13/11/2025 00:04
13/11/2025 00:04
13/11/2025 00:03
13/11/2025 00:02
13/11/2025 00:01
Parana » ER 24
Fecha: 12/11/2025 22:06
Miguel Marizza: El empresario entrerriano en chats que complican a Bordet Trayectoria personal y profesional Miguel Ángel Marizza, de unos 70 años, es un empresario multifacético de Entre Ríos con décadas de actividad en los negocios y la política. Sus inicios fueron en la función pública provincial: en los años ‘80, el entonces gobernador Jorge Busti lo designó al frente de la empresa energética provincial (EPEER), cargo al que renunció tras cuestionamientos por un contrato de electrificación de 60 millones de dólares. Durante el gobierno de Carlos Menem en los ‘90 ocupó puestos nacionales: fue viceinterventor de Gas del Estado –integró el comité de privatización de la empresa– y luego subgerente general del PAMI, acompañando a Carlos Alderete. En ambas gestiones enfrentó denuncias de corrupción (por ejemplo, la adjudicación directa de un polémico proyecto “Pamicine” a un amigo suyo), aunque las causas no prosperaron o prescribieron con el tiempo. A partir de fines de los ‘90, Marizza se volcó de lleno al sector privado y construyó un verdadero imperio empresarial en Entre Ríos. Su empresa insignia es la constructora Construcciones Caballi S.A. (a veces citada como “Cavalli”), con sede en Paraná. A través de Caballi S.A., Marizza devino uno de los principales contratistas de obra pública de la provincia, al punto de ser mencionado en la prensa como “el Lázaro Báez II de Entre Ríos”. Su constructora –frecuentemente aliada en UTE con otras firmas locales– ganó licitaciones emblemáticas durante las gestiones justicialistas. Por ejemplo, integró la unión de empresas que se adjudicó la construcción del Centro de Convenciones de Paraná previo a la Cumbre del Mercosur 2014, una obra de alrededor de $100 millones. También participó en numerosos proyectos de viviendas, escuelas, caminos y otras obras públicas en la provincia, formando un selecto grupo de cuatro grandes constructoras que se reparten los contratos oficiales en Entre Ríosu. Marizza incluso ha ocupado cargos gremiales empresariales: fue vicepresidente segundo de la Cámara de la Construcción de Entre Ríos y vocal de la Cámara Argentina de la Construcción, lo que evidencia su influencia en el sector. Pero sus negocios no se limitaron a la construcción. Marizza diversificó inversiones en rubros variados. Es propietario de Verter S.A., concesionaria de la primera explotación de termas turísticas en Concordia. Incursionó además en el entretenimiento nocturno mediante la firma Altos de La Toma S.A.: fue dueño de varios boliches en la costanera de Paraná y en 2013 obtuvo la concesión del edificio del ex Museo de la Ciudad, donde inauguró el bar-pub “Ortiz”. Este perfil empresarial heterogéneo –constructor, desarrollador inmobiliario, gastronómico, etc.– le valió a Marizza el calificativo de “multifacético empresario”, conocedor de los recovecos tanto del mundo privado como del Estado. Vínculos con el poder político entrerriano La trayectoria de Marizza ha estado entrelazada con el poder político provincial desde sus comienzos. Tras su paso por cargos públicos bajo el ala de Busti y luego de Menem, Marizza tejió estrechas relaciones con los sucesivos gobiernos peronistas de Entre Ríos. Durante la gestión del gobernador Sergio Urribarri (2007-2015), Marizza fue señalado como uno de los empresarios favoritos para la obra pública, resultando adjudicatario frecuente de contratos millonarios. Su constructora Caballi S.A. formó parte de un reducido “club” de compañías –junto a las de Néstor Iván Szczech, Daniel Hereñú, Rubén Grasso, entre otros– que prácticamente decidían “quién y qué se construye en Entre Ríos”, según investigaciones periodísticas de la época. De hecho, Marizza y sus socios llegaron a prepararse para proyectarse a nivel nacional si Urribarri concretaba su frustrada candidatura presidencial de 2015, creando empresas habilitadas para contratar con el Estado nacional. Esta red de influencia muestra cómo Marizza supo acomodarse como pieza clave en el entramado político-empresarial entrerriano. Bajo la administración de Gustavo Bordet (2015-2023), Marizza mantuvo su presencia e intereses, aunque de forma más discreta. Uno de los indicios de su cercanía