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» Sin Mordaza
Fecha: 19/11/2025 01:31
Catorce policías de la Unidad Regional II de Rosario permanecerán en prisión preventiva tras ser imputados en la causa por el millonario fraude con combustibles. La resolución fue adoptada por el juez Gustavo Pérez de Urrechu, quien dispuso seis meses de detención para trece de ellos y prisión por el plazo de ley para otro uniformado. A todos se les atribuye haber integrado una asociación ilícita que, de acuerdo con la investigación, funcionó durante al menos dos años. El exjefe de la URII, Daniel Alejandro Acosta, está acusado de liderar la organización, mientras que el exjefe de Secretaría Privada, Rodrigo Domínguez, fue señalado como organizador. Ambos, junto a otros once exjefes y jefes policiales de distintas reparticiones, quedaron imputados además por cohecho pasivo, peculado y defraudación agravada contra la administración pública. A cinco de los acusados se les agregó la figura de falsedad ideológica. La causa suma ya 28 imputados, entre ellos cuatro civiles. Durante la audiencia, el fiscal José Luis Caterina describió la estructura como una asociación “creada, asentada y consolidada en el corazón de la Unidad Regional II”, cuyo origen ubica en mayo de 2023, cuando Acosta asumió al frente de la fuerza. Según la imputación, el exjefe delegaba en Domínguez la organización de la operatoria y un control estricto sobre los participantes. La acusación sostiene que el grupo buscaba “un circuito ascendente y continuo de retornos o beneficios” derivados de actividades ilícitas, dádivas y multas en efectivo o en bienes de alto valor. La maniobra central consistía en un esquema de sobrefacturación de combustible en la estación Puma de Ovidio Lagos al 3900, explotada por Gas Auto Tiferno. Los móviles del Comando Radioeléctrico y de la Brigada Motorizada registraban consumos que excedían el combustible realmente cargado, generando un excedente que la empresa devolvía en efectivo. Los jefes de sección retiraban ese dinero y debían entregarlo cada quince días a la cúpula de la URII. Quienes incumplían enfrentaban “multas” o sanciones internas, que podían consistir en efectivo, whisky de alto valor o productos como costillares. Según la fiscalía, ese sistema generó un perjuicio económico para el Estado y malestar entre subordinados que, aun con jerarquía, sufrían la dureza del esquema de sanciones. La investigación continúa y se esperan nuevas medidas a medida que avanza el análisis de la documentación y de los testimonios recolectados.
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