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» tn24
Fecha: 21/11/2025 22:33
La Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso presentado por la defensa de Gastón Guillemet, empresario acusado de trata de personas y considerado hoy el prófugo más buscado del país, por explotar sexualmente a adolescentes y jóvenes captadas en Villa Berthet, Chaco. La decisión del Máximo Tribunal dejó firme la continuidad del proceso penal, que permanece detenido porque el imputado lleva más de dos años evadido. Guillemet, de 37 años, está prófugo desde el 9 de octubre de 2023, cuando debía presentarse al segundo juicio ordenado por la Cámara Federal de Casación Penal. La Justicia lo acusa de haber viajado en 2010 desde Buenos Aires a Villa Berthet para reclutar a tres jóvenes —dos de ellas menores de 18— con falsas promesas laborales y trasladarlas a la Capital, donde fueron explotadas sexualmente. Los hechos se conocieron recién años después y sorprendieron a su entorno en Adrogué, donde el imputado vivía con su familia y era visto como un empresario dedicado al rubro de la construcción. El revés judicial La Corte rechazó un recurso de queja presentado por su defensa, que buscaba dar por extinguida la acción penal y frenar el nuevo juicio. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti coincidieron en que, mientras Guillemet permanezca prófugo, no puede presentar peticiones ni recurrir decisiones del tribunal. La postura sigue una doctrina histórica: ningún acusado puede mantener “diálogo procesal” con la Justicia mientras permanezca en rebeldía. Cómo llegó el caso a esta instancia En el primer juicio, el Tribunal Oral Federal Nº 7 lo había condenado a tres años de prisión solo por dos casos, al considerar que no sabía que una de las víctimas era menor. Además, lo absolvió por el episodio que involucraba a una chica de 14 años. El Ministerio Público Fiscal apeló y la Casación ordenó un nuevo juicio, al sostener que la calificación debía contemplar la trata de menores. Fue entonces cuando Guillemet dejó de presentarse ante la Justicia y desapareció. Desde entonces, la Secretaría de Captura de Prófugos, que depende de la UFECRI de José María Campagnoli, lo considera prioridad absoluta, y el Ministerio de Seguridad mantiene vigente una recompensa de $5.000.000 por datos que permitan ubicarlo. Lo que sigue Con el rechazo de la Corte, la defensa quedó sin herramientas para frenar el expediente. El proceso judicial seguirá suspendido hasta que el acusado sea detenido o se entregue voluntariamente. Para los investigadores, la clave ahora es avanzar con líneas de búsqueda que permitan localizarlo, ya que, sin su comparecencia, el juicio no puede reanudarse. La causa vuelve a poner en foco un fenómeno persistente en el país: la captación de víctimas de zonas vulnerables mediante promesas laborales, una de las modalidades más frecuentes en los delitos de trata con fines de explotación sexual.
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