al círculo de Bordet fue revelado en 2016, cuando trascendió que el ministro de Economía provincial, Hugo Ballay, residía en un lujoso departamento que no estaba a su nombre sino a nombre de Mutaka S.A., una sociedad propiedad de Miguel Ángel Marizza y su esposa. El edificio, ubicado en una codiciada zona de Paraná, alberga el piso donde Ballay vivió varios años; esa unidad figura registrada formalmente como activo de la empresa de Marizza. El hecho de que un ministro clave habitara un inmueble de un contratista con negocios millonarios con el Estado generó sospechas de conflicto de intereses, dado el evidente vínculo personal y financiero entre el funcionario y el empresario. Cabe destacar que Ballay fue hombre de máxima confianza tanto de Urribarri (fue su jefe de Gabinete) como de Bordet, lo que sugiere que la influencia de Marizza se extendió a lo más alto del gobierno provincial a través de estas conexiones. Más allá de casos puntuales, Marizza ha construido una red de contactos que incluye a políticos de peso, funcionarios y hasta miembros del Poder Judicial entrerriano. Su domicilio fiscal (Junín 658 de Paraná) ha figurado como dirección de múltiples empresas ligadas a personajes influyentes: allí registraron firmas comerciales familiares directos del exgobernador Urribarri, así como parientes de la ex presidenta del Superior Tribunal de Justicia Claudia Mizawak. Esta coincidencia revela la cercanía de Marizza al círculo de poder dominante en la provincia durante años. En resumen, Miguel Marizza ha sabido alternar entre roles de operador político (en la sombra) y proveedor privilegiado del Estado, generando lazos de conveniencia mutua con cada administración entrerriana. Causas judiciales e investigaciones El nombre de Marizza ha aparecido en numerosas investigaciones judiciales y escándalos públicos vinculados a corrupción, aunque hasta ahora ha eludido condenas firmes. Uno de los casos más resonantes fue la Causa Cumbre del Mercosur: una investigación por sobreprecios en las obras realizadas para la cumbre internacional en Paraná en 2014. Marizza, cuya empresa obtuvo contratos para ese evento, fue imputado junto a otros tres grandes constructores por fraude a la administración pública. En 2022 lograron evitar el juicio oral mediante una probation: aceptaron pagar en conjunto $10 millones en concepto de resarcimiento y donaciones, a cambio de la suspensión del proceso. De ese monto, Marizza debía aportar unos $2,5 millones. Así, el empresario reconoció en los hechos haber cobrado sobreprecios al Estado –aunque sin asumirlo explícitamente–, consiguiendo zafar de una posible condena mediante el pago acordado y trabajos comunitarios, mientras la única funcionaria imputada (Alicia Benítez, ex titular de Vialidad) continuó a juicio. Este desenlace, criticado por la oposición y la prensa, fue visto como un castigo leve dado el perjuicio millonario detectado. Otra mancha en el historial de Marizza fue su implicación en una gran estafa fiscal contra la AFIP. Entre 2010 y 2015, una asociación ilícita de abogados y contadores ofrecía a empresas con deudas impositivas unos certificados de pago falsos para cancelar sus obligaciones, en un esquema que defraudó al fisco por al menos $84 millones. Marizza, como presidente de Caballi S.A., utilizó esos certificados “mellizos” para compensar deudas de IVA por unos $386.000. Cuando la maniobra fue descubierta, alegó que él también había sido estafado por los gestores y que incluso colaboró con la investigación aportando pruebas. Finalmente, en 2019 la Cámara Federal de Apelaciones sobreseyó a Marizza aplicando el principio de “ley más benigna”: una reforma legal elevó a $500.000 el mínimo para que la evasión tributaria sea delito, por lo que el monto defraudado (que Marizza terminó pagando retroactivamente) quedó por debajo del umbral penal. En síntesis, eludió el juicio por un tecnicismo legal, lo que llevó a medios locales a titular que Marizza “volvió a salirse con la suya” en tribunales. Organismos como la AFIP apelaron esa interpretación por considerarla errónea, pero hasta el momento el empresario no enfrenta cargos por este hecho. Retrocediendo en el tiempo, Marizza también fue investigado –sin consecuencias– en anteriores escándalos. A fines de los ‘90 afrontó acusaciones por su rol