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» Diario Cordoba
Fecha: 23/11/2025 13:11
—Andalucía es la región que concentra el 20,2% del total de denuncias por violencia de género en España, con una media de 110 denuncias diarias. Durante 2024, Córdoba registró una denuncia cada tres horas. ¿Cuáles son los obstáculos sociales que impiden avanzar en la erradicación de la violencia machista en Córdoba? —El principal obstáculo es el negacionismo que existe actualmente ante la violencia machista. Y, por otro lado, la dificultad que se da en las zonas rurales, donde las mujeres se encuentran más aisladas y solas para denunciar. No podemos mirar solo a las capitales ni siquiera a los pueblos, sino también a las aldeas que colindan con ellos, porque ahí existe un problema mayor para la víctima de violencia de género, que además tiene que trasladarse al juzgado del partido judicial que corresponda, sobre todo si son personas con pocos medios económicos. —En los municipios pequeños, ¿el problema es el acceso a los recursos jurídicos o el aislamiento, que hace que el machismo siga más arraigado? —El acceso a los recursos jurídicos ya no es tanto problema, porque el Instituto de la Mujer tiene delegaciones en muchos pueblos. El problema es el entorno y la dificultad para trasladarse, porque no tienen un juzgado al lado como en Córdoba. En cuanto al machismo, la mentalidad sigue siendo la que es. El entorno rural es mucho más aislante, muy distinto al de la ciudad, y se avanza muy lentamente. Hay proyectos con los administradores de fincas para informar de los mecanismos a seguir para denunciar porque nadie quiere acusar al vecino de al lado por miedo a represalias —La gran mayoría de denuncias las ponen las víctimas. ¿Hay todavía poca implicación de los familiares y de los vecinos? —Pues sí, a pesar de todas las campañas. Supongo que no se están haciendo bien porque no acaban de calar, ya que es la víctima la que al final da el paso. También es cierto que a la mujer no se la puede obligar a denunciar. Existe el Protocolo Cero de los cuerpos y fuerzas de seguridad para supuestos en los que se puede ver peligro, pero no parece que esté dando resultados; yo no he visto ningún caso de ese tipo. Aunque hay avances, como las reacciones de rechazo al maltrato que se ven cuando la gente presencia una agresión, o los pasos que se están dando en las comunidades de vecinos. Hay proyectos con los administradores de fincas para informar de los mecanismos que tienen que emplear, porque nadie quiere acusar al vecino de al lado por miedo a represalias. Para evitar esto, se está creando un programa que garantice el anonimato de la denuncia. Existe un avance en la concienciación, pero hay delitos que tiene que denunciar la víctima porque lo dice el Código Penal. En el Congreso Nacional de la Abogacía, se pidió que se retire ese requisito para ciertos delitos y que exista una mayor implicación proactiva del Estado. —¿Qué delitos requieren que la víctima declare? —El impago de pensiones, por ejemplo. —Pero eso no es violencia de género. —No es violencia de género, pero es esa parte de violencia económica que todavía no está regulada. El problema es que si la víctima no denuncia, no pasa nada. —¿Las víctimas retiran muchas denuncias por miedo o por amenazas? —Lo que existe es un momento en el que muchas no quieren seguir el procedimiento, pero aunque retiren la denuncia, no nos confundamos: el procedimiento sigue adelante. Cualquier víctima de violencia de género, sin tener en cuenta sus recursos, tiene derecho a abogado de oficio —¿Existe un perfil en las usuarias que acuden en Córdoba al turno de oficio? —No, hay mujeres de todo tipo. Cualquier víctima de violencia de género, sin tener en cuenta sus recursos, tiene derecho a abogado de oficio. Atendemos a mujeres de todos los perfiles económicos, sociales y profesionales, empoderadas, con independencia económica o sin recursos. Hay de todo. No hay un perfil de víctima, como no lo hay de agresor: lo que hay son relaciones de dominio. Cada vez hay más víctimas jóvenes porque se está perdiendo el derecho a la intimidad —¿Ha bajado la edad media de las víctimas? —Sí, porque la sociedad en la que se mueven los jóvenes no solo está en la calle, sino en las redes sociales. Entre los jóvenes cada vez hay más víctimas porque se está perdiendo el derecho a la intimidad: las claves de sus dispositivos las tienen todos, y si no me das las claves, te controlo el móvil. Eso lo ven como algo natural y creen que si el novio no intenta controlarlas es que no las quiere. Se están dando pasos hacia atrás. Los adolescentes no tienen formada su personalidad y muchos creen que todo el mundo está contra ellos, empezando por sus padres. Así es difícil que cuenten lo que pasa. Cuando lo hacen, suele ser porque los padres perciben que algo va mal. Ellas lo ocultan porque se sienten culpables del fracaso de su relación. Además, en su entorno esos comportamientos están admitidos: no son conscientes ni ellos ni ellas de lo que es violencia de género. No son adultos y, dentro del grupo, todos hacen lo mismo; funcionan como borregos, como hacemos todos socialmente. Concepción Ortega, vicedecana del Colegio de la Abogacía de Córdoba. / A. J. González —¿Cuál es el detonante que les lleva a denunciar? —Cuando las letradas del servicio de asesoramiento van a los institutos a dar charlas y les explican qué conductas son delictivas se sorprenden. Los jóvenes tardan mucho en denunciar, acuden cuando la violencia es evidente o hay un acoso excesivo o agresiones graves. —En esos casos, van con los padres. —Si son menores, tienen que ir acompañados por el representante legal, salvo que haya algún conflicto. En ese caso, actúa el fiscal o este nombra a un defensor. Hay que poner mecanismos para que los menores no accedan a la pornografía, pero no solo en las familias; el Estado tiene que poner límites, porque lo que mi