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Parana » AIM Digital
Fecha: 28/11/2025 03:10
La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción a la declaración de impacto ambiental para el proyecto de cobre San Jorge y una segunda etapa del Malargüe Distrito Minero. Lo hizo con una manifestación fuera del recinto en defensa del agua y de la vigente Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas, y con un escándalo por la censura de un documento del Conicet provincial que desautorizaba los estudios presentados por las mineras. Mendoza ha sido escenario de una ofensiva sistemática para habilitar la megaminería metalífera en su territorio, a pesar de la firme resistencia social y la existencia de la Ley 7722, que desde 2007 prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el ácido sulfúrico en la actividad extractiva. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la creación de un Fondo de Compensación Ambiental, una Ley de Regalías Mineras —de solo el tres por ciento para la provincia— y las declaraciones de Impacto Ambiental para 27 proyectos de exploración en Malargüe Distrito Minero Occidental II y el Proyecto San Jorge —rechazado en 2011 y renombrado como PSJ Cobre Mendocino— todo indica que el gobernador Alfredo Cornejo —amplio ganador de las legislativas de octubre pasado— logrará instalar la megaminería en la provincia. Esto a pesar de que desde la ciencia advirtieron las falencias de los estudios presentados por las mineras y como consecuencia se censuró el documento del Conicet-Mendoza. ¿De dónde venimos y qué escenario tenemos por delante? La 7722 de pie frente a Cornejo Los años pasan para todos. Mendoza no está aislada del amplio proceso globalizador que ha modificado la fisonomía del agro local: desde la década de 1990. Grandes corporaciones productivas abocadas al comercio de papa, tomate, al trabajo ganadero, la vitivinicultura y la expansión inmobiliaria, colocaron al recurso acuífero como el mayor trofeo en la carrera por acumular ganancias. Si algo faltaba, ahora, la megaminería se consolida como la amenaza más gravitante para el acceso al agua de los y las mendocinas. En 2007, a partir del reclamo persistente de organizaciones de General Alvear, el Valle de Uco y el Gran Mendoza, que alertaban sobre los riesgos de la inminente expansión de la megaminería metalífera, la ley 7722 se coló en la política provincial. En un escenario de prolongada crisis hídrica, con el impulso de movimientos ambientalistas —sobre todo las Asambleas por el Agua— y el acompañamiento de algunos sectores políticos y científicos, el 20 de junio de 2007 se aprobó la Ley 7722, popularmente conocida como la “Guardiana del Agua”. En años de apatía política y un largo derrotero de apropiación tierra arriba, la ley ha cumplido sus objetivos de resguardar el agua, en una provincia árida como Mendoza, y restringir las posibilidades extractivas en un contexto de fuerte avance territorial a lo largo y ancho del país. Sin embargo, el intento por modificar la legislación, por parte del gobernador radical Rodolfo Suárez (2019-2023) marcó un hito en la historia reciente de las luchas socioambientales, a la vez que reordenó el mapa político provincial: mientras las dirigencias radicales y peronistas avalaban la reforma, desde abajo emergió una movilización multitudinaria que ocupó caminos rurales y avenidas urbanas, entrecruzando identidades políticas y rompiendo la habitual calma mendocina. Desde entonces, el crecimiento en la capilaridad del poder provincial por parte del gobernador Alfredo Cornejo se ha hecho inabarcable: la incidencia del mandatario sobre el Poder Judicial y los órganos de contralor provincial, sumados a la presión empresarial, han ido confeccionando un desenlace favorable a la gran minería a nivel provincial. La Unión Cívica Radical, que mantuvo un rol opositor en años en los que el peronismo intentaba aprobar este tipo de proyectos, asumió la tarea de facilitar el ingreso a las grandes corporaciones mineras. En ese camino, tanto el Proyecto San Jorge, como el denominado Malargüe Distrito Minero Occidental han sido las perlas de una estrategia comunicativa eficiente. El agua de Mendoza bajo la amenaza de mineras y políticos Antonio Gramsci, desde las cárceles fascistas, advertía que llega un momento en que los partidos dejan de representar a los grupos sociales que dicen encarnar. Eso fue precisamente lo que ocurrió cuando Suárez envió la reforma, el peronismo la acompañó inicialmente y solo retrocedió ante la irrupción de una histórica protesta en defensa de la 7722. La derogación terminó siendo resultado directo de una fractura de representación contenida únicamente por la defensa del agua. Lo llamativo de estos momentos es que propician reacomodamientos “por arriba” y, simultáneamente, procesos de reinvención social “por abajo”. En Mendoza, la