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Concordia » ConcordiaHoy
Fecha: 11/11/2025 18:08
Desde ahora, los institutos podrán fijar libremente las cuotas y matrículas sin autorización previa del Estado nacional, en el marco del Decreto 787/2025. La medida marca un cambio profundo en la relación entre el sector educativo privado y el Gobierno. El Gobierno nacional oficializó en la madrugada de este martes la derogación del Decreto 2417/1993, una norma que durante más de tres décadas reguló los aranceles de los colegios privados en todo el país. La decisión, publicada en el Boletín Oficial bajo el Decreto 787/2025, elimina el control estatal sobre los precios de las cuotas y matrículas que cobran las instituciones de educación pública de gestión privada. Con esta medida, los colegios podrán definir libremente los valores de sus servicios educativos sin necesidad de autorización ni comunicación previa al Estado. Según los fundamentos del decreto, el esquema anterior “presentaba limitaciones que dificultaban la adaptación de los institutos a las realidades educativas y económicas del país”. El texto oficial sostiene que el sistema de control, instaurado en los años 90, respondía a un contexto centralizado, cuando la administración educativa dependía del Gobierno nacional. Hoy, con las competencias educativas en manos de las provincias, el Ejecutivo consideró necesario “revisar el marco normativo para favorecer un entorno más flexible y sostenible”. Entre los principales argumentos, se destacó que la intervención estatal en la fijación de aranceles “generó efectos contraproducentes que afectaron la viabilidad económica de las instituciones”, limitando su capacidad de ajuste frente a los costos operativos. Además, el decreto remarca que el control de precios “terminaba perjudicando a las familias”, ya que muchos establecimientos aumentaban sus cuotas por encima de lo necesario para anticiparse a la inflación o a gastos imprevistos. El texto también invoca el derecho de propiedad de los institutos privados, afirmando que “deben tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de su personal sin autorización estatal”. Según el Gobierno, la previsibilidad impuesta por la normativa anterior “podía derivar en una precarización de la calidad educativa”. Finalmente, el Ejecutivo instruyó al Ministerio de Capital Humano y a la Secretaría de Educación a revisar el Decreto 2542/1991 —base del sistema de financiamiento privado— para avanzar hacia un modelo que garantice “libre competencia y sostenibilidad del servicio educativo privado”. — ¿Querés que ahora te prepare también la versión para Instagram (feed + historia) con tono más visual y directo? Puedo hacerla con hashtags y emojis, siguiendo el estilo que venís usando para tus publicaciones.
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