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Usuhahia » Diario Prensa
Fecha: 12/11/2025 13:16
Muerte de una beba que había registrado en los monitores sufrimiento fetal. La ginecóloga Valeria Pastori y el obstetra Rodolfo Pérez, acusados de homicidio culposo, declararon en el juicio oral por la muerte de una recién nacida en la Clínica CEMEP en 2015. Ambos continúan prestando servicios en el mismo centro de salud. Durante el juicio oral que se desarrolla en Río Grande por la muerte de una recién nacida ocurrida en noviembre de 2015, declararon los médicos imputados Valeria Pastori y Rodolfo Guido Pérez, ambos con más de diez años de trayectoria profesional en la Clínica CEMEP, donde se produjo el hecho. Pastori relató que la paciente no presentaba factores de riesgo que hicieran necesario un monitoreo fetal continuo ni que impidieran la inducción del parto natural. Explicó que se trató de una “indicación electiva y aconsejable”, criterio que suelen adoptar algunos profesionales, por sobre la realización de una práctica quirúrgica. Según la profesional, la paciente fue controlada en varias oportunidades a lo largo de su internación con un monitor fetal portátil, aunque no pudo precisar la cantidad de registros realizados. Consultada sobre por qué no se utilizó el equipo fijo de la clínica —que imprime los trazados del ritmo cardíaco fetal—, respondió que “no lo consideré necesario”. Pastori insistió en que la paciente no evidenciaba signos de riesgo ni síntomas que justificaran la adopción de un protocolo de monitoreo permanente. Agregó que, una vez rota la bolsa, se la conectó al monitor fetal del centro asistencial, el cual registró valores normales hasta alrededor de las 16.20, cuando se detectó un descenso en la frecuencia cardíaca. Durante la audiencia, la médica llevó al recinto un dispositivo de monitoreo para exhibirlo ante los jueces y explicó que a las 16.51 se practicó una cesárea de urgencia. “El bebé nació sin signos vitales. Se le realizaron maniobras de reanimación, pero no respondió”, relató. Respecto de la causa del fallecimiento, Pastori mencionó que se debió a la existencia de una patología denominada vasculopatía fetal trombótica, una condición que —según explicó— “puede tener factores predisponentes, pero no es posible detectar clínicamente antes del parto, solo mediante estudios de placenta posteriores”. En relación con el principal cuestionamiento de la acusación, referido a la demora en la intervención quirúrgica —ya que la paciente fue internada a las 8.30 y la cesárea se realizó casi ocho horas después—, la médica insistió: “El resultado no hubiera sido distinto con un monitoreo constante. Lo que ocurrió fue imprevisible e inevitable”. Por su parte, el obstetra Rodolfo Guido Pérez optó por no relatar los hechos y solicitó en cambio al Tribunal remitirse a su declaración de la etapa de instrucción. Tras algunas aclaraciones técnicas, guardó silencio. El Tribunal de Juicio, presidido por los jueces Pedro Fernández, Fernando González y Eduardo Boccardo, dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles, cuando está previsto que declaren los padres de la bebé fallecida y los testigos convocados. La Fiscalía está representada por Mónica Macri; la defensa de los médicos por Francisco Ibarra; y la querella, por José Velazco.
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