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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 26/11/2025 21:03
Las cinco mujeres detenidas en Chacabuco por juego clandestino Cinco mujeres de entre 24 y 44 años fueron detenidas en las últimas horas durante una serie de allanamientos realizados en la ciudad bonaerense de Chacabuco. Están acusadas de integrar una red de juego clandestino. De acuerdo con fuentes oficiales, la causa comenzó el mes pasado tras una denuncia vinculada a apuestas y créditos ilegales organizados a través de perfiles, estados de WhatsApp y redes sociales, donde distintas personas promocionaban casas de apuestas y casinos online sin habilitación. Bajo la supervisión de la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de Chacabuco, agentes de la DDI Junín comenzaron a inspeccionar los canales sociales y a recopilar material publicitario. Así, las autoridades llegaron a identificar los roles de las personas involucradas. Uno de los banners difundidos por las acusadas Con las órdenes de allanamiento para siete domicilios, este miércoles fueron a buscar y arrestar a las sospechosas, identificadas como V.J. (44 años), V.D.S. (36), N.A. (34), C.C. (39) y L.D.A. (24). Durante los operativos, además, incautaron seis celulares, dos notebooks y una CPU. Según los registros oficiales, solo algunas de las detenidas tuvieron empleos en blanco anteriores, y la mayoría no tuvo más de dos puestos registrados. Tres presentan historial crediticio de riesgo medio y algunas perciben asignación universal por hijo. Hay monotributistas en el grupo. En las redes algunas de las sospechosas se presentan como “cajeras” o solicitan personas para ese rol Las publicaciones en Facebook o Instagram muestran que no llevan una vida de lujo: algunas también se dedican a promocionar emprendimientos de venta de comida o ropa, y una de ellas organizó recientemente una rifa para juntar dinero para el viaje de su hija a una competencia. En los perfiles algunas de las sospechosas se presentan como “cajeras” o se difundieron banners donde solicitaban personas para ese rol. Según las autoridades, estos son intermediarios involucrados en el circuito de apuestas clandestinas: recolectan el dinero de los jugadores, gestionan las transacciones y funcionan como el primer eslabón visible ante los apostadores. Las detenidas están acusadas de infracción al artículo 301 bis del Código Penal El mes pasado hubo otra investigación que terminó en una serie de allanamientos y la detención de Matías Garcilazo, un empleado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria acusado de liderar una red de juego clandestino promocionado en redes sociales y en transmisiones en vivo. En ese expediente, el sistema de “cajeros” también apareció en el modus operandi, y buena parte de la recaudación, según la justicia, provenía de menores de edad. Un fiscal en alerta En agosto, fiscal Juan Rozas, que encabeza la unidad judicial para investigar este tipo de delitos vinculados al juego ilegal, advirtió que se estimaba la existencia de más de 100 sitios de apuestas ilegales y relató el cierre de casi 400 plataformas en el último año. “Hemos recibido denuncias de chicos que, tras perder grandes sumas de dinero, desarrollaron problemas de salud mental y debieron ser internados en centros de rehabilitación”, explicó el funcionario judicial sobre la gravedad de la situación. Uno de los episodios que dio mayor visibilidad a la problemática este año fue el caso de 16 influencers que promocionaron casas de apuestas no autorizadas. Celebridades como Elián Valenzuela (L-Gante), Wanda Nara, Ezequiel Iván Cwirkaluk (El Polaco) y ex participantes de Gran Hermano, entre otros, estuvieron involucrados en la difusión del juego ilegal desde las redes sociales y tuvieron que alcanzar con la fiscalía un acuerdo reparatorio. Ese beneficio fue otorgado de manera excepcional, siendo la intención de la Justicia exponer esos contenidos en colegios, y en todos los espacios donde puedan generar un impacto preventivo. No obstante, el fiscal aclaró: “Si alguno reincide, no accederá a este beneficio, y enfrentará un proceso penal, porque aquí hay un delito, que es el artículo 301 bis del Código Penal, con penas de 3 a 6 años de prisión”.
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