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» Santo Tome al dia
Fecha: 12/11/2025 06:20
El Gobierno nacional dispuso la derogación del Decreto 2417/1993, una norma que regulaba desde hace más de tres décadas la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada. La decisión fue oficializada en la madrugada de este martes, a través del Decreto 787/2025 publicado en el Boletín Oficial. Con esta medida, queda sin efecto el sistema de control estatal sobre los aranceles que debían cumplir los colegios privados, eliminando así la obligación de informar y obtener autorización previa para modificar los montos de cuotas y matrículas. Según los fundamentos del decreto, la normativa derogada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza a las realidades educativas y económicas del país”. El texto destaca que el sistema vigente respondía a un esquema centralizado de los años 90, cuando el Gobierno nacional administraba directamente la educación, situación que cambió con la transferencia de competencias a las provincias. El Ejecutivo sostiene que el régimen anterior “perjudicaba la sostenibilidad de los establecimientos y, por ende, el derecho a una educación de calidad”. También argumenta que el sistema de control de precios provocaba “efectos contraproducentes”, dificultando la viabilidad económica de las instituciones privadas y su capacidad de respuesta ante la inflación y los costos operativos. Asimismo, el decreto advierte que, ante la incertidumbre que generaba la intervención estatal, muchos colegios optaban por fijar aranceles más altos de lo necesario, como forma de precaución. Esta situación, aseguran, terminaba afectando a las familias, que debían asumir costos educativos más elevados desde el inicio del ciclo lectivo. Otro de los puntos remarcados en el texto es la necesidad de respetar el derecho de propiedad y la libertad de contratación de los institutos privados, incluyendo la posibilidad de definir salarios y condiciones laborales sin autorización previa del Estado. Finalmente, el decreto instruye al Ministerio de Capital Humano para que, a través de la Secretaría de Educación, revise y proponga modificaciones al Decreto 2542/1991, base normativa del sistema de financiamiento de la educación privada. El objetivo, según se indica, es avanzar hacia un modelo de libre contratación, que permita a los colegios “definir sus políticas de precios y compensaciones en función de las demandas del mercado”.
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