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Usuhahia » Diario Prensa
Fecha: 12/11/2025 13:15
Están imputados dos médicos por mala praxis y la empresa por daños y perjuicios. Los profesionales están acusados de homicidio culposo y el reclamo civil asciende a 35 millones de pesos. Los hechos se remontan al año 2015. El martes 11 de noviembre comenzó en Río Grande el juicio oral y público contra la ginecóloga Valeria Pastori y el obstetra Rodolfo Guido Pérez, acusados de ser responsables de la muerte de una recién nacida ocurrida en noviembre de 2015 en la Clínica CEMEP. Los padres de la bebé fallecida impulsan además una demanda civil contra la institución médica por una indemnización de 35 millones de pesos. Durante la primera jornada, la médica tocoginecóloga imputada declaró ante el Tribunal, expuso su versión de los hechos y presentó un informe técnico sobre las causas del deceso. También respondió las preguntas formuladas por las partes. Luego fue el turno del obstetra acusado, quien pidió que se leyera su declaración indagatoria tomada con anterioridad y posteriormente respondió a las consultas de la defensa. El Tribunal de Juicio, presidido por los jueces Pedro Fernández, Fernando González y Eduardo Boccardo, dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles 12 de noviembre, momento en que está previsto que declaren los padres de la bebé fallecida y otros testigos convocados. Según la acusación fiscal, los dos profesionales habrían actuado con impericia al momento de asistir a la paciente, al no tomar en cuenta los resultados del monitoreo fetal que indicaban sufrimiento y urgencia para realizar una cesárea. La demora en la intervención habría derivado en el fallecimiento de la criatura. El hecho ocurrió el 16 de noviembre de 2015, cuando la mujer ingresó a la Clínica CEMEP a las 8.30 para la inducción del parto. De acuerdo con el expediente, la paciente fue sometida a controles de monitoreo y, más tarde, los profesionales decidieron practicar una cesárea al constatar signos de sufrimiento fetal. Sin embargo, la intervención se realizó recién alrededor de las 16, es decir, siete horas y media después del ingreso. Tras el fallecimiento de la bebé, la familia denunció presunta mala praxis. La investigación judicial incluyó una autopsia y estudios complementarios realizados en Buenos Aires por el equipo pericial de la Suprema Corte de Justicia. Los informes concluyeron que la causa de la muerte fue una alteración en los vasos sanguíneos de la placenta que interrumpió el flujo de oxígeno y sangre hacia el feto, provocando una asfixia intrauterina. Además de la imputación penal a los dos profesionales, los querellantes mantienen una acción civil contra la Clínica CEMEP, en la que reclaman una indemnización de 35 millones de pesos por daños y perjuicios. En el proceso, el Ministerio Público Fiscal está representado por la fiscal Mónica Macri; la defensa de los imputados está a cargo del abogado Francisco Ibarra; y la querella, por José Velazco.
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