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» Solochaco
Fecha: 14/11/2025 15:59
La Legislatura provincial aprobó la ley que establece controles toxicológicos obligatorios para funcionarios de los tres Poderes del Estado. La iniciativa, conocida públicamente como «rinoscopia obligatoria», surgió de un proyecto impulsado por el diputado Rubén Guillón y propone que todos los agentes estatales con cargos jerárquicos se sometan a estudios periódicos con el objetivo de reforzar estándares de responsabilidad en la gestión pública. La norma también invita a los municipios a incorporarse al esquema para alcanzar a intendentes, funcionarios y concejales. Los costos de los exámenes quedarán a cargo de cada persona obligada a realizarlos. El tratamiento del proyecto incluyó informes previos de organismos especializados, entre ellos la Comisión Provincial de Bioética, que manifestó su aval a la propuesta. Según se explicó durante el debate, el enfoque adoptado considera el consumo problemático como una cuestión de salud, evitando estigmatizaciones, pero sin dejar de lado la relación directa entre la conducta de un funcionario y la responsabilidad pública que desempeña. El control toxicológico seguirá criterios similares a los aplicados actualmente a las fuerzas de seguridad, aunque no se centrará en un único método, pese al nombre con el que se popularizó. El proyecto generó posiciones encontradas dentro del recinto. La diputada Tere Cubells, del Frente Grande, cuestionó la aprobación al considerar que la iniciativa avanza sobre aspectos personales y no garantiza una relación directa entre consumo y desempeño laboral. Desde el interbloque de Juntos por el Cambio, Sebastián Lazzarini apoyó el planteo de Guillón y sostuvo que la medida refuerza la exigencia sobre quienes ocupan cargos públicos. En la misma línea se expresó el legislador y médico Carlos Salom, quien remarcó el impacto que puede tener el consumo en la toma de decisiones estatales. La votación terminó dividida. La ley fue sancionada con 28 votos afirmativos, mientras que Cubells pidió que el proyecto continúe en estudio. Con la aprobación, la provincia avanza hacia un sistema de control regular que busca reforzar estándares de transparencia y responsabilidad en la función pública, a la espera de la adhesión de los municipios para ampliar su alcance.
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