en la privatización de Gas del Estado (donde se lo denunció por supuestas coimas, causa que prescribió) y por las irregularidades en el PAMI bajo la gestión Alderete. Más recientemente, en 2013, estuvo envuelto en una polémica municipal cuando organizó una masiva Fiesta de la Primavera en San Benito con apoyo del intendente, en la cual la sobreventa de entradas provocó un caos y reclamos de los asistentes Aunque este episodio no derivó en causas penales, sí dañó su imagen pública a nivel local. El capítulo más reciente que salpica a Miguel Marizza proviene de la llamada “Causa Securitas–Enersa”, un expediente federal por supuestos sobornos pagados para mantener contratos de la empresa de seguridad Securitas con la eléctrica provincial Enersa. En noviembre de 2025, el diario La Nación reveló que los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul –ex directivos de Securitas en Entre Ríos, hoy procesados– intercambiaron más de 25.000 páginas de chats de WhatsApp donde mencionan cerca de 100 veces al exgobernador Gustavo Bordet como partícipe o beneficiario de coimas. Entre esos mensajes emergen referencias directas a Marizza, implicándolo en al menos una operación bajo la lupa. En una conversación de junio de 2017, Claudio Tórtul le escribe a su hermano: “Le dije le llame a Varisco (intendente de Paraná) Bordet x hipódromo q nos ayude para q lo compre yo y Marizza”. La frase sugiere que Bordet habría dado visto bueno para que el entonces intendente Sergio Varisco facilitara la venta del predio del ex Hipódromo de Paraná a un consorcio privado integrado por el propio Tórtul y Miguel Marizza. Se trata de un terreno enorme y codiciado donde originalmente se proyectó un shopping; finalmente solo se desarrollaron emprendimientos menores, y según la investigación los Tórtul “se habrían quedado con una parte de ese terreno”. La mención de Marizza como socio en la posible compra del hipódromo –coordinada con la venia del gobernador y del intendente– despierta sospechas de una operación inmobiliaria irregular, potencialmente amañada en favor de amigos del poder. No es la única alusión a Marizza en los chats comprometedores. En otra cadena de mensajes, Marcelo Tórtul critica al gobernador Bordet y cita la opinión del empresario: “Marizza para mí tiene razón… Bordet me parece medio boludo con las cosas que hace. Pero es el gobernador”. Esta confidencia evidencia que Marizza formaba parte del círculo de confianza de los Tórtul e intercambiaba con ellos puntos de vista sobre la coyuntura política, incluyendo juicios peyorativos hacia Bordet. Además, de acuerdo a los investigadores, tras la muerte del principal enlace (José “El Negro” Laporte, ex secretario Legal y Técnico) en 2020, los implicados mencionan en las conversaciones a un nuevo intermediario apodado “Hugo”, que sería Hugo Ballay, ministro de Economía de Bordet. El hecho de que Ballay –íntimo colaborador de Bordet– aparezca como sucesor de Laporte en la línea de coimas refuerza la conexión: recordemos que Ballay vivía en un departamento propiedad de Marizza, lo cual agrega una pieza más al rompecabezas de relaciones entre el empresario y los gestores del esquema corrupto. Por ahora, ni Gustavo Bordet ni Miguel Marizza han sido formalmente imputados en la causa Securitas; las referencias surgen de chats entre terceros y no de pruebas directas. El exgobernador emitió un comunicado negando enfáticamente haber formado parte de “ningún sistema de coimas o maniobras ilícitas” vinculadas a Securitas y Enersa, y alegó que jamás tuvo trato con los hermanos Tórtul, sugiriendo que invocaron su nombre sin su conocimiento. Bordet se desmarcó sosteniendo que a veces se usa el nombre de una figura de poder “como excusa para facilitar negociaciones” ajenas. Marizza, por su lado, no ha hecho declaraciones públicas sobre este asunto hasta el momento. Sin embargo, la difusión de estos mensajes lo coloca nuevamente en el ojo de la tormenta. Chats de WhatsApp, sobornos y un negocio inmobiliario turbio en el corazón de Paraná configuran un escándalo de alto voltaje político. Y en su centro, aunque sea en las sombras, vuelve a aparecer la figura de Miguel Ángel Marizza, protagonista recurrente cuando se escarba en la trama de connivencia entre empresarios y poder en Entre Ríos.
Ver noticia original