17/11/2025 21:41
17/11/2025 21:41
17/11/2025 21:40
17/11/2025 21:40
17/11/2025 21:39
17/11/2025 21:38
17/11/2025 21:38
17/11/2025 21:38
17/11/2025 21:37
17/11/2025 21:37
Parana » Bicameral
Fecha: 17/11/2025 18:50
Por Carlos Heller (*) El gobierno de Donald Trump dio a conocer “la declaración conjunta” referida al Acuerdo sobre Comercio Recíproco e Inversiones entre los Estados Unidos y la Argentina. Si bien, como su nombre lo indica, se trataría de un acuerdo “recíproco” entre dos países, fue presentado por sólo uno de ellos. El gobierno argentino se sumó con un breve comunicado. En los hechos, no parece haber la mínima reciprocidad: la Argentina concede, mientras Estados Unidos aumenta sus negocios. Falta entero el capítulo de los beneficios para nuestro país. Además, el acuerdo anunciado condicionaría a futuros gobiernos de cualquier signo, sobre todo a los que no estén incondicionalmente alineados con EE. UU. Va más allá de cuestiones de comercio: interviene en temas de garantías de inversión, de rol del Estado, de acceso a la información, etc. La iniciativa establece, entre muchas otras definiciones, el desmantelamiento de barreras no arancelarias por parte de nuestro país en materia de importaciones. Además, elimina cualquier tipo de formalidad para el ingreso de productos norteamericanos al territorio argentino “alineándose” al mismo tiempo a las normas de Estados Unidos y a los “reglamentos técnicos estadounidenses (…) sin exigir requisitos adicionales de evaluación”. Las condiciones del acuerdo mismo parecen haber sido impuestas por el firmante más fuerte, en este caso el gobierno de EE. UU. La Casa Blanca señala que “Argentina brindará acceso preferencial al mercado para exportaciones estadounidenses, incluyendo ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas”, además de la carne y la producción láctea. En la enumeración de lo que Estados Unidos nos venderá no falta casi nada. Respecto de lo agropecuario, se permitiría el ingreso sin restricciones de ganado vivo estadounidense, carne aviar, quesos y carnes y una “amplia gama de productos agrícolas”. Las economías de Argentina y Estados Unidos compiten en la producción agraria. En ese marco, la liberalización total del ingreso de estas importaciones podría ser muy perjudicial para los productores locales, que se quedarían sin ningún tipo de protección. Además, mientras nuestro país se compromete a “brindar acceso preferencial al mercado para exportaciones estadounidenses” en medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, vehículos automotores, entre otros, EE. UU. eliminará los aranceles sobre “ciertos recursos no disponibles y productos no patentados para aplicaciones farmacéuticas”. Se establece claramente un doble estándar: Estados Unidos pone en juego recursos que no posee y concede muy poco en materia comercial; Argentina, en cambio, pone en riesgo su industria, amenazada por las importaciones de una economía con mayor productividad. Se utiliza la palabra recíproca al mismo tiempo que, en la práctica, no existe la mínima reciprocidad: las concesiones son todas argentinas. El peligro del cierre de industrias, con un gran número de desocupados no es, en ningún caso, una exageración. Otro tema no menor: nuestro país se “ha comprometido a facilitar el comercio digital con Estados Unidos mediante el reconocimiento de Estados Unidos como jurisdicción adecuada bajo la ley argentina para la transferencia transfronteriza de datos, incluyendo datos personales, y a no discriminar servicios digitales o productos digitales estadounidenses”. Se renuncia a la regulación de lo que provenga de Estados Unidos en materia digital. En ese escenario, quedan expuestos datos sensibles de nuestros ciudadanos y ciudadanas. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, afirmó refiriéndose al tratado: “como aliado estratégico, recibimos un tratamiento preferencial casi del nivel de la relación especial que tienen Estados Unidos y el Reino Unido”. El mismo jueves 13, en la página del Departamento de Estado, figuraba una serie de acuerdos similares con otros países de la región. Entre otros, Ecuador, El Salvador y Guatemala. Más allá de la necesidad de algunos funcionarios de sentirse “los elegidos” por “el gran país del norte”, el acuerdo con Argentina integra una estrategia continental de la principal potencia mundial e involucra a varios Estados del “patio trasero”. Al respecto, Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, afirmó en una entrevista: “estamos recuperando América Latina a través de nuestro liderazgo económico, no habrá balas. Chile tiene una elección próxima, Bolivia acaba de tener una elección, por primera vez en 20 años han ido a la centroderecha, han abrazado a los Estados Unidos, Paraguay, Ecuador, así que todo el hemisferio viene hacia nosotros”. Más claro, imposible. ¿Cómo continúa la implementación del acuerdo? El mismo implica, entre otros temas, cambios legales y ratificación de tratados internacionales que necesitarían ser remitidos al Congreso. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostiene que “la Constitución argentina respecto de acuerdos celebrados con Estados extranjeros habilita dos vías: el tratado y el acuerdo ejecutivo”. Según el jurista, en el primero interviene el Poder Ejecutivo negociando y firmando, el Poder Legislativo aprobando o rechazando y nuevamente el Poder Ejecutivo ratificando o no ratificando el tratado. En el segundo, interviene exclusivamente el Poder Ejecutivo sin ninguna participación del Congreso. “¿Cuándo debe celebrarse un tratado?”, plantea Gil Domínguez de modo retórico. “Cuando la materia involucrada es propia de la competencia del Congreso y requiere la sanción de una ley, corresponde utilizar la vía del tratado. El art. 75 inciso 13 de la Constitución argentina impone como facultad del Congreso «reglar el comercio con las naciones extranjeras»”, detalla. El jurista concluye que “según el derecho constitucional argentino, el acuerdo comercial con los EE. UU. debe tramitar por el procedimiento previsto para los tratados y que el Poder Ejecutivo no puede acudir a la vía simplificada del acuerdo ejecutivo”. Estamos, como en tantos otros temas, ante la disyuntiva de los dos modelos. En uno se fomenta la integración comercial regional en un bloque de países latinoamericanos y con otras economías en desarrollo con un criterio de protección a aquellos sectores productivos que aún se encuentran en crecimiento. En otro, se insiste con una apertura unilateral al servicio de los intereses del país más fuerte. En el primero se defiende la soberanía, en el segundo se renuncia a ella. Como viene sucediendo, el Congreso debería seguir siendo uno de los espacios del debate democrático. (*) Diputado nacional de Unión por la Patria Publicado en Página 12
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por