alianza explícita entre el radicalismo, el gobierno nacional y el fuerte lobby minero dieron impulso a un nuevo marco de flexibilizaciones a favor de las empresas mineras. Con una cancha inclinada por la cantidad de bancas con las que cuenta el oficialismo en las cámaras de Diputados y Senadores, el bloque Cambia Mendoza —que responde al gobernador Cornejo— logró el respaldo legislativo a la iniciativa minera en Uspallata. El gobernador Cornejo y la vice Hebe Casado afirmaron que la declaración de impacto ambiental (DIA) para la exploración del proyecto minero San Jorge es "clave para la transición energética y para ampliar la matriz productiva". Afuera, un gran número de manifestantes negaron el consenso a ese relato de colores. La apuesta oficial aprobada contempló, para matizar, una nueva Ley de Regalías Mineras, hasta la propuesta de un Fondo de Compensación Ambiental. Las regalías aprobadas quedan fijas en el 3 por ciento, un canon mínimo que el resto de las provincias mineras recibe desde 1990, una cifra más leonino que la condicionada por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que para ser aprobado en el Congreso en junio pasado tuvo que habilitar a las provincias a aumentar las regalías al 5 por ciento. En tanto, el Fondo de Compensación Ambiental es un instrumento que bajo el pretexto del resguardo ecológico, opera como un salvataje del Estado hacia los privados, tal como lo expuso el gobernador Cornejo: “Incluso cuando el responsable no pueda ser identificado o sea insolvente, el Estado provincial contará con recursos para actuar de inmediato”. La cosa no termina allí, la votación de este miércoles además incluyó 27 proyectos que ampliaron Malargüe Distrito Minero Occidental (Mdmo), dando vía libre a un protocolo para actuar en ambientes periglaciares, ratificando la intención anunciada por el presidente Javier Milei de de avanzar sobre estas reservas de aguas. En el discurso que dio en Corrientes, otra provincia radical cercana a la Casa Rosada, para anticipar el envío de un proyecto que modifica la Ley de Glaciares, Milei confesó: "La idea ni siquiera es mía, la idea original es del gobernador de Mendoza. Y me parece que mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar". El próximo paso será el Senado mendocino. En caso de que ratifique la Declaración de Impacto Ambiental, el contenido de este paquete de proyectos que buscan cobre se pondrá en marcha. Entre la acumulación de agua para la producción agropecuaria y la vida de la población y un yacimiento minero, la Legislatura entiende que debe priorizarse el emprendimiento extractivo. Con 71 proyectos y 87 propiedades bajo evaluación técnica, el imperio minero de Mendoza va acomodando ladrillo por ladrillo. A eso acudió el ingreso del expediente de DIA del proyecto PSJ Cobre Mendocino aprobado ayer. Las seis mil páginas y múltiples evaluaciones técnicas que se proponen como criterio de autoridad, no consiguen matizar una realidad irrefutable: en una provincia donde solo el 3 por ciento de la superficie cuenta con derechos de riego y en un contexto de crisis climática irreversible, este conflicto podría convertirse en la puerta de entrada para rediscutir la indulgencia del sistema político provincial. Sucede que luego de años de estancamiento económico a nivel provincial, en los que la promesa de desarrollo que el cornejismo promete, desde 2016, no llega. Si la caída del 13 por ciento en ingresos brutos y el derrumbe de las regalías petroleras, explican el apelo a la megaminería, la expectativa que deposita el gobierno en estas concesiones operan como un reloj de arena en su contra. Las voces de las organizaciones por el agua Hace calor, casi 37 grados a la sombra. Desde las 9, las Asambleas por el Agua de Mendoza —ese invertebrado de pequeñas organizaciones vecinales/territoriales que actúan como antídoto popular cada vez que se estrujan las discusiones por el agua en la provincia— han convocado a la Legislatura. Un número masivo de mendocinos y mendocinas, del que no hablan la radio ni la televisión comercial, se agolpan con una consigna sólida como ese bien: "El agua no se negocia". Sobre el relieve de ese pueblo gritando, se agiganta la figura de Marcelo Giraud. Es que, en momentos de movilidad colectiva, los cuerpos necesitan razones. El cálculo preciso de las fisuras en esos informes, de lo que se oculta detrás del bombardeo mediático, necesita de miles de lectores haciendo punta en comprender lo que esto significa para las comunidades locales. A la falta de respuesta en el expediente del Proyecto San Jorge, sobre todo a las decenas de objeciones técnicas presentadas (hidrología, geología, periglaciares, riesgos sísmicos, impacto social, entre otras), Giraud suma la cuestión del empleo prometido. Las cifras declaradas, tanto para construcción, como operación, son ostensiblemente menores que