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La Paz » Politica con vos
Fecha: 24/11/2025 01:25
La mendocina Cartellone, sospechada por corrupción, acaba de ganar una licitación. La causa Cuadernos no sacó del negocio a las compañías involucradas. Por Javier Polvani La licitación de la primera ruta privatizada por el gobierno de Javier Milei fue copada por empresas vinculadas a la causa Cuadernos. El proceso dejó en evidencia la imposibilidad material para cumplir con la demanda de excluir de los procesos públicos a las compañías ligadas a casos de corrupción. El primer contrato del plan privatizador de las rutas se lo adjudicó una empresa del grupo Cartellone. De esta manera, la mayor constructora de Mendoza volvió a lo grande a la arena de los negocios con el Estado no bien Milei abrió una ventana en el cerco que les impuso desde su arribo a la cúspide del poder político del país. No obstante, el impacto de ese dato quedó relegado. La nota saliente del proceso licitatorio que concluyó con la puja entre seis empresas, cinco de las cuales están involucradas en la Causa Cuadernos. En el caso, que tiene a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner bajo la lupa por el cobro de coimas en la obra pública, están involucradas la mayor parte de las empresas que conforman el universo denominado «Patria contratista», en función de la dependencia que tienen sus balances de los contratos con el Estado. La causa Cuadernos, de fondo La gigante mendocina José Cartellone Construcciones Civiles se anotó una victoria notable frente a las grandes del sector al quedarse con la concesión de la denominada ruta del Mercosur, pero la celebración del logro fue empañada por los sucesos que ocurrieron en paralelo en los tribunales de Comodoro Py. Gran parte de la cúpula ejecutiva de la compañía con sede en Mendoza está sentada en el banquillo de los acusados en el juicio por las coimas asentadas en los famosos cuadernos de Centeno. La licitación de las rutas activada por el gobierno alimentó una controversia respecto a la legitimidad de las empresas sospechosas de pagar coimas para quedarse con las concesiones. No obstante, en el proceso de licitación quedó expuesta la dependencia de la obra pública de la denominada patria contratista, compuesta por un minúsculo grupo de compañías gigantes, con capacidad para encarar las grandes obras públicas. Además de Autovía Construcciones y Servicios (Cartellone), se presentó un consorcio formado por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, bajo a marca Red Federal de Concesiones Viales. También la empresa Benito Roggio e Hijos, una de las referentes de la construcción bajo el paraguas del Estado, puja por la concesión del Tramo Oriental, que es el más largo. Por otra parte, ofertaron Panedile Argentina y Rovella Carranza, otro de los contratistas clásicos del mapa vial. El caso testigo en pleno juicio La primera adjudicación fue otorgada a la empresa de origen mendocino en un momento de máxima tensión judicial: en pleno desarrollo del juicio por la causa cuadernos. Esta concesión para la constructora se convierte, de facto, en un caso testigo fundamental para el futuro. El resultado de este contrato y su desarrollo definirán los límites prácticos y éticos que regirán la participación de las empresas involucradas en el expediente de los cuadernos en futuras licitaciones estatales. El principal desafío legal para el grupo Cartellone reside en el hecho de que gran parte de sus principales socios y ejecutivos se encuentran procesados en la causa. La condena efectiva de cualquiera de ellos podría acarrear la pérdida de la concesión recién obtenida, un riesgo latente que ensombrece el negocio. Detalles de la Imputación Judicial El presidente y CEO de José Cartellone Construcciones Civiles S.A. es Alejandro Cartellone, nieto del fundador de la compañía. Ejecutivos de la empresa han sido recientemente procesados por su presunta participación en los delitos investigados en el caso Cuadernos, un expediente que tramita en sede judicial bajo la carátula CFP 13816/2018/TO1 y sus conexos. Durante las audiencias del juicio oral, que se lleva a cabo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 (TOCF 7), el Ministerio Público Fiscal expuso detalladamente el rol que se le atribuye a la constructora. Según la acusación, la empresa habría formado parte de una supuesta estructura sistemática destinada a la recaudación de fondos ilegales que tenían como destino a funcionarios públicos de gobiernos anteriores. La hipótesis central que sostiene la acusación contra los altos mandos de la constructora es su participación en las denominadas “entregas sistemáticas” de dinero a funcionarios nacionales. El propósito de estos pagos habría sido obtener beneficios directos, o bien evitar perjuicios, en relación con las múltiples obras y contratos estatales que la empresa mantenía. Esta conducta es considerada por la Justicia como la configuración del delito de cohecho activo.
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