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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 12/11/2025 04:56
Es hora de adoptar una nueva estrategia para diversificar las fuentes de financiamiento de la ONU (Foto: Reuters/Carlo Allegri) La Organización de las Naciones Unidas (ONU) atraviesa la crisis financiera más aguda de su historia reciente y su futuro está en juego, en términos de sostenibilidad y relevancia política. Con un déficit acumulado que supera los 5 mil millones de dólares entre el presupuesto ordinario y las operaciones de mantenimiento de paz, la falta de liquidez del organismo socava la confianza en su capacidad de operar y cumplir con los mandatos principales. En el centro de la fragilidad financiera está su dependencia de las contribuciones de los Estados Miembros. También incide la falta de potestad para generar ingresos propios, emitir deuda, cobrar impuestos globales o crear reservas autónomas significativas. El presupuesto ordinario para 2025 ronda los 3.7 mil millones de dólares y el de las operaciones para el mantenimiento de la paz supera los 5.6 mil millones de dólares. Estados Unidos es uno de los pilares fundamentales del financiamiento, aportando el 22% del presupuesto ordinario, lo que equivale a más de 800 millones de dólares al año. China, en segundo lugar, aporta el 15.25%. Los siguen Japón (8.03%), Alemania (6.11%) y el Reino Unido (4.56 %). América Latina aporta, en conjunto, entre el 6 y el 7%. Los principales contribuyentes son Brasil (2.95%), México (1,25%), Argentina (0.91%), Chile (0.46%), Colombia (0.25%) y la mayoría del resto de la región está muy por debajo del 0,05%. Paradójicamente, algunos de los miembros que más pagan son también los que más deben. Estados Unidos mantiene una deuda de 1,5 mil millones de dólares y China otra de 1,1 mil millones de dólares. Otros países con saldos pendientes significativos son Rusia, México, Arabia Saudita, Egipto, Nigeria, Cuba y Venezuela. Según Pew Research Center, a septiembre 2025, 92 países de 193 no habían pagado sus cuotas al presupuesto ordinario. Estos incumplimientos afectan objetivos y programas, como los de desarrollo sostenible o prevención de conflictos, que requieren compromisos financieros constantes y predecibles. Ante esta situación, el secretario general ha lanzado una reforma administrativa conocida como “ONU 80”, que busca reducir costos, fusionar agencias y trasladar oficinas de Nueva York y Ginebra a países con menores costos operativos. Sin embargo, sin una solución estructural a la cuestión del financiamiento, estas medidas serán apenas paliativos frente a un problema sistémico, ya que los desafíos financieros de la ONU no son solo económicos, sino que exponen el compromiso cada vez más reducido de los países con el organismo. Si todos exigen y pocos pagan, el apoyo financiero a la ONU se resiente, incluso cuando las necesidades globales exigen más acción colectiva, no menos. Consecuentemente, es hora de adoptar una nueva estrategia para diversificar las fuentes de financiamiento de la ONU, recurriendo a actores no gubernamentales como empresas, fundaciones y organismos financieros internacionales. La colaboración público-privada (CPP) ya ha demostrado ser una vía para aliviar la presión financiera en algunos de sus programas (ha sido el caso del Pacto Global, la Alianza Global para las Vacunas e Inmunización y el Fondo Verde para el Clima, entre otros ejemplos). También se han presentado iniciativas como la aplicación de tasas sobre emisiones de carbono o contribuciones del sector tecnológico que podrían financiar programas sin condicionar la independencia política del organismo. Lo que está claro es que los Estados Miembros deben encontrar medios adecuados para superar el ahogo financiero que enfrenta el organismo, atrapado entre la dependencia política y la urgencia económica. Desmantelarla sin ofrecer una alternativa sería un error histórico. La ONU, con sus imperfecciones, sigue siendo el foro central para la diplomacia global y la plataforma más representativa para la acción colectiva. Lo correcto es hacerla más eficaz con la potestad de acceso a fuentes adicionales de financiamiento para que pueda enfrentar mejor los desafíos de un entorno internacional cambiante.
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