hijo no ve en casa lo puede ver con un amigo —¿Hasta qué punto las nuevas formas de violencia online y el acceso a la pornografía están amplificando la violencia de género? —Las redes sociales han creado una sociedad virtual que permite al agresor permanecer en el anonimato y además hay mucha gente cree que lo que se dice en TikTok es la verdad. Tenemos que aprender a convivir con las redes y controlarlas porque no van a desaparecer. Hay que poner mecanismos no solo en las familias; el Estado tiene que poner límites, porque lo que mi hijo no ve en casa lo puede ver con un amigo. O se pone un límite estatal y se regula —me da igual que se llame censura— o no podremos impedir el acceso a la pornografía de los menores. Si queremos que no haya agresores jóvenes, hay que impedir que accedan a la pornografía: se están formando viendo vídeos donde las relaciones sexuales son agresivas. Ellos y ellas normalizan esas conductas. Los mensajes que reciben no son adecuados. Hay que controlar la pornografía infantil y la administración tiene que imponer multas para que esto cambie. Ningún menor tiene que ver pornografía si queremos evitar agresiones sexuales en la adolescencia. —¿Disponen de recursos para combatir la violencia por estos canales? —Existen diligencias de investigación sobre redes sociales y dispositivos desde la última reforma. Otra cosa es que pidas permiso a Microsoft, que es americana, y el permiso no llegue nunca. Conseguir la localización a través del móvil depende de cada compañía y cada una tarda lo suyo, porque hay que hacer peticiones al extranjero. —Esta semana, el Colegio de la Abogacía ha impartido un curso en Córdoba. ¿Qué formación específica tienen que recibir los abogados del turno de oficio de violencia de género? —Hay formación para los que empiezan y cursos de reciclaje. Se trata de que conozcan las especialidades del procedimiento: los delitos que se consideran violencia de género, las medidas que se pueden adoptar, la denuncia, el derecho a no declarar, etc. En los cursos de reciclaje se actualiza la información sobre reformas legales o procesales. —¿Ha habido muchos cambios en esta materia? —Con la ley de eficiencia y la comarcalización se ha dado un vuelco a muchas cosas que son contradictorias. En lugar de dar más protección a la víctima y acercarla a la justicia, se ha conseguido lo contrario. Teniendo en cuenta que solo hay un juzgado de Violencia de Género en Córdoba y que está colapsado, la respuesta es rápida —¿Cómo valora la respuesta judicial en la violencia de género en Córdoba? —Teniendo en cuenta que solo hay un juzgado y que está colapsado, la respuesta es rápida. Lo que ocurre es que el juzgado no puede más porque no tiene medios materiales ni personal suficiente. La rapidez se consigue a costa de los trabajadores, la jueza, los funcionarios y los fiscales, que echan más horas de las que deberían. La situación es crítica y hace tiempo que se está solicitando un segundo juzgado, pero no uno como el que ha creado la ley de eficiencia, que trae a Córdoba determinados pueblos de la provincia, como Pozoblanco. Eso no sirve para nada y genera aún más trabajo. —¿Cómo afecta esto a las víctimas? —Todo se alarga mucho. Se puede citar a una mujer a las diez de la mañana y salir del juzgado a las seis de la tarde. A pesar de eso, no hay un retraso excesivo en sentencias o señalamientos por el esfuerzo del personal. Se tarda más en otras materias que en esta, pese al colapso. —¿Cómo está funcionando el servicio de asesoramiento a víctimas de violencia de género y LGTBI que presta el Colegio con el Ayuntamiento? —Es un servicio de asesoramiento previo, no para cuando se activa el procedimiento judicial; para eso están los letrados del turno de oficio. No solo asesoramos a las personas que acuden al Colegio de la Abogacía, también damos formación en institutos y asociaciones que lo solicitan. Damos talleres para menores y ahí vemos de todo, tanto a niñas víctimas como a niños presuntos agresores. Se trata de sensibilizar y formar a los menores para que sepan identificar conductas inadecuadas. También hay asociaciones de mujeres y LGTBI que nos piden charlas sobre esta materia. Con las pulseras hay problemas desde hace tiempo, sobre todo en zonas rurales —¿El tema de las pulseras se ha resuelto en Córdoba? ¿Ha creado problemas? —Con las pulseras hay problemas desde hace tiempo, sobre todo en zonas rurales, porque se fija una distancia que es imposible cumplir. Y porque, como todo, quien hace la ley hace la trampa: muchos agresores saben quitárselas y hay mujeres que han pasado noches enteras con la pulsera pitando. También ha habido fallos de cobertura tras cambios de compañía: a veces el agresor está al lado y la pulsera no lo detecta. Por eso muchos jueces no las ponen. —¿Cuál es la mejor medida de protección a las víctimas? —La orden de alejamiento, haya pulsera o no. Es una magnífica medida cautelar porque su incumplimiento puede llevar a un delito posterior. No hay que meter a todos en prisión porque no todos los delitos conllevan privación de libertad. Tenemos que conseguir que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad nos llamen desde primera hora, antes de que se interponga la denuncia, que es un derecho que tienen las víctimas, para asesorarlas y escucharlas —¿Qué objetivos tiene el Colegio de la Abogacía de Córdoba para mejorar la atención a las víctimas? —Tenemos que conseguir que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad nos llamen desde primera hora, antes de que se interponga la denuncia, que es un derecho que tienen, para asesorarlas y escucharlas. Y que la víctima tenga el tiempo que necesite, aunque el fiscal o el juez tenga que esperar. En los dos últimos casos, las señoras tenían tal ataque de ansiedad que no pudieron declarar. Hay que seguir exigiendo el derecho de defensa de la víctima.
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