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Gualeguaychu » Nova Comunicaciones
Fecha: 24/11/2025 19:17
Otra vez el mismo libreto: conferencia de prensa, partes oficiales, fotos de grupos especiales, “operativo simultáneo de alto impacto”, “precisión”, “alto grado de coordinación” y toda la pirotecnia verbal para que parezca que en Entre Ríos se le está ganando la guerra a la droga. La escena esta vez fue San José de Feliciano: siete allanamientos en cadena, 24 personas identificadas, una detenida señalada como “líder de la organización” y un inventario que, leído sin la épica policial, da más a feria americana que a cartel de Sinaloa: 60 gramos de cocaína, 133 gramos de marihuana, 14 celulares, una balanza de mano, una pistolita de aire comprimido adaptada, cartuchería, algunos electrónicos y 202.700 pesos en efectivo entre todos los domicilios. Éxito total, anotan en la planilla. Solo que, como suele pasar bajo la política criminal de Jorge Amílcar García, la parte que importa no entra en el parte de prensa: uno de los detenidos apareció muerto, colgado de un trapo, en una celda de la Jefatura Departamental de Feliciano. Tenía 25 años y había sido detenido horas antes en esos allanamientos por narcomenudeo. Ahí termina la narrativa de “operativo exitoso” y empieza lo que nadie quiere contar: el costo humano de un Ministerio Público que hace rato confundió “perseguir delito” con sostener un show punitivo permanente. García es Procurador General desde 2007. En serio: desde 2007. Cursos presidenciales completos, ciclos políticos enteros, generaciones de fiscales, defensores y jueces pasaron; él sigue ahí, inamovible, más parecido a un cargo vitalicio que a un funcionario de una democracia constitucional. Cuando le quisieron abrir un jury por mal desempeño, el sistema se acomodó para blindarlo: mayoría del Jurado de Enjuiciamiento diciendo que a él no se lo juzga como a cualquier otro funcionario judicial, que lo suyo es “juicio político” en la Legislatura… esa Legislatura que, casualmente, jamás avanza un centímetro. Una puerta de salida elegante para asegurarse que al Procurador eterno no lo toque nadie. Mientras tanto, adentro del sistema, su poder creció sobre dos patas: Una máquina de fiscales suplentes, auxiliares, “de refuerzo”, precarizados institucionalmente y disciplinados políticamente. El mensaje es clarito: el que incomoda, vuela; el que obedece, asciende. Una política criminal de cartón pintado, que llena estadísticas con causas de narcomenudeo y sensibles de ocasión, pero le huye como a la peste a las tramas de poder donde se mezclan política, negocios, policía y justicia. La ley de narcomenudeo en Entre Ríos es la criatura perfecta para ese modelo: se vende como herramienta contra la droga y termina siendo una aspiradora de pobres, consumidores, perejiles y pequeños vendedores de subsistencia, mientras los que verdaderamente mueven la aguja siguen lavando plata en campos, corralones, inmobiliarias y contratos del Estado. Rosario Romero, primero como ministra de Gobierno y Justicia, hizo de esa ley una bandera de gestión: hablaba de balance “positivo”, de “complementación adecuada” con la Justicia Federal, de Provincial pionera. García, que en 2007 decía que la desfederalización era un problema de infraestructura, terminó cómodo montado sobre esa misma estructura, usando el narcomenudeo como combustible político y policial de bajo costo. El resultado está a la vista: kioscos reventados, barrios militarizados, penales llenos de pibes pobres… y la droga como negocio sigue intacta. El caso Feliciano es casi una clase magistral del “método García”: Primero se monta el operativo ejemplar: siete allanamientos, fuerzas especiales, móviles, fotos y partes oficiales hablando de “importantes secuestros”. Se muestran los objetos incautados como si fueran la bóveda de Escobar, cuando cualquiera que haya pisado un barrio sabe que 200 mil pesos entre 24 personas es la caja chica de cualquier fin de semana, no una estructura criminal sofisticada. Se construye la narrativa del “gran golpe al narcomenudeo”: no importa la calidad ni el contexto, importa la foto. Y cuando el “pilar de la organización” aparece muerto en una celda, ahí sí: silencio, cautela, “respeto a la familia”, nada de cámaras, nada de partes rimbombantes. Un pibe colgado en Jefatura es mala imagen para la gestión. La muerte, en este esquema, es un daño colateral que se tapa con palabras como “autodeterminación”, “angustia”, “contexto personal”, todo lo que haga falta para que el foco no se corra de donde el Procurador lo quiere: en la mística del combate permanente. Y no es un caso perdido en el mapa. En Gualeguay ya se vio la misma lógica: meter preso a un muchacho con retraso mental para encajar la foto del “culpable” mientras la trama de poder de alrededor queda prolijamente a resguardo. Nada de rascar demasiado, no sea cosa que aparezcan vínculos incómodos con la política local, con contratos, con viejas causas que duermen en los estantes correctos. La constante es siempre la misma: la violencia del sistema penal recae sobre el eslabón más débil, el que no tiene abogados caros, ni apellidos pesados, ni medios amigos que le armen la defensa en tapa. Sobre ese se ensaña el Ministerio Público que García conduce desde hace casi dos décadas. Mientras tanto, los expedientes de corrupción y las causas sensibles se dosifican como si fueran remedio caro. Basta ver cómo se manejó el caso de los contratos truchos, cómo se seleccionan los blancos en los expedientes contra intendentes, legisladores y funcionarios; cómo se frenan, se cajonean o se empujan según la coyuntura, el clima político o la conveniencia de la mesa chica. La política de género también es parte del decorado: hay protocolos, folletos, cursos, comunicados del Ministerio Público, pero cuando una mujer llega a la fiscalía con una denuncia, entra a una ruleta rusa donde la suerte depende más de quién sea el denunciado que de lo que diga el Código Penal. Y en ese marco, no es casual que el caso Voney termine siendo un símbolo: una causa en la que el aparato judicial se da el lujo de perseguir a quienes denunciaron irregularidades, de fabricar un relato funcional a los intereses de la corporación, de blindar a fiscales cuestionados y de convertir al denunciante en acusado. Todo, por supuesto, bajo la mirada aprobatoria del Procurador General, que hace años usa su cargo para disciplinar a cualquiera que se anime a desordenar ese cuadro. Un detenido muerto en Feliciano después de un “operativo exitoso”, un pibe con discapacidad preso en Gualeguay para completar la foto, un abogado y su defendido convertidos en enemigos públicos en el caso Voney por animarse a denunciar la podredumbre interna: no son tres historias sueltas. Son la firma de una política criminal fracasada que hace 18 años manda en Entre Ríos. La pregunta ya no es si García es eficiente persiguiendo delitos. La pregunta es cuántas vidas más está dispuesto a sacrificar este sistema para que él siga acumulando poder, sacando comunicados y explicando desde su escritorio por qué siempre el culpable es otro. Fuente informativa: https://lacaldera.com.ar/
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