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Paraná » 9digital
Fecha: 12/11/2025 16:16
Las federaciones de sindicatos de docentes universitarios Conadu y Conadu Histórica convocaron a un paro nacional de 72 horas para este miércoles, jueves y viernes en todo el país, en reclamo de la reapertura de la negociación paritaria y el incumplimiento del Gobierno de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial. Se suman este jueves los trabajadores administrativos y de servicios. La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) que representa al sector en la UNER adhirió a la medida. En tanto, la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (APUNER) que agrupa a los trabajadores administrativos y de servicios decidió plegarse a la medida de fuerza sin concurrencia a los lugares de trabajo, pero sólo este jueves, en la segund ajornada de huelga docente. La medida de fuerza de las Conadu fue anunciada para este miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 en todas las universidades nacionales del país. Además, los sindicatos advirtieron que pondrán en consideración que no inicie el ciclo lectivo 2026, ante la falta de respuestas del gobierno de Javier Milei. La decisión surge en respuesta al deterioro de los salarios de los profesores y del personal no docente, que acumularía cerca del 40% en promedio desde diciembre de 2023, en un contexto de parálisis de las conversaciones salariales. “Venimos de todo el año sin convocatoria a paritarias, con aumentos por debajo de la inflación. Un 1 por ciento automático. Ningún tipo de recomposición con el atraso salarial. Hemos perdido del 40 al 60 por ciento de nuestros sueldos, según la categoría“, ejemplificó Laura Naput, docente de Sitradu, el otro gremio de docentes con presencia en la UNER. La conflictividad con los universitarios se mantuvo latente en todo 2025, y ahora suma un nuevo capítulo tras el conjunto de paros y movilizaciones de las casas de estudio para apoyar la Ley de Financiamiento Universitario, que se vio jaqueada en varias oportunidades por el Gobierno, reseó Infobae. La legislación había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación, y luego vetada por el presidente Javier Milei. Si bien aquella derogación presidencial posteriormente resultó nuevamente rechazada – al no obtener los dos tercios necesarios para sostener el veto-, el Poder Ejecutivo se las ingenió para promulgarla, pero suspendiéndola de hecho con el argumento de que el Congreso debe determinar las fuentes de financiamiento.
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