las defendidas públicamente. Sin contar en ello, que las regalías comprometidas con la provincia serían mínimas frente al beneficio neto que la empresa obtendría. Sucede que tanto el PSJ, como estas nuevas concesiones en el sur provincial no cumplirían con los requisitos básicos de la 7722. En especial lo relativo a la ley 26.639, que protege glaciares y zonas periglaciares, fundamentales para las reservas de agua y el nacimiento de los ríos en el país. Algo similar señaló el Diputado Jose Luis Ramón quien junto a otros tres legisladores presentaron un despacho en minoría y votaron en contra junto con los legisladores del Interbloque del Partido Justicialista, que sí aprobaron los 27 proyectos para Mdmo. Julieta Lavarello, abogada de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza y la Asamblea por el Valle de Uspallata, desde lo legal alerta sobre la situación actual: “El avance legislativo de la minería metalífera a cielo abierto, tiene al Proyecto San Jorge como el más visible, porque es el que más se ha intentado aprobar con las mismas falencias técnicas, pero no es el único. Tanto la Ley General del Ambiente de Mendoza, como el artículo 41 de la Constitución Nacional nos dan derecho a vivir en un ambiente sano”. Según Julieta esta votación no solo transgrede aspectos constitucionales de primer orden, sino que infringen los principios ambientales de la Ley General de Ambiente, respecto de los principios preventivo y precautorio. El problema para ella excede lo ambiental, se trata de un problema social e institucional. Diego Montón, referente de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza y el Movimiento Nacional Campesino Indígena- Somos Tierra, avanza sobre este último aspecto: “Lo ambiental precautorio es fundamental, pero nos preocupa además que acá no hay plan de desarrollo, no se discute la capitalización social de estas actividades, mas allá de un abstracto 3 por ciento". Y agrega: "Preocupa la situación de las comunidades locales, no hay discusión acerca de la participación concreta y finalmente, es vital el tema de la calidad institucional para controlar una empresa multinacional, por eso estamos manifestando nuestra oposición". La provincialización de esta gesta minera apunta a una liberalización que beneficia además de negocios inmobiliarios, a una profundización de la crisis para las familias campesinas e indígenas de Mendoza. La defensa del agua en Mendoza ya no se juega solo en las plazas de la capital, sino en la árida y vasta geografía del sur, donde comunidades campesinas, asambleas y trabajadores rurales resisten el último eslabón de un modelo extractivo que quiere expandirse, cueste lo que cueste. Censura en el Conicet, negacionismos y lo que viene El avance de los proyectos mineros en la provincia se ha instalado con fuerza. Ha sido tan vehemente por parte de las autoridades provinciales y nacionales que las escazas voces institucionales por fuera de los movimientos socioambientales, ha tendido a evaporarse en el debate público. Sin embargo, lo de ayer terminó de consolidar algo que vemos desde hace un tiempo: la imposibilidad de intervención política en los debates sociales que la ciencia y la técnica vienen teniendo en la provincia. Conocido el documento emitido por el Conicet Mendoza, en el que las y los investigadores advierten sobre potenciales riesgos sobre la biodiversidad, bienes arqueológicos no renovables y los efectos sobre las comunidades Huarpe. Además de cuestionar la falta de estudios integrales independientes y de lineamientos claros para evaluar un impacto de semejante magnitud, en el transcurso de la mañana el texto fue borrado de la página oficial del organismo. Frente al hecho de censura, la Asamblea de Trabajadorxs de Conicet Mendoza expresó su "máxima preocupación" por la baja de un comunicado institucional sobre el Proyecto San Jorge y subrayaron: "Este escrito fue producto de trabajo de investigación riguroso realizado por investigadores de nuestra institución. Sin explicaciones, el mismo fue removido de la web oficial del organismo horas después de su publicación". A poco tiempo del desconocimiento del pueblo Mapuche y la subestimación de la producción científica local, estos movimiento sincronizados solo dejan algo en claro: el saber y las identidades no tienen boleto para este viaje al progreso. ¿Se trata de una apuesta a la megaminería para diversificar la economía y generar empleo en el corto plazo —pagando los costos sociales y ambientales— o bien discutir la estructura productiva de fondo, la desigual distribución del agua y las reales capacidades del Estado provincial para mejorar la situación social? Lo cierto es que, en tiempos de desafección social y ambiental, la minería aparece como la solución rápida; la reforma estructural, como un horizonte lejano.
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