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Parana » Ahora
Fecha: 12/11/2025 00:04
La provincia de Entre Ríos está experimentando una situación poco común que son las agresiones a funcionarios policiales durante sus procedimientos, particularmente en la capital provincial. Si bien se han registrado incidentes graves, como la agresión a una mujer policía en San Jaime de la Frontera durante una fiesta, el foco del conflicto se observa de manera sostenida en los operativos de tránsito realizados en Paraná. El incremento de la convulsión social se relaciona directamente con las incautaciones de vehículos. Solo durante un fin de semana reciente, la policía secuestró más de 100 motocicletas en Paraná, ya que eran conducidas por personas sin registro, sin seguro o porque las motos estaban adulteradas. Estos procedimientos rutinarios han derivado en violencia. Funcionarios policiales resultan heridos cuando los conductores intentan escapar o se niegan a que sus motos sean secuestradas. A lo largo del año, alrededor de 15 funcionarios policiales han sufrido heridas en distintos operativos de tránsito solo en Paraná. Los hechos de violencia incluyen casos como el de un efectivo de la comisaría octava de Paraná que fue golpeado con un casco. Incluso los altos mandos están expuestos: el jefe de la departamental Paraná, Carlos Schmunk, fue chocado por una joven menor de edad que conducía sin carnet. Es importante destacar que, por disposición del jefe de la policía Claudio González, los jefes departamentales no se limitan a ser “jefes de despacho”, sino que participan activamente en la calle en allanamientos y operativos de tránsito. El conflicto no se limita a las calles. También ocurren hechos de violencia cuando la policía debe ingresar a un barrio para realizar detenciones. Un caso reciente en Paraná, en el barrio Pirola, ilustra esta situación. Durante una persecución para identificar una moto, dos personas fueron detenidas tras chocar a efectivos del 911 en su afán por escapar, incluso tomando una calle a contramano. En el momento de la detención, intervinieron vecinos, familiares y amigos de los sujetos, intentando impedir el procedimiento. Curiosamente, esta situación de alta conflictividad en controles de tránsito no se replica en otras ciudades de manera uniforme. En Concordia, por ejemplo, se secuestran cerca de 30 motos por noche por falta de documentación sin que se reporten incidentes. Por su parte, en Concepción del Uruguay se enfocan en controlar “maniobras peligrosas” realizadas por motociclistas que ponen en riesgo la vida de terceros. Cuando un funcionario policial resulta lesionado en servicio, el impacto es doble. Además del dolor físico, existe un perjuicio económico significativo. Las lesiones leves les impiden realizar los servicios adicionales, que son una parte importante del sueldo y sirven para incrementar sus ingresos. El jefe de Policía, Claudio González, reconoció que el funcionario policial es una persona “que siente, que padece, que tiene emociones”. La fuerza ha implementado sistemas de apoyo, incluyendo un área social y de bienestar. Si un funcionario sufre una lesión en servicio, puede recibir una compensación económica en relación con las horas de servicio que no ejerce a causa de la lesión, y se le garantiza atención médica sin gasto alguno.
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