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La Paz » Politica con vos
Fecha: 19/11/2025 05:28
La acusación pública de Emilio Aroldo Castrillón contra Gustavo Bordet -calificándolo de “mentiroso” tras su descargo por la causa Securitas- no es un exabrupto aislado. Refleja un clima más profundo de cuestionamientos hacia la transparencia y la rendición de cuentas en la política entrerriana. Por Redacción Pcv El comentario y su valor simbólico En una publicación de Facebook del exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet, Castrillón respondió con una palabra contundente: “Mentiroso”. Esa acusación, breve pero cargada de peso, sirve como chispa para un debate más amplio: no se trata solo de una ofensa personal, sino de una crítica política y ética vinculada al escándalo de la causa Securitas. Ese comentario no surge en el vacío: llega después de que Bordet asegurara, en su publicación, que “no tengo ninguna vinculación con el entramado de coimas” y que su nombre “fue usado … para instalar falsedades”. ¿Por qué importa el juicio que realiza Emilio Castrillón sobre el ex-gobernador? Emilio Aroldo Castrillón, fue presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos en tiempos de «bordetismo». El ex-magistrado ya ha sido una figura polémica en la provincia, y sus reproches a autoridades no son para nada nuevos. Aunque no hay un amplio registro público reciente de él hablando directamente sobre la causa Securitas, su intervención en este comentario es relevante: Su trayectoria le da cierta autoridad moral para lanzar una acusación grave como “mentiroso”: no es un espontáneo cualquiera, sino alguien que conoció las entrañas del poder judicial provinciano. Con ese solo término, no solo pone en duda la versión de Bordet, sino que invita a la ciudadanía a preguntarse: ¿qué tanto de lo que dice Bordet es “verdad” y qué tanto podría ser una construcción política para proteger su imagen? El contexto judicial: la causa Securitas Para entender la gravedad de la acusación, es necesario repasar qué es la causa Securitas: Se investiga una red de sobornos entre la empresa de seguridad Securitas y funcionarios públicos, especialmente vinculados con ENERSA, la empresa eléctrica estatal de Entre Ríos. Según peritajes judiciales, en los chats de los empresarios Claudio y Marcelo Tórtul —procesados en la causa—, Bordet aparece mencionado 98 veces. Hay mensajes que aluden a “pagar la parte de Bordet” para cerrar acuerdos sonados con Enersa. Sobre esos puntos, Bordet ha sido categórico: niega vínculos, afirma que no tuvo contactos personales con los Tórtul y sostiene que su nombre fue “invocado sin fundamento”. Además, se habla de millones de dólares en sobornos según la investigación: la jueza que impulsa la causa ha señalado pagos por u$ 7,6 millones relacionados a la maniobra. ¿Por qué la palabra “mentiroso” de Castrillón golpea más que un insulto? Deslegitimación del descargo oficial: Castrillón no solo rechaza la defensa de Bordet, sino que lo acusa de manipulación política. Está poniendo en tela de juicio que el comunicado de Bordet sea más que un auto-descargo bien redactado. Mensaje a otros actores: No es solo para Bordet: es un aviso para la justicia, para la ciudadanía y para otros referentes políticos de que hay voces críticas dispuestas a señalar incongruencias. Presión simbólica: Al hacerlo desde su perfil (por lo que se ve), Castrillón ejerce una forma de presión mediática y reputacional: no pide únicamente que se investigue, sino que se cuestione la versión oficial. Legitimidad institucional: Su ex rol en el STJ le otorga un peso institucional que excede lo político: cuando alguien con experiencia jurídica señala “mentira”, no parece un simple insulto, parece una alerta sobre posible encubrimiento. Dudas que quedan y lo que urge que se aclare A partir de este intercambio, varias preguntas deberían resonar en la agenda pública entrerriana: ¿La justicia federal avanza con transparencia en la causa Securitas, más allá del escándalo mediático? ¿Bordet está dispuesto a poner a disposición pruebas concretas —correos, llamadas, movimientos patrimoniales— que respalden su defensa pública? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad de otros funcionarios de su gobierno en la red de sobornos que investiga la causa? ¿Podría Castrillón presentar algún tipo de denuncia formal en la que esa expresión compartida en una red social, pueda sustanciarse en pruebas concretas? ¿Castrillón, además de criticar a los actores políticos involucrados, tiene interés en volver al ruedo de la política a mediano plazo? La acusación de “mentiroso” lanzada por Castrillón va más allá de una simple diatriba personal: es una llamada de atención política. En un momento en que la causa Securitas pone en jaque la credibilidad de varios actores, esa palabra resume un reclamo profundo: no alcanza con negar, hay que demostrar. Y la sociedad entrerriana merece más que comunicados: exige claridad, justicia y rendición de cuentas.
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