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Parana » Plazaweb
Fecha: 27/11/2025 09:13
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia publicó un informe que vuelve a exponer la crudeza de la problemática en Entre Ríos: de enero a octubre de este año se radicaron 10.868 expedientes por violencia de género, un promedio de 1.086 por mes, lo que implica una denuncia cada 40 minutos. El 88,7% de las víctimas son mujeres o niñas. Pero detrás de estas cifras, hay un camino que quienes denuncian deben transitar casi en soledad. “La violencia de género no se aborda de manera adecuada desde la primera instancia: la toma de denuncias”, afirmó la abogada feminista Florencia Rojo, especialista en acompañamiento a víctimas, en Cosas que Pasan por Radio Plaza. La denuncia: el primer obstáculo Según el informe del STJ, más del 80% de las denuncias se realizan en comisarías, un ámbito que, lejos de facilitar el acceso a la justicia, suele convertirse en una barrera. Rojo explicó que la policía “sigue sin hacer bien su trabajo”: desalienta a las mujeres antes de denunciar, registra los hechos de forma imprecisa y, en muchos casos, decide por cuenta propia si envía o no el expediente al Poder Judicial. “Esto lo noto más fuerte desde hace dos años, y no es casualidad”, advirtió. El retraso en las notificaciones es otro problema crítico. La abogada relató un caso reciente en Colón: una mujer denunció violencia física contra ella y sus hijos menores. El juzgado dictó medidas de protección, pero la policía tardó dos días en notificarlas al agresor, quien permanecía en su casa. “En ese lapso los podía haber matado. Es inadmisible en 2025”, cuestionó. Un sistema judicial saturado y sin recursos Aun cuando la denuncia llega a tribunales, la respuesta estatal enfrenta un límite estructural: la falta de personal y presupuesto. Rojo describió la situación en los juzgados de Familia: “Adentro trabajan unas quince personas, con suerte. No hay horas del día que alcancen para todo el trabajo que deben hacer. Son empleados agotados, poniendo compromiso, pero sin acompañamiento estatal”. Según la abogada, el colapso interno del Poder Judicial —especialmente en las áreas que reciben al público y equipos técnicos— genera demoras que ponen en riesgo la vida de las denunciantes. “Es una rueda del hámster. Quienes están adentro no dan abasto y quienes están afuera esperan medidas urgentes que no llegan”.
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