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» Elterritorio
Fecha: 14/11/2025 09:25
El juez Roberto Sena de Jardín América requirió el abocamiento de instrucción de una causa, realizado oportunamente por el fiscal de instrucción Jorge Fernández para que se investigue la denuncia hecha por una joven de 18 años que dijo haber sido abusada por tres hombres. jueves 13 de noviembre de 2025 | 18:00hs. Luego de conocerse la denuncia formal por presunto abuso sexual en perjuicio de una joven de 18 años que fue rescatada el pasado domingo 26 de octubre de un camping de San Ignacio en donde fue hallada junto a tres hombres luego de un operativo policial desplegado por pedido del padre de la presunta víctima, se conocieron recientemente detalles en torno a los avances de la pesquisa sobre este caso. El cual, luego de la declaración de los padres en distintos medios provinciales, derivó en la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que entre las acusaciones que se vertieron en torno a lo ocurrido también se apunta a la presunta participación de una banda dedicada a la trata de personas que estaría operando en la zona centro de la provincia. Según pudo saber El Territorio con fuentes vinculadas a la pesquisa, el fiscal de Instrucción Dos de Jardín América, Jorge Fernández, elevó a primera hora del lunes al juez Roberto Sena -titular del Juzgado de Instrucción de esa localidad- el pedido formal de instrucción de una causa por abuso en perjuicio de la denunciante. Y, en paralelo, remitir copias de las actuaciones realizadas hasta el momento al Juzgado Federal de Oberá para que se encargue de investigar la posible comisión de delitos como trata de personas y venta de estupefacientes. Esto último, tiene que ver con la definición de competencia que desde finales de la semana pasada se había planteado en torno al caso, y de la cual dependía la continuidad de las actuaciones judiciales que iniciaron hace varias semanas, y tras la correspondiente denuncia ante la Comisaría de la Mujer de San Ignacio por parte de la joven. Luego de la opinión del fiscal Fernández, fue el juez Sena quien, mediante un reciente dictamen, acompañó el criterio del representante del Ministerio Público Fiscal, de abocarse a investigar si existió abuso en el caso. Y, en paralelo, elevar copias de todas las actuaciones al fuero federal obereño para que se investigue la posible comisión de delitos extraprovinciales. Declaración testimonial Por otro lado, otra de las cuestiones que se conocieron durante las últimas horas con el abocamiento en la causa por presunto abuso, fue la citación a que preste declaración testimonial la propia denunciante en sede judicial. Diligencia que podría concretarse a finales de mes, según reportó una fuente del caso. A partir de lo que pueda decir la joven se espera poder ampliar detalles en torno a los hechos ocurridos el día del procedimiento en el que se concretó el rescate de la muchacha, como de los días previos, y de los vinculos que esta última había tenido días previos con los sospechosos. Cabe recordar que por el caso están bajo la lupa tres personas, entre ellas un efectivo policial, a quien el pasado jueves la Jefatura de la Policía de Misiones confirmó su apartamiento preventivamente de la citada fuerza. Se trata del sargento ayudante Carlos D., quien junto a los otros apuntados está sospechado de abusar sexualmente de la joven de 18 años en un camping de San Ignacio, y de integrar una presunta red de trata de la que la víctima habría logrado salir y denunciar. En torno a la supuesta comisión de delitos federales, desde la Fundación Alameda, se advirtieron una serie de irregularidades que apuntarían a un hecho de explotación sexual y en donde existiría una presunta connivencia por parte de la fuerza policial. Esto último, derivó que el pasado miércoles 5 de noviembre, se radicara una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la fecha, y de acuerdo a lo que pudo confirmar José María Serbín, delegado en el NEA de la Fundación a El Territorio, el organismo nacional ya inició un expediente y trabaja en las investigaciones preliminares (IP) para determinar si el episodio que sufrió la joven -oriunda de Loreto- se enmarca en este delito que preocupó y puso en vilo a toda una comunidad. Lo que surja de estas primeras pesquisas, explicaron, se elevará a la Fiscalía Federal de Oberá para que decida cómo seguir. La mentira del trabajo De acuerdo a la denuncia que realizó la joven en la Comisaría de la Mujer de San Ignacio, el vínculo con uno de los sospechosos se remonta a días antes del operativo. Pareja de una amiga suya, frecuentaban reuniones. “Le tomé confianza (reconoció) y le pedía plata, no todos los días. Pero llegó un momento en que era mucho dinero: como yo no tenía la plata, me decía ‘tenés que hacer otras cosas para devolverme’ y me empezó a dar cocaína para que venda”, relató. Bajo esa dependencia económica y amenazada, la joven cumplió con esas tareas hasta