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Lucas Gonzalez » FMsensacion887
Fecha: 26/11/2025 18:19
17.000 unidades terminadas y sin finalizar del programa de viviendas familiares se subastan al mejor postor para sumar activos a las arcas del Estado. Un sueño lejano. Cerca de 200.000 familias accedieron a su vivienda con el programa. Foto: @Procrear El Gobierno disolvió el fondo que financiaba el programa Procrear y decidió rematar más de 17.000 viviendas sin adjudicar. Por pasos, el Gobierno de Javier Milei fue desarticulando el programa hasta quedarse con las unidades construidas con recursos públicos, que ahora venderá al mejor postor. La decisión se oficializó mediante las resoluciones 396/2025 y 1017-1018/2024 del Ministerio de Economía, que ordenan la liquidación definitiva del Fondo Fiduciario Procrear, creado en 2012 para canalizar créditos hipotecarios y financiar la construcción de barrios en todo el país. «El objetivo es optimizar los activos del Estado», explicaron fuentes oficiales. El programa permitió que más de 200.000 familias accedieran a su primera vivienda mediante créditos blandos o sorteos públicos. Hoy, esa política se transforma en una operación de mercado que prioriza la recaudación sobre la inclusión. Las subastas se realizarán en línea, con precios base determinados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Para participar, los interesados deberán cumplir con exigencias estrictas: domicilio legal y electrónico en el país, situación impositiva y previsional regularizada, declaración jurada sobre origen de fondos y no estar registrados como «personas políticamente expuestas». Existen más de 17.000 viviendas sin adjudicar en distintos desarrollos urbanos de todo el país, de las cuales muchas están inconclusas y otras finalizadas pero cerradas desde hace años. En provincias como Córdoba, Buenos Aires, Mendoza o La Rioja, las viviendas forman parte de desarrollos que demandaron grandes inversiones y generaron empleo local durante su construcción. El Procrear no fue únicamente un plan de crédito, fue una política que combinó empleo, urbanización y movilidad social. En abierta coincidencia con su concepción, el Gobierno en lugar de completar las obras y asignarlas a familias que lo necesitan y aún esperan, decidió subastarlas. De norte a sur. El programa se desarrolló en todo el territorio nacional durante más de una década. Foto: @Procrear Déficit habitacional Según estimaciones del Indec y organizaciones del sector, más de 3,5 millones de hogares enfrentan algún tipo de déficit habitacional. El aumento sostenido de los alquileres, la caída del poder adquisitivo y la falta de políticas de vivienda a largo plazo empujaron a miles de familias a soluciones informales. Se calcula que una de cada cuatro personas vive en barrios populares o viviendas con algún grado de vulnerabilidad estructural. El último censo nacional mostró que más del 40% de los hogares no tiene acceso a servicios básicos como cloacas o gas natural. Aunque hubo varios programas para dar una solución a las familias, como Procrear, Casa Propia y el Plan Nacional de Suelo Urbano, los resultados se mostraron insuficientes frente a la magnitud del problema. El contexto inflacionario, la falta de crédito hipotecario accesible y la informalidad laboral dificultan la posibilidad de acceder a una vivienda digna. De todos modos, el hecho de disolver el fideicomiso del Procrear implica también eliminar los mecanismos financieros que permitían otorgar créditos hipotecarios con tasas accesibles. El fondo fue desactivado oficialmente y sus activos transferidos a la órbita del Tesoro. En adelante, la política de vivienda quedará «delegada en provincias, municipios y en el sector privado». Respecto al destino o uso de los fondos que se obtengan de las subastas, el Gobierno no dio ningún tipo de precisiones. La pregunta que queda en el aire es si se destinarán a nuevos planes de vivienda o ingresarán al Tesoro para financiar otras áreas del ajuste. La política de vivienda social, tradicionalmente considerada como una función esencial del Estado –para garantizar condiciones mínimas de acceso y equidad– aquí se reduce a una operación financiera de liquidación de activos. Personas de bajos o medios ingresos que accedieron a procesos anteriores de Procrear podrían ahora no calificar para acceder a estas subastas. La eliminación del programa y la decisión de rematar las viviendas constituyen una ruptura clara con el modelo de vivienda social que predominó en los últimos 20 años en el país. Lo que nació como un programa público que buscaba asegurar el acceso a la vivienda quedó transformado en una operación de mercado. En un contexto de alta inflación, precariedad laboral y déficit habitacional, esta medida parece llegar en el peor momento. Sin políticas activas de inclusión, sin créditos blandos, sin obra pública que genere empleo y permita a familias con bajos ingresos acceder a una vivienda digna, el sueño de la casa propia se convierte en una quimera.
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