la industria, al comercio, a los bancos ni a la sociedad rural, no le cierra a nadie», dijo al diario Clarín una fuente cercana al Grupo de los Seis (G6), el espacio que nuclea a las principales cámaras empresarios del país, como la UIA, la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural. Si bien el G6 no hizo pública una posición colectiva, algunos de sus miembros manifestaron en reuniones recientes con las autoridades su disconformidad con el mecanismo aprobado el año pasado en la Ley Bases. El cambio apuntaba a eliminar las indemnizaciones por despido regidas por ley, reemplazándolas por el aporte exclusivo del empleador en forma mensual, acordado con el gremio por convenio colectivo. Dentro del grupo de empresarios señalan que la medida va en contra del espíritu de la reforma del gobierno de reducir los costos laborales. El principal argumento es que el fondo sirve para actividades con alta rotación de personal, como la construcción, donde las empresas depositan la indemnización todos los meses a nombre del trabajador con un ajuste que sigue el costo de la construcción y la inflación. El sistema rige, que hoy para los obreros con salario jornalizado bajo el convenio de la UOCRA, comenzó a ser evaluado por el gremio de empleados de la construcción (UECARA). Pero las propias empresas lo frenaron en seco. Es que, de extender el régimen a la parte administrativa, los empleadores deberían pagar el primer año el 12% de todas las indemnizaciones en forma anticipada y el segundo, el 8% del total. Aunque el esquema no contempla ni un piso ni una pauta -a diferencia de la indemnización por ley- prevé el pago de la contribución mensual para el fondo en los casos de renuncias y jubilaciones. «Yo no voy a depositar el 100% de la masa salarial para indemnizar solo al 10%, no tiene sentido pagar por gente que no voy a echar nunca, te encarece mucho el costo laboral», dijo un empresario de la construcción. La industria, capitaneada por el grupo Techint, es uno de los principales antagonistas del fondo de Sturzenegger y Caputo. La última innovación del ministro de Economía fue sumar una baja de hasta 8 puntos si los empresarios incorporan el mecanismo. Pero en la UIA reconocen que «no lo quieren». «¿De qué me sirve un cambio de figuritas? En los años 90 bajaron las cargas con el IVA y después subió al 21%», advirtieron. Ese no sería el único inconveniente. El Gobierno tuvo que suspender la semana pasada la reunión del Consejo de Mayo. Hubo enojo por las filtraciones de borradores que circulan entre sindicalistas, empresarios y legisladores. Las últimas versiones incluyen un tope a las indemnizaciones por ley. Los miembros firmaron un pacto de confidencialidad, pero el Ejecutivo no pudo sostener el hermetismo total. El documento de 60 hojas al que accedió Clarín encendió las alarmas en el sector financiero. El artículo 124 establece que las remuneraciones deberán pagarse en entidades bancarias, instituciones de ahorro oficial o en «otras categorías de entidades» que el gobierno considere apta. Los bancos ven un nuevo beneficio a las plataformas, como Mercado Pago. «Esto va a impactar en las tasas y los créditos», advirtió un banquero. Pese a los cortocircuitos, los empresarios ven con buenos ojos otros cambios, como la eliminación de la ultractividad (por la cual los convenios colectivos hoy tienen vigencia en continuado, sin necesidad de ratificación), los convenios por empresa, la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas y quita de las horas extras (banco de horas) y los salarios por productividad con la posibilidad de recortes (salarios dinámicos). El Gobierno viene manteniendo contactos con la CGT a través del Consejo de Mayo, pero también de manera informal con algunos dirigentes. Dentro de la central, aseguran que fuera del consejo hay «diálogo cero» y que hasta que no haya un papel oficial no van a marcar posición. No obstante, sostienen que rechazan los cambios filtrados. «Son todos los que estaban en el DNU», dijeron cerca de un pope.
Ver noticia original