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Colon » El Entre Rios
Fecha: 18/11/2025 12:31
El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay dictó sentencia mediante juicio abreviado a nueve personas que operaban exportando mercadería ilegal desde Argentina hacia Uruguay por pasos no habilitados. La investigación estuvo a cargo de personal de Prefectura Naval de Villa Paranacito y del Escuadrón Nº 56 de Gendarmería Nacional. Conducida por el fiscal Pedro Rebollo, se desarrolló entre agosto de 2022 y junio de 2024. La Justicia Federal fijó penas de tres años de prisión efectiva para Juan Alejandro Montelongo (43 años, uruguayo), quien fue declarado reincidente y deberá cumplir efectivamente la condena. Fue extraditado desde Uruguay en diciembre de 2024. En tanto, recibieron tres años de prisión condicional los imputados Cristian Alberto Villarreal (33), alias "Kitty" o "El Negro"; Alejandro Nicolás Ruiz (64 años); Héctor Orlando Arnau (41 años), alias "Tito". A su vez, se condenó a dos años de prisión condicional a Matías Daniel “Cabezón” Traba (28), Nelson Hernán Naya (50), Néstor Fabián Rojas (56), Ramón Ernesto “Salva” Salvador (66), Adolfo Trentini “El Tano” Drich (56, uruguayo), quien fue expulsado del país con prohibición permanente de reingreso. El operativo La investigación comenzó con una denuncia anónima en agosto de 2022 a la Prefectura Naval Argentina de Villa Paranacito. Durante casi dos años, las fuerzas de seguridad realizaron tareas de vigilancia, escuchas telefónicas y seguimientos que permitieron identificar la modalidad operativa de la organización. El 25 de junio de 2024 se realizaron allanamientos simultáneos en 18 domicilios de Entre Ríos y Buenos Aires, que resultaron en la detención de los implicados y el secuestro de importantes elementos probatorios. En ese momento, desde el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, se describió que “la red operaba exportando clandestinamente hacia Uruguay diversas mercaderías”. La descripción alcanzó a indumentaria apócrifa (ropa y calzado con marcas falsificadas como Nike, Adidas, Puma), cigarrillos marca Nevada apócrifos (se secuestraron 2.239 cartones), pescado sin controles sanitarios, desodorantes y otros productos de higiene e incluso bebidas alcohólicas. La mercadería era transportada desde Buenos Aires (particularmente de la feria La Salada) hasta Villa Paranacito, y desde allí cruzada en embarcaciones por el río Uruguay hacia localidades uruguayas como Carmelo, Nueva Palmira y Montevideo, evadiendo los controles aduaneros. Según la investigación, la organización tenía roles delimitados: Villarreal y Montelongo coordinaban el transporte y la logística general, Ruiz supervisaba los traslados y alertaba sobre controles policiales, Naya y Salvador transportaban la mercadería por tierra -muchas veces desde una empresa de transporte de Gualeguaychú- hasta Villa Paranacito, Arnau y Traba realizaban los cruces fluviales en embarcaciones, Trentini Drich guardaba mercadería en su domicilio cercano a la costa y Rojas fue interceptado transportando cigarrillos apócrifos valuados en más de $10 millones por Gendarmería. Durante los procedimientos, se incautaron más de $2.400.000 y U$S 7.279 en efectivo, mercadería apócrifa valuada en más de $28 millones, cinco embarcaciones -entre ellas “El Holandés”, “Maylen” y “Alf III”-, nueve vehículos, armas de fuego y municiones, 40 teléfonos celulares donde se obtuvieron conversaciones comprometedoras y redes de pesca (aproximadamente 800 metros en total). La calificación legal Inicialmente, la Fiscalía Federal había requerido condenas por contrabando agravado. Sin embargo, en el marco del juicio abreviado, las partes acordaron una recalificación: Villarreal, Montelongo, Ruiz, Arnau, Naya y Traba fueron condenados por contrabando simple de exportación (art. 864 inc. a del Código Aduanero) y Rojas, Salvador y Trentini Drich por encubrimiento de contrabando (art. 874 inc. 1° apartado d del Código Aduanero). El tribunal consideró que no se probó la intervención organizada de tres o más personas en forma conjunta, ni el potencial peligro para la salud pública de las mercaderías. Todos los condenados recibieron además penas accesorias como la pérdida de concesiones y privilegios, la inhabilitación para ejercer el comercio (de 6 meses a 3 años según el caso), la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos así como para integrar fuerzas de seguridad. Finalmente, el tribunal de Concepción del Uruguay ordenó el decomiso de las embarcaciones y vehículos, que serán entregados a la Prefectura Naval Argentina. La mercadería será donada a las municipalidades de Villa Paranacito y Gualeguaychú para su distribución a personas o entidades necesitadas y el dinero secuestrado quedó depositado en cuentas judiciales. Juicio abreviado El caso se resolvió mediante juicio abreviado, una modalidad procesal que permite acelerar el proceso cuando el imputado reconoce su responsabilidad. En la audiencia realizada el pasado 27 de octubre, todos los acusados aceptaron los hechos y las penas acordadas con la Fiscalía. La sentencia, de 138 páginas, describe minuciosamente el modus operandi de la organización, basándose en escuchas telefónicas, tareas de campo de la Prefectura, pericias documentológicas y testimonios, revelando una operación que durante casi dos años burló sistemáticamente los controles aduaneros en la frontera fluvial argentino-uruguaya. La causa tramitó bajo el número FPA 439/2023/TO1 ante el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay. Intervinieron la fiscal auxiliar Gabriela Agustina Velázquez y las defensoras públicas Julieta Elizalde, más los defensores particulares Raúl Jurado y Claudio Matías Farías. Fuente: R2820 / Fiscales.gob
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