saldar su deuda. “Cuando ya estaba todo, le pagué la cuenta y me ofreció un trabajo en Loreto. Yo acepté, pero como me pagaban muy poco, me ofrecieron otro”, recordó. El día que la citaron para hablar sería el comienzo de lo peor. “Me mandó un remís y me pidió para hablar en el camping (La Familia). Me ofreció el trabajo y yo le dije que tenía que pensar”. Decidida a irse del lugar, la frenó uno de los tres sospechosos -aunque no detenidos- del caso. “Me ofreció acercarme a mi casa, le dije que no- ‘Es muy lejos’, decía, así que subimos al auto y empezamos a tomar; dimos vueltas, volvimos al mismo lugar y empecé a marearme”, recordó. “Cuando llegué a la cabaña sentí como un pinchazo (...) Cuando desperté había 5 hombres al lado mío, me desperté con dolor”, describió. Esa serie de hechos y el modo en que fue engañada motivaron a la Fundación a denunciar lo sucedido ante la PROTEX. Entre los indicios de trata, advirtieron “el engaño en la captación de esta joven por parte de algunas personas, entre ellos alguien vinculado a la fuerza policial de Misiones, y después el hecho de que encontraron a esta persona en una cabaña junto a varios, y que aparentemente fue drogada”. El especialista recalcó que “esta chica fue llevada engañada a un supuesto trabajo, donde es aparentemente captada. Pero además ya había sido captada con anterioridad: la estaban usando específicamente como un soldadito del narcotráfico, que suele ser muy común en redes de trata”. En particular, disparó preocupación el hecho de que uno de los sospechosos fuera un sargento, identificado por la propia víctima. “Mayormente el delito de trata tiene la particularidad de que siempre hay algún funcionario o algún miembro del Estado, ya sea del poder Ejecutivo, del Judicial o del Legislativo. Siempre está la participación de algún funcionario, que ‘libera’ zonas o que es parte de la red para organizarla”, precisó Serbín al referirse al modus operandi con el que funciona la trata de personas. Si bien la construcción de pruebas todavía está en ciernes, lo principal, remarcó, es no dejar pasar un caso así. “Nosotros, ante la duda, lo que inmediatamente hacemos es denunciar esta situación y que la justicia sea la que investigue, que en todo caso si es que no hay trata, se comprobará que no existe y avanzarán sobre los delitos que se configuraron ahí”, añadió en entrevista con Radio Up. Presunto encubrimiento A la sensibilidad del caso se sumaron sospechas de posible encubrimiento institucional y trabas para el normal proceder de la denuncia. Algo sobre lo que Alameda también advirtió en un comunicado difundido en su sitio oficial, que parte de la misma denuncia de Claudio Benítez, padre de la víctima y policía de Loreto, quien acusó que -a una semana de lo acontecido- su familia no había recibido acompañamiento psicológico ni atención de camaradas de la Policía, y tampoco habían sido aceptados para acompañar a su hija a contar lo sucedido. “Benítez cree que no solamente el oficial al que encuentran con su hija dentro de la cabaña estaría involucrado, sino también algunos funcionarios de alto rango de la Unidad Regional XIII de San Ignacio, por el comportamiento que estuvieron ante él, que además era un colega”, señaló Serbín. Sucede que, al momento de radicar la denuncia, al agente “ni a su mujer los dejaron entrar con su hija, una persona vulnerable. Y además no le entregaban la copia de la denuncia a la joven”. Según señaló Serbín, “ante el pedido de la entrega de la copia, la jefa de la Comisaría de la Mujer le había expresado que todavía no la había terminado, que la iban a terminar después”. Otro punto que generó sospechas habría sido el incorrecto secuestro de los celulares de los sospechosos. “No fueron entregados inmediatamente, o a una oficial del área de ciberseguridad que los estaban solicitando”, indicó. Por esta seguidilla de conductas llamativas para un caso de esta complejidad, “apuntamos a varios funcionarios que han tenido una actitud que puede llegar a ser reprochable, que por lo menos entendíamos que sostenían algún tipo de sesgo que podría tratarse de un encubrimiento”, señaló el delegado. Intervención federal Serbín aclaró que el caso podría volver a foja cero de haber pruebas de encubrimiento policial, por contaminación u omisión de evidencia. “Corresponde ahí, en principio, que la Justicia cite al Juzgado o Fiscalía Provincial para evaluar el caso”. Explicó que “cuando hay ya una acción consumada, como la que sucedió en este caso, lo que mayormente hace la justicia federal es solicitar la causa y a partir de ahí comienza todo el proceso de investigación. Será la Justicia la que determine cuándo apartar a la fuerza policial de la instrucción. De momento, el sargento sospechoso fue separado de forma preventiva de sus funciones; al padre de la víctima le dieron licencia y al comisario que intervino en el operativo, Rubén Dos Santos, lo trasladaron a Eldorado.
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