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Concordia » Libre Entre Rios
Fecha: 18/11/2025 13:49
Compartilo con La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Entre Ríos se prepara para debatir este martes el proyecto de ley que busca crear una Red de Videovigilancia Ciudadana en Entre Ríos, una iniciativa que, si bien promete reforzar la lucha contra el delito, revive viejas tensiones sobre el derecho a la privacidad y regresa al debate legislativo tras haber sido pausada por “errores de redacción” en su tratamiento anterior. La delgada línea entre seguridad pública y privacidad personal volverá a ser el centro de la discusión este martes en la Cámara de Diputados provincial. La Comisión de Seguridad tratará nuevamente el expediente 27.260, un proyecto de ley impulsado por el diputado Jorge Maier (Juntos por Entre Ríos) que propone la creación de una Red de Videovigilancia Ciudadana en Entre Ríos. La iniciativa busca integrar las cámaras de particulares a un sistema colaborativo con las fuerzas de seguridad para “contribuir a la prevención y resolución de delitos”. El proyecto, que ingresó a la Legislatura a mediados de 2024, establece un marco de adhesión voluntaria. Los ciudadanos que deseen participar deberán firmar un convenio con el Ministerio de Seguridad y Justicia, designado como autoridad de aplicación. A través de este acuerdo, se comprometerán a proporcionar las imágenes captadas por sus cámaras únicamente ante un “requerimiento formal” que indique el legajo o las actuaciones correspondientes. En sus fundamentos, la propuesta asegura respetar la Ley Nacional de Protección de Datos Personales (N° 25.326) y normativas provinciales, obligando a mantener el secreto profesional y la confidencialidad de la información obtenida. Sin embargo, el camino del proyecto no ha estado exento de obstáculos. La propuesta para crear una red provincial ciudadana con cámaras de videovigilancia privadas vuelve a la agenda legislativa de Entre Ríos este martes 18 de noviembre, arrastrando cuestionamientos y dudas no resueltas desde su último tratamiento en 2024. Documentos de la propia comisión revelan que, en su tratamiento del 13 de agosto de 2024, el debate fue pospuesto. Según consta en el acta de aquella reunión, a la que asistieron asesores legales y altos mandos de la Policía de Entre Ríos, la diputada Gabriela Arrozogaray “advierte un error de redacción en el artículo 4°”, tras lo cual se acordó continuar la discusión en futuras reuniones. A más de un año de ese evento, el proyecto regresa sin que haya trascendido públicamente si aquellas observaciones fueron subsanadas. La propuesta, aunque bienintencionada en su objetivo de disuadir el delito y aportar pruebas a la Justicia, genera interrogantes significativos. ¿Qué protocolos específicos garantizarán que el acceso a las imágenes no se preste a abusos? ¿Cómo se protegerá el vasto registro de filmaciones que la autoridad de aplicación planea “recopilar, clasificar y guardar mediante un sistema de encriptación”? Mientras los defensores del proyecto argumentan que fomenta la participación activa de la comunidad en su propia seguridad, sus críticos temen la creación de un sistema de vigilancia masiva con escasa supervisión ciudadana. La reunión de este martes será clave para definir si la provincia avanza hacia un modelo de seguridad colaborativa o si las garantías de privacidad pesan más en la balanza de los legisladores.
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