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Parana » El Once Digital
Fecha: 14/11/2025 09:44
25 años después, juzgan a los acusados de apropiarse de la hija del entrerriano. “La justicia de Entre Ríos encubrió el hecho porque estaba involucrada gente poderosa”, sostuvo el abogado, Diego Dousdebes, que representa a Leonardo Fornerón. Después de 25 años de denuncias, reclamos y maniobras dilatorias, finalmente empezó el juicio oral y público por la apropiación y retención ilegal de la hija de Leonardo Fornerón, un policía de Rosario del Tala, Entre Ríos. En el banquillo hay seis imputados, entre ellos un exjuez, un abogado, el matrimonio que crió a la hija de Fornerón tras una presunta apropiación ilegal y la madre biológica de la menor. El caso, que tuvo repercusión internacional y destapó una trama de complicidades institucionales, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y le valió al Estado argentino una condena por violar derechos fundamentales. Caso Fornerón: el “entorpecimiento de la Justicia de Entre Ríos” que avaló la adopción ilegal y mereció reprimenda de la CIDH Sin embargo, entre las idas y vueltas judiciales, Fornerón pudo ver a su hija una sola vez, cuando ella tenía cinco años. “Se vieron en el casino de Victoria unos escasos minutos”, contó a TN Diego Dousdebes, abogado de Fornerón. Y detalló: “Él le regaló un muñeco, un conejo, y ella a él un dibujo”. En el arranque del juicio por el caso, el letrado señaló que Fornerón se encuentra “muy movilizado, pero sereno”. “Nunca bajó los brazos. Siempre fue muy determinado, siempre peleó por su hija”, destacó. Herida abierta y debate pendiente El inicio del juicio representa un paso clave en la búsqueda de reparar - aunque tarde - el daño que provocó la revinculación imposible entre un padre y su hija, pero también vuelve a exponer fallas profundas en el sistema judicial y en la protección de los derechos de la infancia en el país. “La justicia de Entre Ríos lo que hizo, lisa y llanamente, fue encubrir el hecho porque estaba involucrada gente poderosa”, sostuvo el letrado. Y subrayó: “Estaban defendiendo una práctica habitual para conseguir dinero exprés”. En este sentido, explicó Dousdebes, existe un vacío legal que favorece la impunidad. Caso Fornerón: 25 años después, juzgan a los acusados de apropiarse de la hija de un entrerriano Hoy, el Código Penal argentino contempla delitos como la sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años, la captación agravada por edad y la desaparición forzada. Pero no existe una figura específica para compraventa de chicos. La historia de Fornerón es el símbolo de una deuda legal que la Argentina todavía no saldó. La historia Todo empezó en junio de 2000, cuando la expareja de Fornerón dio a luz una beba en un sanatorio privado de Victoria, Entre Ríos. Un día después, la recién nacida fue entregada a un matrimonio de la ciudad de Buenos Aires, con la intervención directa del Defensor de Pobres y Menores suplente de Victoria, Julio Guaita, quien redactó un acta de guarda provisoria. “La madre entrega la nena a espaldas de Fornerón. Él nunca supo que estaba embarazada”, apuntó el abogado Dousdebes, y agregó: “El matrimonio (adoptante) recibe a la niña y empiezan a trabajar de manera sigilosa para evitar la revinculación con el papá”. Tiempo después Fornerón se enteró de la existencia de su hija por terceros y, aunque la madre en ese momento le negó su paternidad, más tarde una prueba de ADN reveló la verdad. Sin derecho a la identidad A pesar de los reiterados pedidos de Fornerón para recuperar a su hija, la justicia le negó la posibilidad de ejercer su rol de padre. El entonces juez civil de Victoria, Raúl del Valle, firmó el acta de guarda provisoria que permitió la entrega de la nena, basándose en argumentos sin perspectiva de derechos: la falta de un noviazgo formal, la inexistencia de una familia tradicional y la voluntad de la madre de darla en adopción. El dictamen se basó además en un informe pericial según el cual sería “dañino psicológicamente” para la menor cambiar de familia, ya que los “guardadores” eran profesionales y de buena posición económica. También advertía que la restitución podría causarle “inestabilidad emocional y trastornos en el carácter”. “Le entregan la guarda de la nena a los adoptantes basados en el informe de una psicóloga que nunca vio a la menor”, remarcó Dousdebes. Años atrás, en una entrevista con Eltrece, el propio Fornerón expresó su decepción por la resolución judicial: “Me da a entender que porque soy pobre no me entregan a mi hija. Desde que nació la vengo buscando, la quiero conmigo. Quiero criarla”. Y lamentó: “En mi familia quedó un espacio que nadie lo va a llenar”. Un largo camino judicial Ante la falta de respuesta de la justicia local, Fornerón llevó su reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de un proceso de seis años, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en 2012 determinó que los procedimientos relacionados con la adopción y la custodia de menores deben ser manejados con diligencia y celeridad. La Corte IDH declaró ilegal la guarda judicial, ya que se firmó en contra de la voluntad del padre biológico, violando la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código Civil argentino. El tribunal también criticó los estereotipos de género presentes en el caso, subrayando que un padre solo puede ofrecer el mismo cuidado que una madre. Sin embargo, aunque el fallo reconoció los derechos vulnerados de Fornerón, no ordenó la restitución de la custodia, sino un proceso gradual para recomponer el vínculo, que finalmente se interrumpió cuando la hija alcanzó la mayoría de edad. Fornerón continuó entonces su lucha en la justicia penal porteña. En 2018, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 21 procesó a diez imputados como coautores del delito de sustracción y retención de una menor, aunque algunos fueron sobreseídos. Finalmente, la Corte Suprema ordenó investigar el caso y esto derivó en el pedido de elevación a juicio de siete imputados. Funcionarios y profesionales en la mira El fiscal Carlos Mahiques imputó a los padres adoptivos, la madre biológica y varios funcionarios judiciales: el juez civil de Victoria, Raúl del Valle; el abogado Salvador Espona; Paul Reynoso y Ariel Barreto (intermediarios que proveyeron recursos a la madre biológica), el defensor oficial Marcelo Balbi y la psicóloga Daniela Cairuz, señalados porlegitimar un proceso sin sustento legal y vulnerar el derechode Fornerón a ejercer la paternidad. El Defensor de Pobres y Menores suplente, Julio Guaita, fue otro de los señalados, pero su imputación quedó sin efecto por su fallecimiento. Los seis acusados están imputados por sustracción y retención ilegal de una menor de 10 años. “El delito es el mismo con distinto grado de participación”, explicó a TN el abogado de Fornerón, Diego Dousdebes. “Se trata de un delito no excarcelable, con una pena prevista de entre cinco y 15 años de prisión”.
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