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Parana » APF
Fecha: 18/11/2025 08:30
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-A), que conduce Hugo “Cachorro” Godoy lanzó dos propuestas, oponiéndose a la flexibilización de la reforma laboral de Milei y detallando una agenda progresiva que busca universalizar derechos, reducir la jornada laboral y gravar las grandes fortunas para financiar la protección social. martes 18 de noviembre de 2025 | 7:39hs. La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) sentó su postura en el debate sobre la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, no solo resistiendo las iniciativas oficiales, sino presentando una agenda de políticas públicas progresivas destinadas a «ampliar derechos» para el conjunto de la clase trabajadora. A través de dos documentos elaborados por sus equipos técnicos (el Instituto de Estudios y Formación – IEF, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas – IPyPP, y el Departamento Jurídico), la central obrera que encabeza Hugo “Cachorro” Godoy, confronta directamente el argumento oficial de que la flexibilización genera empleo, señalando que las medidas ya implementadas solo expandieron el trabajo por cuenta propia y el empleo no registrado. Diez ejes para una reforma progresiva y redistributiva El documento central, titulado “Diez propuestas de políticas públicas para un nuevo esquema de relaciones laborales con ampliación de derechos”, sostiene que el actual intento de reforma del gobierno busca abaratar el trabajo, reducir el costo del despido y debilitar la negociación colectiva, y forma parte de un mismo programa que incluye una reestructuración tributaria regresiva. La CTA-A propone un enfoque integral que articule la reforma laboral, la tributaria y la previsional, centrado en disputar la distribución del ingreso y la riqueza, informó Mundo Gremial. Las diez propuestas clave son: -Renta Básica Universal (RBU): Implementar un ingreso básico, incondicional y equivalente al valor de una canasta alimentaria para los trabajadores sin ingresos registrados (incluyendo monotributistas de menores categorías). Esto debe concebirse como un reconocimiento a la contribución colectiva de valor, financiado con las rentas extraordinarias y grandes patrimonios. -Área de economía pública y social: Crear un área que coordine un plan federal de inversión social (salud, vivienda, cuidados, educación, cultura) para movilizar inversión y generar empleo a partir de la mano de obra disponible. -Reducción de la jornada laboral: Impulsar la reducción del tiempo de trabajo sin pérdida salarial, como mecanismo para redistribuir el excedente de la productividad y generar nuevos puestos. -Seguro de empleo y formación: Crear un sistema dentro de la seguridad social que combine la reducción del tiempo de trabajo con períodos de capacitación continua, sin pérdida salarial. -Mesas de concertación sectoriales: Establecer mesas por cadena o sector estratégico, con participación multisectorial, para transparentar balances y estructuras de costos, negociar la formación de precios y redistribuir el excedente económico hacia mejoras salariales e inversión social. -Regulación de relaciones de dependencia encubiertas: Reconocer la relación de dependencia de los trabajadores de plataformas y avanzar en un régimen que garantice sus derechos básicos (salario mínimo, cobertura de riesgos, licencias, jubilación, derecho a sindicalización). -Regulación efectiva de la subcontratación: Garantizar que cuando las tareas subcontratadas sean necesarias para la empresa principal, se apliquen el convenio colectivo de la actividad principal y las mismas condiciones de salario y protección. -Seguro colectivo universal autogestionado para el trabajo sin patrón: Crear Cajas de Protección Social del Trabajo Autónomo (financiadas con aportes propios y contribución estatal) para cubrir contingencias como enfermedad, inactividad o descanso de quienes se desempeñan sin patrón (ej. economía popular, profesionales independientes). -Política integral de cuidados: Incluir licencias igualitarias, guarderías y compensaciones para redistribuir el tiempo de cuidado entre géneros, familias, empresas y Estado. -Salario Mínimo Vital y Móvil equivalente a la canasta individual: Hacer cumplir el mandato legal de que el SMVM garantice las necesidades básicas de un trabajador sin carga de familia. Financiamiento: La clave progresiva de la CTA-A La central sindical detalla cómo financiar esta ambiciosa agenda, proponiendo un paquete de medidas de emergencia que apunta a gravar la riqueza concentrada. -Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF): Aplicar una sobrealícuota escalonada del Impuesto a los Bienes Personales para patrimonios superiores al millón de dólares, con tasas más altas para bienes en el exterior. Esta medida permitiría recaudar una suma significativa, de la cual la mitad provendría de las 50 mayores fortunas del país. -Tributación presunta basada en el volumen de negocios: Establecer un anticipo del Impuesto a las Ganancias para las 500 empresas más grandes del país. -Ajustes tributarios adicionales: Eliminar exenciones a los rendimientos de títulos públicos, restituir el impuesto cedular a la renta financiera y gravar las rentas de servicios digitales de plataformas extranjeras que operan localmente. Según la central, estas medidas buscan combatir la evasión y elusión estructural, permitiendo al Estado contar con más de USD 10.000 millones anuales para financiar políticas redistributivas y programas de ingreso. Aportes adicionales: Defensa contra la flexibilización en la LCT El segundo documento, “Aportes de cara a la construcción de una propuesta alternativa de reforma laboral”, contrasta las iniciativas del Gobierno con propuestas específicas para fortalecer la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Entre ellas, se destacan: -Responsabilidad Empresarial: Reforzar la responsabilidad de las empresas principales ante la tercerización y subcontratación, y volver a los textos originales de la LCT en materia de grupos económicos. -Garantías Sindicales: Fortalecer el derecho de huelga (prohibiendo la contratación de rompehuelgas y el uso de personal jerárquico) y reconocer expresamente el derecho a realizar asambleas en los lugares de trabajo. -Despido y Discriminación: Limitar los poderes patronales para usar el despido con causa por participación en medidas de acción directa y, en casos de despido discriminatorio, garantizar al trabajador la opción de demandar la reinstalación. -Reversión de Flexibilización: Derogar la figura del «trabajador independiente con colaboradores» , volver al período de prueba de 3 meses , reestablecer las multas por empleo no registrado, y reestablecer el plazo de prescripción de los créditos laborales a cuatro años. (APFDigital)
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