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Fecha: 21/11/2025 16:05
En línea con la postura del fiscal general Carlos Schaefer, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes ratificó la competencia federal del caso en el cual se juzgará a siete personas que están detenidas, acusadas de haber participado en la sustracción y el ocultamiento del niño Loan D.P., ocurridos el 13 de junio de 2024, en el Paraje Algarrobal de 9 de Julio. De esta forma, el tribunal (integrado por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Víctor Alonso González y Fermín Amado Ceroleni), rechazó un planteo de incompetencia que había sido presentado por la defensa de uno de los siete imputados, Bernardino Antonio Benítez, y al que adhirieron luego las de los seis restantes: Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel. Se trata de una investigación que comenzó en la justicia provincial y que luego fue remitida al Juzgado Federal de Goya. De este modo, la causa quedó radicada en el ámbito federal, que realizó gran parte de la instrucción y la recopilación de evidencias. Una vez que la causa fue elevada a juicio, las partes ofrecieron pruebas y una de las defensas planteó nuevamente la cuestión de competencia. EL PLANTEO DE LA DEFENSA En su presentación, la defensa oficial de Benítez, a cargo de Enzo Mario Di Tella, planteó que, finalizada la instrucción, se verificó que "no existe el "presunto", "supuesto" o "posible" delito de trata de personas que se pretendía confirmar con la investigación", por lo que al desestimarse esa hipótesis que justificó la radicación de la causa ante la jurisdicción federal, se debía declarar la incompetencia de este fuero". A su vez, señaló que el requerimiento de elevación a juicio formulado por el Ministerio Público Fiscal "sostiene que la conducta atribuida a los imputados encuadra en la figura penal de sustracción de menores (art. 146 CP); y este delito no se corresponde con ningún supuesto del artículo 33 del CPPN, que delimita la competencia federal". LA POSTURA DEL MPF Al contestar la vista, el fiscal general Schaefer solicitó que se rechace el planteo de la defensa, y se continúe la sustanciación en el fuero federal. En primer lugar, señaló que la causa se encuentra "a las puertas del debate oral, con un avanzado estado del proceso, donde las partes se encuentran citadas a juicio, resultando el planteo totalmente extemporáneo". En ese sentido, indicó que "teniendo en cuenta la gravedad del caso, existiendo una víctima L.D.P. que aún se encuentra desaparecida y personas privadas de su libertad, un cambio de fuero como pretende la defensa llevaría a una nueva dilación del proceso, atentando contra el plazo razonable y el principio de celeridad". A su vez, mencionó que si bien la investigación por la desaparición del niño L.D.P. se inició en el ámbito de la justicia provincial de Corrientes, bajo la hipótesis de "abandono de persona" y, posteriormente "sustracción de menores", el avance de la investigación y el surgimiento de nuevas pruebas, "viraron drásticamente hacia un delito de naturaleza federal: la trata de personas". "Las pruebas durante la instrucción apuntaron a que la desaparición de L.D.P no fue accidental, sino que fue parte de una maniobra de sustracción con fines de explotación o trata, lo cual se dilucidará en el debate oral, cuya finalidad es justamente conocer la verdad real de los hechos", explicó el fiscal. Por último, en función de los criterios de la economía procesal, la pronta administración de justicia y de una mejor realización del derecho de defensa en juicio, Schaefer consideró oportuno mantener la competencia del Tribunal Oral Federal de Corrientes, ya que "es la jurisdicción en la que se ha desarrollado la investigación, se han ordenado las principales medidas de prueba, se dispuso la clausura de la instrucción y se elevó la causa a juicio". Por su parte, la querella sostuvo que la desaparición constituye una grave violación de derechos humanos, que debe investigarse en el fuero federal, y manifestó desconfianza hacia la justicia provincial, especialmente por la participación de un funcionario público entre los imputados (en referencia al comisario Maciel). Notas Relacionadas
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