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» Diario Cordoba
Fecha: 17/11/2025 20:51
Ni privilegios ni dobles varas de medir en las que se beneficie a unas comunidades autónomas sobre otras. Estas son las vigas maestras sobre las que María Jesús Montero quiere sostener el nuevo modelo de financiación autonómica, tratando de sacudirse la etiqueta del “agravio” por las negociaciones con la Generalitat para encajar la financiación singular pactada con ERC. “Ninguna comunidad saldrá perjudicada” y todos los territorios “contarán con más recursos”, subrayó Montero como premisa del futuro modelo de financiación que, según trasladó este lunes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), presentará entre finales de enero y principios de febrero. La intención de la titular de Hacienda es dejar presentada su propuesta antes de dejar el Gobierno para concurrir como cabeza de lista del PSOE a las andaluzas, momento que todavía no ha abordado con el presidente del Gobierno. Cuanto restan apenas seis meses para la campaña electoral, si no hay adelanto, Montero tiene difícil diferenciar su doble condición de candidata y vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Para allanar la campaña se hace necesario neutralizar el discurso del agravio, ante el coste político de un modelo de financiación que surja de un acuerdo con los independentistas catalanes. La estrategia, como con la quita de la deuda en la que Andalucía si situó como la más beneficiada pese a tratarse de un asunto pactado para Catalunya, pasa por el ‘café para todos’. Para ello se trata de hacer equilibrios combinando la multilateralidad con la bilateralidad y hasta evitando cerrar la puerta a la ordinalidad. Eso sí, se sortea esta espinosa cuestión, incluso entre las federaciones del PSOE, que equilibraría la posición de Catalunya en el ranking de las comunidades que más aportan con el de las que más reciben, con la “solidaridad interterritorial”. Un principio que se recogerá “de forma explícita”, según se ha comprometido Montero, con transparencia y basándose en “criterios objetivos”. Se buscará también la cuadratura del círculo haciéndolo aplicable a todas las comunidades del régimen común, pero sin que ello impida “tener en cuenta y respetar las singularidades o particularidades territoriales”. Por ejemplo, en el caso de Catalunya, la inspección del Trabajo, la lengua propia, el sistema penitenciario o la seguridad por los Mossos d’Esquadra. Como parte del acuerdo con ERC, pero dentro de los límites marcados por la resolución política del último congreso federal del PSOE, se desplegará un nuevo modelo de "gestión en red del sistema tributario", para que las comunidades pueda recaudar ciertos impuestos. Uno de los principales elementos del modelo de financiación autonómico aprobado por los socialistas en su último congreso federal se sustentó en “compatibilizar solidaridad a igual esfuerzo tributario con el reconocimiento de las singulares”. Ni en las comunidades gobernadas por el PP, ni si quiera en Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page, son optimistas respecto a las posibilidades de que salga adelante. La falta de consenso en estos primeros compases es evidente, y la aritmética parlamentaria, con Junts y Podemos tendiendo a posiciones de bloqueo, tampoco hace presagiar un camino sencillo. Igualmente no ayuda a las negociaciones que se produzcan en medio de un ciclo electoral de autonómicas. Los territorios apuestan por criterios distintos de cara a un nuevo modelo de financiación y, en ocasiones, hasta contrapuestos. Aumento de recursos generalizado Según el calendario expuesto por la vicepresidenta primera, se pretende que “antes de que acabe la legislatura el modelo esté aprobado y, a ser posible, su entrada en vigor en 2027". Salga o no adelante, e independientemente de las vicisitudes de la tramitación parlamentaria, Montero se garantizaría exhibir un modelo con cifras en las que aumentarían los recursos de forma generalizada para todas las comunidades. Comenzando por Andalucía. De hecho, la pretensión es presentar la totalidad del modelo, sin centrarse en variables como la población ajustada, para mostrar el “resultado global para comunidad”. Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera arreciaron las críticas entre los consejeros populares al cuestionar que este movimiento de Hacienda tenga una finalidad electoralista. “Nadar y guardar la ropa para contentar a los independentistas y poder presentarse a las elecciones andaluzas”, cuestionaba desde la Comunidad de Madrid la consejera del ramo, Rocío Albert López-Ibor. “El cuento de la lechera”, resumía el consejero murciano, Luis Alberto Martín, tras llamar la atención sobre la falta de concreción respecto a las bases del modelo, los fondos con los que vaya a contar o la forma de articularlo con las comunidades autónomas. Además, coincidía con otros consejeros del PP al concluir que “resulta poco creíble que se vaya a hacer en dos meses lo que no se hizo en los ocho años anteriores”. El discurso del “agravio” es azuzado por el presidente Juanma Moreno y amplificado por Génova, pero en las federaciones socialistas hay quien reconoce también el “coste político” para los intereses en este territorio de presentar un modelo pactado con los independentistas. Unas posiciones a las que quieren dar la vuelta en el Ejecutivo asegurando que su propuesta será positiva para todas las comunidades. Si bien se da por hecho de que todas las comunidades autónomas vayan a contar con más recursos, debido a la evolución positiva de los ingresos fiscales desde que caducó el anterior modelo, la “clave” para gobiernos como los de Emiliano García-Page es que el sistema sea “justo”. Es decir, los criterios que se establezcan “para el reparto de esa plusvalía” y que no esté al albur del ciclo económico.
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