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Parana » Entremediosweb
Fecha: 12/11/2025 11:55
El juicio por jurados que busca esclarecer la muerte de Gabriel Gusmán, ocurrida en septiembre de 2018 en barrio Capibá de Paraná, continúa este miércoles en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) con nuevas declaraciones testimoniales. Los policías Oscar Ricardo Molina y Diego Sebastián Íbalo están acusados del delito de homicidio agravado, y el proceso avanza con audiencias diarias desde el inicio de la semana. El juez técnico del debate es el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo. La querella está a cargo de los abogados José Iparraguirre y Rubén Pagliotto, mientras que la defensa de los imputados es ejercida por los letrados Miguel Cullen, Patricio Cozzi y Daniel Rosatelli. Testimonios y declaraciones clave Durante la jornada del martes declararon los testigos aportados por la querella, entre ellos Daniel Suazo, señalado como testigo presencial del hecho. “Fue un testigo objetivo, sincero y respondió a todas las preguntas de las partes”, indicó Iparraguirre, quien además destacó la emotiva declaración de la hermana y la madre de la víctima, quienes relataron el dolor y las consecuencias familiares tras la muerte de Gabriel. “Estamos absolutamente convencidos con las pruebas recabadas durante la investigación y con lo que aportamos en el plenario, que Gabriel Gusmán fue ultimado por la espalda sin necesidad, porque se estaba fugando, había móviles que lo perseguían, pero detuvo su marcha y levantó los brazos en señal de rendición, y recibió un disparo en el cráneo”, explicó a Elonce el abogado querellante. “Un testigo absolutamente fiable” Sobre la declaración de Suazo, Iparraguirre sostuvo: “No solo vio y escuchó los hechos, sino que se acercó a los funcionarios policiales luego de la muerte de Gusmán y los increpó diciéndoles ‘por qué lo habían matado’. Uno de ellos respondió ‘porque nos tiró’, pero él les pidió que no mintieran porque Gabriel nunca les disparó. La sinceridad de su testimonio da cuenta de lo sucedido el 25 de septiembre de 2018 y lo convierte en un testigo absolutamente fiable”. Pruebas científicas y reconstrucción La querella califica el delito como homicidio agravado por alevosía, con la agravante por ser policías y por el uso de arma de fuego, cuya pena máxima es la prisión perpetua. Para los próximos días se prevé la declaración de personal de Gendarmería Nacional, funcionarios policiales que intervinieron en las primeras actuaciones y el médico forense del STJ, José Luis Moyano, quien realizó la autopsia y explicará cómo ingresó la bala y cómo fue el deceso de la víctima. Además, el viernes al mediodía se realizará la reconstrucción de los hechos en barrio Capibá, un procedimiento clave para analizar las posiciones y trayectorias de los disparos. Siete años de búsqueda de justicia La querella remarcó que restan pruebas científicas y testimonios de cargo que consideran fundamentales para respaldar la acusación. “Analizar los dichos de los testigos y la veracidad de los mismos será parte de la tarea que corresponde a las partes en este tramo del juicio”, señaló Iparraguirre. El abogado también recordó que, en los primeros momentos de la investigación, hubo irregularidades en la recolección de pruebas por parte de la Policía de Entre Ríos. “Se juzga el accionar de dos policías que, en función de su trabajo, cometieron un hecho delictivo. Por eso es tan importante este juicio”, expresó. La jornada del martes fue especialmente dura para los familiares de la víctima, que contaron con el acompañamiento de integrantes de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que viajaron desde distintas provincias para respaldar el pedido de justicia. Sobre el caso Gabriel Guzmán Gabriel Gusmán, de 24 años, murió el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá, en la zona sudeste de Paraná. Aquella tarde, un móvil policial acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una supuesta pelea o intercambio de disparos entre grupos del barrio. El patrullero -en el que se encontraban los dos efectivos de la Policía que ahora son juzgados- intervino en la escena. Durante ese operativo, Gusmán recibió un disparo de arma de fuego que ingresó por la nuca y murió en el lugar. La versión policial sostuvo desde un primer momento que los agentes actuaron en legítima defensa, al sentirse amenazados durante el procedimiento. En cambio, la familia de la víctima y organizaciones de derechos humanos denunciaron que se trató de un caso de uso excesivo de la fuerza, afirmaron que el joven no estaba armado y sostuvieron la hipótesis de una ejecución como “gatillo fácil”. La investigación atravesó idas y vueltas durante los años posteriores. En un primer momento, el Ministerio Público Fiscal resolvió archivar la causa, argumentando falta de pruebas para avanzar contra los efectivos involucrados. Ante esa decisión, la familia de Gusmán, junto con organismos de derechos humanos, impulsó acciones para evitar el cierre del expediente y reclamó la imputación de los policías. La insistencia logró su objetivo: la causa fue reabierta y se ordenaron nuevas medidas de prueba. Finalmente, en 2024, la Justicia resolvió que el caso fuera elevado a juicio por jurados, con los dos policías sentados en el banquillo acusados. El jurado popular deberá determinar si se trató de un actuar legítimo en cumplimiento del deber o de un homicidio cometido por agentes del Estado.
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