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» Diario Cordoba
Fecha: 23/11/2025 12:31
El Gobierno no da por muerta la relación con Junts. Mientras la formación de Carles Puigdemont reitera su paso a una posición de bloqueo, tras romper el acuerdo de investidura, los socialistas no solo se agarran a la posibilidad de, al menos, ir sacando adelante normas transversales. Como esta semana la convalidación por unanimidad en Congreso del decreto de ayudas para el desarrollo de la ELA. Más allá de esta actividad legislativa de mínimos, incluso ven una grieta para llegar a la recta final de la legislatura con unos Presupuestos aprobados. Una “ventana de oportunidad”, según lo denominan fuentes de Hacienda, que asocian al impacto que pueda producir en su relación con Junts una hipotética vuelta de Carles Puigdemont. A la espera del Tribunal Constitucional, en Moncloa confían en la aplicación de la ley de amnistía a todos los líderes del ‘procés’. El propio Pedro Sánchez le pidió margen a la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, apuntando a este extremo. Tras cuestionar los posconvergentes si la presentación de los Presupuestos supone que el Ejecutivo “está en campaña”, pues saben que no contarán con sus siete votos imprescindibles, el jefe del Ejecutivo respondió que la ley de amnistía “ya ha sido validada por cuatro instancias jurídicas”. Deslizó así que la amnistía podrá ser aplicada en los próximos meses para pedir tiempo, algo sobre lo que fuentes de Moncloa son más directos. Hasta el punto de que Hacienda está dispuesta a presentar el mismo proyecto de Presupuestos si lo tumba el Congreso. Un escenario que alimentan ante la expectativa de que se produzca un cambio en Junts tras la vuelta a Cataluña de su líder. No todos en el Gobierno comparten esta estrategia y un ministro socialista señala el coste político de esta estrategia. Supondría un peaje en forma de nuevos compromisos con los independentistas catalanes. Un coste político que considera improductivo pues se produciría en la recta final de la legislatura. Sin embargo, el Ejecutivo se garantizaría al menos cerrar la legislatura con nuevas cuentas públicas y en Moncloa entienden positivo intentar mantener los puentes con Junts ante la aritmética que pueda salir de las urnas en las próximas elecciones. El voto de Junts en los dos últimos plenos lleva a los socialistas a defender su tesis de que los posconvergentes seguirán en una lógica “más parlamentaria que de ruptura”. Ley a ley y votación a votación, sin posiciones preconcebidas, para concluir que “algunas cosas las sacaremos y otras no”. La legislatura sigue y se procurará seguir jugando “partido a partido”. Todo ello pese a que desde la formación independentista advierten que “el tiempo les hará entender mejor dónde estamos” y entienden que el Ejecutivo está sobreactuando al intentar normalizar la situación tras su ruptura. ‘Todo o nada’ Por ello en el Gobierno no tienen prisas para la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2026. La vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, se ha puesto como plazo para ello mediados de febrero. Su pretensión es seguir al frente de su departamento hasta que el presidente Juanma Moreno disuelva el Parlamento andaluz y convoque elecciones, previstas para junio de 2026, en las que será la candidata del PSOE. En el caso de los Presupuestos, su cálculo es que si tuvieran los apoyos necesarios, algo que en estos momentos está lejos de suceder, podrían aprobarse incluso alrededor del mes de abril. El proyecto de las cuentas públicas se solapará así con otros dos de los principales hitos de la legislatura. La reforma del modelo de financiación autonómica, que se llevará cerrado en las mismas fechas a un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para inmediatamente después aprobarlo en Consejo de Ministros y arrancar su tramitación en el Congreso, y la condonación de la deuda autonómica. Se trata de iniciativas que, reconocen en el Gobierno, “van de la mano”. Un todo o nada que se dilucidará en el primer trimestre de 2016. Vivienda, ciencia y sanidad El proyecto de Presupuestos pretende exhibir asimismo un cartel electoral centrado en apuntalar el Estado de bienestar y aumentar los recursos para los recursos públicos. Para ello, el Consejo de Ministros de este martes ha aprobado, además de la senda de déficit, un techo de gasto de récord que supera los 216.000 millones de euros. Una cantidad que representa un incremento del 8,5% respecto a los 199.171 millones que se aprobaron para 2025. Fuentes de Hacienda trasladan que las partidas que más aumentarán sus recursos serán las de vivienda, las de ciencia, atendiendo a todo lo relacionado con el I+D+I, y los servicios públicos, con especial énfasis a la educación y la sanidad. Unas partidas con las que buscan “seducir” a sus socios, al mismo tiempo que preparan más gestos a Junts, como el desbloqueo de su ley de multirreincidencia, desde la máxima de que el Ejecutivo trabaja por cumplir los acuerdos pendientes.
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