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» El Ciudadano
Fecha: 16/11/2025 12:34
Este lunes 17 de noviembre será la tercera y última asamblea de cara a la próxima movilización del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Asamblea Lesbotransfeminista Rosario se reunirá a las 18 en el Centro Cultural La Toma (Tucumán 1349), la participación es abierta a la ciudadanía. Hasta ahora se vienen reuniendo una treintena de organizaciones políticas, sindicales, sociales y estudiantiles. El lunes pasado ya se organizaron por grupos de comisión que se ocupan de tareas como prensa y difusión o redacción de la proclama u organización de la marcha en sí, entre otros aspectos. Ernestina Saccani forma parte de La Corriente Mujeres y Diversidad y de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En diálogo con El Ciudadano compartió cómo vienen los preparativos para esta fecha de gran relevancia en el calendario feminista: está confirmado que la tarde del martes 25 de noviembre habrá una movilización en el centro de Rosario. Este lunes 17 definirán el lugar de salida y llegada, pero pretenden que sus exigencias se hagan oír en la Municipalidad y la sede de Gobierno provincial: Saccani habla de un “corrimiento del Estado en sus tres niveles”. “Los ejes son los que venimos trabajando y todos han empeorado: la precariedad de nuestras vidas y cómo lidiar con la violencia que padecemos por motivos de género. Se han cerrado las políticas que buscan prevenir y eliminar violencias. En el presupuesto 2026 se ve una reducción del presupuesto destinado, por ejemplo, a la Línea 144. El programa Acompañar ya prácticamente ni existe”, describió Saccani. El programa Acompañar fue creado en 2020, su nombre completo es programa de apoyo y acompañamiento (económico y psicológico) a personas en situación de riesgo por violencia por motivos de género. A los ocho meses de asumir, en agosto de 2024, La Libertad Avanza modificó las condiciones de la prestación: hasta ese momento las beneficiarias recibían una asignación económica equivalente al salario mínimo vital y móvil durante 6 meses consecutivos; con los cambios pasaron a percibirla sólo por 3 meses y además las víctimas debían respaldar ese reclamo con una denuncia judicial o policial, antes no. Después de esas modificaciones se fueron acumulando cada vez más reclamos por enormes demoras en los pagos o directamente su suspensión. La Línea 144 fue creada en 2013, en el marco de la ley de Protección Integral a las Mujeres sancionada en 2009. Se trata de una línea de emergencia pensada para la “contención y asesoramiento a personas en situación de violencia y riesgo”. La ley 26.485 fue muy importante en el país en términos de cuidado de derechos porque contempla todos los tipos de violencia que se pueden ejercer por cuestiones de género: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política, doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, pública política y en el espacio público. También en agosto de 2024 la Línea perdió jerarquía administrativa y funcional, cuando el Ejecutivo tomó una serie de medidas de reestructuración de áreas del Estado. Las áreas de género (antes con rango ministerial) fueron unas de las que más padecieron el achique: hasta ese momento acumulaban el despido de al menos el 80 por ciento de su planta. Es decir, la Línea 144 no dejó de existir pero pasó a tener radicalmente menos capacidad de atención de emergencias. Estos son dos ejemplos de todo el arco de políticas de Estado que han sido blanco de ataque discursivo pero también presupuestario del gobierno nacional que asumió en diciembre de 2023. Todo esto en un contexto donde diversas organizaciones que se dedican al relevamiento de datos sobre este tipo de violencias alertan un incremento de femicidios y denuncias por violencia. “Desde Nación los discursos de odio bajan a la vida cotidiana de las personas y se traducen en acciones concretas. El año pasado teníamos un femicidio cada 35 horas y últimamente tenemos cada 27 o 28 horas según diferentes relevamientos. Tenemos cifras mucho mayores a las del 2024”, sintetizó Saccani. Por ejemplo, el Observatorio Mercedes Pagnutti presentó este mes su informe sobre femicidios, trans/travesticidios y lesbicidios en Argentina. Los datos incluyen los crímenes registrados entre el 1° de enero y el 30 de octubre: 226 mujeres, travestis, trans y lesbianas fueron asesinadas por razones de género y el 60 por ciento de los femicidios fueron cometidos por parejas o familiares y ocurrieron dentro de viviendas. Además, relevaron que 108 niños y niñas quedaron sin madre por estos femicidios. Por otro lado, en octubre el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó un informe donde analizan el proyecto de presupuesto 2026 que el Congreso nacional discutirá en sesiones extraordinarias. Consideran que se “consolida el desmantelamiento y la opacidad presupuestaria” que inició en 2024. En este enlace se puede leer el informe completo Entre los datos a resaltar están que el Programa Acompañar y la Línea 144 “si.guen sin partida presupuestaria específica y se elimina definitivamente el Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG), herramienta aplicada hace más de seis años para monitorear el gasto destinado a reducir brechas de género y mejorar la eficiencia del proceso de formulación y control presupuestario”. Detallan que el Plan ENIA (Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia) “se reduce un 85 % respecto a 2025, lo que representa menos del 3 % de lo invertido en 2023” y que “el presupuesto para la Educación Sexual Integral es de apenas $239 millones, equivalente al 2% de lo ejecutado en 2023”. En 2026 “no se prevé capacitar a ningún docente ni asistir a ninguna provincia” y el proyecto pretende “derogar el mecanismo de actualización automática de la AUH y la AUE”. Reclamos a todos los Estados La activista planteó que más allá de que los mayores reclamos están dirigidos a Nación, dado que el ejecutivo nacional tuvo este “corrimiento” y muchas políticas quedaron relegadas a las provincias, sus reclamos son para los tres niveles del Estado. Estableció que se dan situaciones disímiles en el territorio nacional según el color político de cada gestión y del compromiso de cada una con esta agenda. En Rosario y Santa Fe han tenido diversas situaciones. Al formar parte de la Campaña por el Aborto, Saccani comentó que han sido recibibas por autoridades de Salud provinciales y que si bien las políticas de salud reproductiva se sostienen, le preocupan dos aspectos: “Cuando asumió el gobierno no tuvo en cuenta e stock que dejaba la gestión anterior entonces el año pasado hubo demora en la entrega de insumos porque no se hizo la gestión a tiempo. Hay un desbalance y cada tanto hay un periodo de discontinuidad. Y otra cosa que nos preocupa tiene que ver con la injerencia de agrupaciones antiderechos que hasta van a los centros de salud a rezar”. “En este clima de tanta violencia hay muy pocas campañas que hablen de esto. Hay un gran corrimiento de todos los niveles del Estado. Y lo que pasa con la organización y las asambleas es que años anteriores teníamos más disponibilidad para las actividades de la agenda feminista. Estos años son más difíciles y otro signo de estos tiempos es que estamos solventando todo desde la Asamblea. Cambió el diálogo entre los colectivos y las gestiones. Ya desde el año pasado no tenemos boleto gratuito para marchar, algo que complica sobre todo a las compañeras de los barrios que a veces tienen que tomar hasta dos colectivos”, explicó. La marcha coincide con el fin del 38° Encuentro Nacional de Mujeres que este año tiene sede en Corrientes los próximos 22, 23 y 24 de noviembre. Desde la Asamblea saben que algunas todavía estarán de viaje o en pleno regreso pero les pareció importante que la marcha tenga presencia federal por el contexto y además porque se trata de una fecha de relieve internacional, hay movilizaciones en todas las grandes ciudades de Occidente.
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