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  • Sturzenegger viaja a Mendoza para hablar sobre la desregulación en la industria

    Parana » Informe Digital

    Fecha: 14/11/2025 09:05

    En los últimos días, el Gobierno llevó adelante una reforma profunda del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que modifica radicalmente el enfoque del organismo y ahora busca dar explicaciones a la industria. Según un informe oficial al que tuvo acceso LA NACION y que detalla punto por punto la desregulación, el INV dejará de supervisar cada etapa de la cadena productiva y eliminará miles de inspecciones y permisos, para concentrarse exclusivamente en que “el producto embotellado que se va a destinar al mercado no sea nocivo”. Todos los controles sobre adulteración y la comprobación de aptitud para el consumo seguirán siendo obligatorios. Este viernes, según supo este medio, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, visitará Mendoza para reunirse en la sede del Instituto con representantes de las cámaras empresarias del sector vitivinícola. El objetivo del encuentro es exponer con detalle el alcance de la reciente medida de desregulación que, según fuentes oficiales, “ha sido bien recibida por los bodegueros”. A la reunión asistirán autoridades del INV, cuyo presidente es Carlos Tizio Mayer, junto a funcionarios del Ministerio de Desregulación y del Ministerio de Economía de la Nación, en el marco de una agenda destinada a fortalecer el diálogo con la industria vitivinícola y a evaluar su impacto en la competitividad del sector. En ese marco se difundió un informe que detalla los puntos que apuntan a la desregulación de la industria del vino, cuyo propósito es simplificar trámites y reducir los costos de la actividad. Tal como anticipó el ministro de Desregulación en la red social X, la resolución 37/2025 elimina 140.000 permisos y 3000 inspecciones anuales para bajar costos productivos de la actividad. La desregulación busca reactivar viñedos ociosos, ya que, según justificaron, la Argentina —con un 41% más de superficie plantada que Chile— produce la misma cantidad de vino. Federico SturzeneggerNicolás Suárez Del informe se desprende que la Argentina tiene 200.000 hectáreas de vid plantadas, mientras que Chile tiene 117.000 hectáreas (un 41% menos de superficie). Así, ambos países producen el mismo volumen de vino: unos 900 millones de litros al año. A partir de la reforma, los controles de trazabilidad, como el origen, la añada o el varietal, pasarán a ser optativos y dependerán “según necesidades comerciales de cada productor”. El único control obligatorio que permanecerá es la verificación de aptitud para el consumo. El documento explica que esto se debe a que en Argentina “hay viñedos con capacidad ociosa o directamente abandonados, cuya producción no se está utilizando porque a sus dueños no le es rentable”. La meta de la desregulación es reducir costos y la burocracia para que “muchos de esos viñedos hoy improductivos vuelvan a activarse”. Las últimas modificaciones suprimen trámites en todas las etapas de la cadena. En los viñedos, se elimina la obligación de declarar “datos operativos irrelevantes” como el modelo de los tractores, el método de cosecha o las técnicas de riego. Los datos relevantes se tomarán del Renspa (Senasa). En tanto que los ingreso a Bodega (CIU), el viejo CIU, se reemplaza por una “Certificación de cosecha” opcional. Además, el productor podrá elegir la frecuencia de presentación de esta certificación (por camión, semanal, mensual o anual). Indicaron que se eliminan las inspecciones presenciales del INV dentro de las bodegas que estaban orientadas a controlar stocks o etapas del proceso antes de que el vino estuviera terminado. El viejo CIU se reemplaza por una “Certificación de cosecha” opcional En tanto que las declaraciones eliminan la obligación de informar mensualmente los litros elaborados, antes utilizados para control de stock. En dos de los cambios más significativos, se eliminan los permisos de traslado para vino a granel y los productores ya no deberán esperar la aprobación previa del INV para sus etiquetas. El único trámite obligatorio que se mantiene es la solicitud de “Libre circulación”, que tiene como único fin verificar que el vino es apto para el consumo humano.

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