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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 27/11/2025 14:43
Solo podrán comercializarse en el mercado europeo productos como carne vacuna, soja, cacao, café, aceite de palma, caucho y madera si se garantiza que están libres de deforestación y degradación forestal. REUTERS/Yves Herman/Archivo La reciente decisión del Parlamento Europeo de extender el plazo para la entrada en vigor de la normativa 1115/2023 generó malestar en la Sociedad Rural Argentina (SRA), que reclama una revisión de los criterios y exigencias impuestos por la Unión Europea (UE) a los productos agrícolas y forestales. La normativa, adoptada el 31 de mayo de 2023 y vigente desde el 29 de junio de ese año, establece que solo podrán comercializarse en el mercado europeo productos como carne vacuna, soja, cacao, café, aceite de palma, caucho y madera si se garantiza que están libres de deforestación y degradación forestal. Además, exige que estos productos hayan sido elaborados conforme a la legislación del país de origen y cuenten con una declaración de diligencia debida. Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural En respuesta a la prórroga, la Sociedad Rural Argentina manifestó que resulta imprescindible que la UE reconsidere el alcance de la normativa, permitiendo que cada nación gestione sus recursos naturales como lo ha hecho históricamente. La entidad también solicitó una revisión de las categorías de riesgo asignadas, recordando que Argentina fue clasificada como país de “Riesgo Bajo” y, por tanto, solo debería estar obligada a combatir la deforestación ilegal. La SRA fue enfática al señalar que la obligación de diligencia debida debería eliminarse del reglamento, advirtiendo que su mantenimiento provocará sobrecostos en las cadenas de abastecimiento, lo que derivará en un aumento de precios para los consumidores europeos y contribuirá a la inflación de los alimentos. En palabras de la entidad: “Debe ser eliminada la obligación de ‘Diligencia Debida’ como requisito, ya que de lo contrario esto conlleva a las cadenas de abastecimiento a tener sobrecostos que indefectiblemente llevarán a aumento de precios a los consumidores europeos y generarán inflación en alimentos”. La SRA fue enfática al señalar que la obligación de diligencia debida debería eliminarse del reglamento También, subrayó los esfuerzos realizados para demostrar la capacidad de Argentina de cumplir con todas las exigencias, aunque insistió en la necesidad de que la implementación sea transparente y sencilla. Según la SRA, “las dilaciones y falta de certidumbre no ayudan al comercio y a las relaciones institucionales entre la Unión Europea y la Argentina”. El Parlamento Europeo, por su parte, justificó la prórroga señalando que los cambios introducidos buscan simplificar los requisitos y “facilitar la aplicación de la normativa europea de deforestación a las empresas, los actores globales, a los Estados miembros y a países terceros”, según el comunicado oficial. El texto aprobado recibió 402 votos a favor, 250 en contra y 8 abstenciones, y otorga a las empresas un año adicional para adaptarse a las nuevas reglas. De acuerdo con el nuevo calendario, los grandes operadores y comerciantes deberán cumplir con las obligaciones de la legislación a partir del 30 de diciembre de 2026, mientras que las empresas más pequeñas —aquellas con menos de cincuenta empleados y una facturación anual inferior a diez millones de euros— tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2027. La firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que lleva más de 20 años negociándose, podría concretarse en menos de un mes (Imagen Ilustrativa Infobae) El Parlamento explicó que “los nuevos plazos tratan de garantizar una adaptación fluida y el refuerzo del sistema informático que los operadores, comerciantes y sus representantes utilizan para realizar declaraciones de diligencia debida electrónicas”. En paralelo, la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que lleva más de 20 años negociándose, podría concretarse en menos de un mes. El principal promotor de que la rúbrica se realice antes de que finalice el año es el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien inicialmente buscaba que se firmara el mismo día en que se celebraría la cumbre de jefes de Estado del Mercosur —bloque del cual es presidente pro tempore— en Foz de Iguazú. El acuerdo contempla la eliminación de aranceles sobre el 90% del comercio bilateral y prevé plazos de desgravación más amplios que los concedidos a otros socios de la UE. Sus beneficios impulsarían las exportaciones de los sectores agroindustriales, energéticos y mineros del Mercosur, mientras que la UE obtendría seguridad de abastecimiento de alimentos, energía y minerales críticos, además de una mayor presencia en América Latina. Fuentes europeas estimaron que la región sumará exportaciones por unos USD 10.000 millones por año, mientras que las exportaciones europeas aumentarían en casi USD 60.000 millones. Todavía persisten tensiones, entre ellas la preocupación de algunos sectores europeos por el impacto ambiental de las exportaciones regionales. De concretarse, la implementación del acuerdo facilitará la reducción de aranceles, la apertura de mercados y la mejora de la cooperación económica entre ambas regiones.
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