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Parana » APF
Fecha: 11/11/2025 12:30
Los policías Oscar Molina y Diego Sebastián Íbalo son juzgados desde este martes por la muerte del joven que recibió un balazo en la nuca en el barrio Capibá en 2018. martes 11 de noviembre de 2025 | 12:28hs. Se desarrolla desde las 9 de este martes en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en los Tribunales de Paraná el juicio a los policías Oscar Molina y Diego Sebastián Íbalo por “homicidio agravado” del joven Gabriel Gusmán, de 19 años, ocurrido en septiembre de 2018 en el barrio Capibá de Paraná. El debate se realiza con acceso de público y se extenderá durante seis jornadas: hasta el viernes próximo, en que habrá una reconstrucción en el lugar de los hechos, y luego continuará el lunes y martes de la semana venidera en la sala de audiencias. Será juez técnico el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo, en tanto que la querella estará a cargo de los abogados José Iparraguirre y Rubén Pagliotto. Por su parte, los letrados Miguel Cullen y Daniel Rosatelli ejercerán la defensa de Molina, mientras que Patricio Cozzi y Rosatelli asistirán a Íbalo. La defensa dice que no hubo un accionar por fuera de lo que determina las leyes. Ese argumento también lo sostuvo el Ministerio Público Fiscal (MPF) cuando desistió de la acusación. Gusmán, de 19 años, recibió un disparo en la cabeza, por la espalda, en medio de un grave conflicto con presencia policial y múltiples detonaciones de arma de fuego. El hecho generó conmoción y derivó en una investigación que ahora será evaluada por un jurado popular. En total, serán cerca de 30 los testigos que pasarán por el estrado. La querella aportó ocho, la defensa diez más un perito, y hay nueve gendarmes que actuarán como testigos comunes. Entre ellos se encuentra el jefe del cuerpo médico forense de Tribunales y el fiscal Gonzalo Badano, quien junto a su par Franco Bongiovanni había dispuesto el archivo de la causa por falta de evidencia de cargo contra los acusados. El caso Gabriel Guzmán, de 19 años, murió el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá, en la zona sudeste de Paraná. Aquella tarde, un móvil policial acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una supuesta pelea o intercambio de disparos entre grupos del barrio. El patrullero —en el que se encontraban los dos efectivos de la Policía que ahora son juzgados— intervino en la escena. Durante ese operativo, Guzmán recibió un disparo de arma de fuego que ingresó por la nuca y murió en el lugar. La versión policial sostuvo desde un primer momento que los agentes actuaron en legítima defensa, al sentirse amenazados durante el procedimiento. En cambio, la familia de la víctima y organizaciones de derechos humanos denunciaron que se trató de un caso de uso excesivo de la fuerza, afirmaron que el joven no estaba armado y sostuvieron la hipótesis de una ejecución como “gatillo fácil”. La investigación atravesó idas y vueltas durante los años posteriores. En un primer momento, el Ministerio Público Fiscal resolvió archivar la causa, argumentando falta de pruebas para avanzar contra los efectivos involucrados. Ante esa decisión, la familia de Guzmán, junto con organismos de derechos humanos, impulsó acciones para evitar el cierre del expediente y reclamó la imputación de los policías. La insistencia logró su objetivo: la causa fue reabierta y se ordenaron nuevas medidas de prueba. Finalmente, en 2024, la Justicia resolvió que el caso fuera elevado a juicio por jurados, con los dos policías sentados en el banquillo acusados. El jurado popular deberá determinar si se trató de un actuar legítimo en cumplimiento del deber o de un homicidio cometido por agentes del Estado, publicó Ahora. (APFDigital).
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