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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 15/11/2025 05:14
Inteligencia Artificial (Imagen Ilustrativa Infobae) La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados dictaminó un proyecto que busca replicar en la Argentina el modelo europeo de regulación de Inteligencia Artificial (IA), pese a los errores y limitaciones que esa experiencia ya puso de manifiesto. Aunque el dictamen emitido no parezca un texto llamado a convertirse en ley, tiene el valor de mostrar con claridad cómo se viene regulando en nuestro país. En los últimos años, el Congreso se ha acostumbrado a legislar de manera reactiva, apoyándose en preceptos ideológicos y respondiendo apresuradamente a acontecimientos o demandas coyunturales. Así avanzan propuestas de difícil aplicación, que plantean respuestas desproporcionadas, se superponen con el derecho vigente e incluso pueden destruir valor económico. El dictamen sobre IA aprobado reúne todos esos problemas. Plantea restricciones y prohibiciones injustificadas, introduce un régimen de responsabilidad objetiva que colisiona con las disposiciones del Código Civil y Comercial (CCyCN), otorga amplias facultades discrecionales a la autoridad de aplicación —incluida la potestad de suspender actividades en curso— y crea una nueva agencia cuyo financiamiento, bajo un criterio difícil de justificar, es puesto en cabeza de las empresas adheridas al Régimen de Economía del Conocimiento. De prosperar una regulación de estas características, el desarrollo y la difusión de la IA en la Argentina se verían seriamente obstaculizados. No se trata de un problema que afecte a un sector en particular: según una investigación reciente publicada por la OCDE, la adopción de IA podría aportar entre 0,25 y 0,6 puntos adicionales de crecimiento anual de la productividad durante la próxima década, siempre que los gobiernos generen condiciones adecuadas para su difusión. En esa misma línea, un informe publicado por el FMI estima que los avances en IA podrían elevar el PIB mundial hasta un 4% en diez años, pero subraya que la capacidad de cada país para beneficiarse de ese crecimiento dependerá de su nivel de preparación institucional y de sus marcos regulatorios. La Argentina no puede darse el lujo de desaprovechar una oportunidad de esta magnitud. Por eso, cuando el Estado interviene sobre actividades disruptivas como la IA, debe hacerlo con especial prudencia y conforme a las buenas prácticas en materia regulatoria: definir con precisión el problema público, evaluar impactos y comparar alternativas menos restrictivas, utilizar y adaptar los marcos normativos existentes en lugar de crear reglas a medida, asegurar proporcionalidad entre riesgo e intervención y basar cada decisión en evidencia. La ausencia de un marco que consolide estos principios y eleve el nivel de la función regulatoria del Estado es una de las principales deudas institucionales de nuestro país. A lo largo de todos estos años como diputado nacional, lo vi en debates concretos, donde decisiones bienintencionadas terminaron produciendo más costos que beneficios, como pasó con la Ley de Alquileres. Por eso, hacia el final de mi mandato trabajamos en la elaboración de una Ley Marco de Calidad Regulatoria que, basándose en diversas experiencias internacionales, fija estándares y herramientas para asegurar que el Congreso y los distintos organismos del Estado provean un servicio de regulación económica de calidad. Es uno de los proyectos que creo que debería ser parte de las reformas estructurales que el próximo Congreso debe llevar adelante para disminuir la intensidad regulatoria en nuestro país. Más allá de que la Ley Marco pueda sancionarse o no, se trata de una contribución para que, en debates como el de la IA y tantos otros, quienes deban afrontar la regulación puedan animarse a dejar de lado el miedo y los prejuicios, y empiecen a pensar en cómo potenciar los beneficios de la innovación y la competencia.
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