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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 14/11/2025 14:42
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, se refirió a la causa Securitas que investiga el pago de presuntas coimas y aseguró que Kueider no era funcionario de Enersa. El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, se refirió a la causa Securitas que investiga el pago de presuntas coimas en Enersa. En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Rodríguez Signes negó tener “relación de amistad” con los hermanos Tórtul y aclaró: “Yo no hago caza de brujas, quiero poner las cosas donde van. Estamos en un proceso iniciado en el marco de la ley 27.401, que significa que es una autodenuncia de una empresa multinacional que procura la eximición de responsabilidad penal. Para eso hace una auto investigación muy importante y voluminosa y luego hace una autodenuncia y un pacto de colaboración con el Ministerio Público Fiscal por hechos acaecidos en 2018, y esa autodenuncia involucra multiplicidad de sujetos, de personas, de hechos, de tiempos distintos y entre se menciona o investiga la situación generada con un contrato de seguridad efectuado entre el auto denunciante Securitas –que busca su eximición de responsabilidad- y Enersa”. Agregó que “en lo personal, en la época de los hechos yo no tenía ninguna relación con el contratista que es Securitas. Los hermanos Tórtul eran empleados del denunciante, y no hay que sacarle responsabilidad al denunciante-contratista, porque el hecho de que ellos manejaban o no manejaban, no era responsabilidad de Enersa ni del gobierno de la provincia sino del que se autodenunció, de la empresa contratista y deben hacerse cargo de esa situación. Y, además, los imputados no obraban libremente en función de su propio apellido sino que obraban en el marco de un contrato que habían celebrado con Enersa”. Advirtió asimismo que “en ese contexto aparecen chats o comunicaciones internas que abarcan otros casos también, no solamente Enersa, y aparecen menciones al ex gobernador, a funcionarios de la empresa y un montón de gente, que uno de los imputados invoca a otro de los imputados. Y la invocación, traer al diálogo, a la negociación, a la conversación, a otra persona que no forma parte de la comunicación, no constituye ninguna prueba de ningún incumplimiento de los deberes de funcionario público ni del exgobernador Bordet ni de ninguna otra persona que sea mencionada en esas invocaciones”. Como ex síndico de Enersa, Rodríguez Signes explicó el rol de la Sindicatura: “En el caso de este hecho que data de 2018 la función de la Sindicatura es un análisis jurídico formal del procedimiento de contratación. El sistema funciona de la siguiente manera: las gerencias de la empresa formulan un requerimiento que en este caso significa contratación de seguridad; es un tipo de contrato que emerge de las gerencias y empieza a transitar un procedimiento interno de contratación y al final la Sindicatura lo que hace es observar si las reglas de ese procedimiento interno se están cumpliendo o no”. En ese marco, afirmó que “la Sindicatura siempre hace algún tipo de observación, pero en este caso no recuerdo observaciones que hagan a una irregularidad palmaria en el procedimiento, puede haber alguna corrección que se le haya hecho. La sindicatura está constituida por cinco síndicos y puede haberse hecho algún tipo de corrección”. “Todo está en los libros de actas de la empresa, de la Sindicatura, y hoy está en poder del Juzgado porque en abril de 2024 el Juzgado produjo un allanamiento y retiró toda esa documentación. Incluso después hubo otros requerimientos que se han contestado”. Aclaró, no obstante, que “ni remotamente éste es el contrato más importante que tiene Enersa, es realmente muy poco significativo. La Sindicatura apunta a contratos muy relevantes que tiene la empresa, en aquella época estábamos con la Estación Transformadora, por ejemplo. Pero la función de la Sindicatura se cumplió perfectamente bien”. Consultado por su relación con los hermanos Tórtul, sentenció: “A Marcelo Tórtul ni lo conozco, a Claudio Tórtul lo conozco porque es una persona muy conocida en la ciudad de Paraná. No hubo nunca reuniones privadas con él, pero además eso forma parte de la vida de cada uno y si tiene o no pertinencia penal, lo determinará el Juzgado”. Y reiteró: “En base a invocación, ni siquiera es indicio, y en mi caso no hay ninguna; pero en el caso de las personas que han sido mencionadas con nombre y apellido, la invocación no tiene ninguna significación jurídica probatoria en un proceso penal. Entonces me pregunto quién está detrás de esto, porqué se utiliza la información de determinada manera, y no se considera objetivamente en el marco de un proceso judicial”. “No hay que olvidar que los Tórtul eran Securitas. Yo no hago caza de brujas, quiero ver cómo avanza y cómo termina este proceso porque es un proceso que arranca dentro de la ley 27.401, no es solamente contra los Tórtul, es una auto investigación que tiene el propósito concreto de eximir a Securitas de responsabilidad penal, y esa responsabilidad penal se traslada a sus empleados”. También aclaró cómo se realizan las contrataciones en Enersa y afirmó que “el directorio de Enersa, que creo que hoy está compuesto por no menos de cinco directores, es quien decide la contratación de Securitas como empresa de seguridad. Y esos contratos están después controlados por el Tribunal de Cuentas, no son decisiones arbitrarias tomadas entre cuatro paredes y que cada uno hace lo que quiere y le pone el precio que quiere, es todo un procedimiento, como cualquier contratación pública”. En cuanto a la imputación contra el ex senador Edgardo Kueider, aseguró que “no formaba parte del directorio, no tenía ninguna intervención. Al ser una empresa cuyo principal accionista es el gobierno de la provincia, muchas veces el gobernador es quien ejerce esa competencia de participar de las asambleas, y a veces delega o apodera a un funcionario para que concurra a las asambleas y firme las actas, y normalmente lo hacía el secretario General de la Gobernación. Kueider no era un funcionario de la empresa”. Por otra parte, Rodríguez Signes destacó que “es una causa compleja y la provincia inició una investigación administrativa respecto a este tema; está bajo examen porque hay que ver cuál es el posicionamiento que toma la provincia en cuanto socio mayoritario de la empresa respecto de esta situación, si hay daño o no, si va a reclamar o no. Está muy vinculado a cómo se desenvuelve el proceso, pero está en marcha una investigación administrativa en el ámbito de la provincia para saber cómo fue el procedimiento”. Asimismo, explicó que “el fiscal de Estado es el representante de la provincia en juicio y el que hace el control de legalidad, y quien tiene la función de asesorar directamente al gobernador es el secretario Legal y Técnico, que en aquella época era el doctor José Gervasio Laporte (hoy fallecido), y antes había sido Sigrid Kunath” y reiteró que “acá hay invocaciones, que es muy utilizada, pero no tiene el alcance probatorio, ni siquiera indicios”. En cuanto a la tramitación de la causa en San Isidro, provincia de Buenos Aires, dijo que “están hechos los planteos jurisdiccionales acerca de la competencia por parte de los imputados. Pero la jueza se atribuye competencia en función de que las reuniones de la supuesta asociación ilícita que se investiga se habrían producido en su jurisdicción, que abarca hechos de todo el país”. Finalmente, sobre los dichos de Bordet respecto de presiones o exigencias de los Tórtul cuando se produjo la licitación del 911, Rodríguez Signes dijo no recordar “quiénes eran los oferentes de ese contrato”.
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