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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 11/11/2025 08:42
Mediante el Decreto 787/2025, se eliminó la obligación de que los institutos educativos privados soliciten autorización previa para fijar los valores de matrículas y cuotas. La medida deroga una normativa vigente desde 1993. El Gobierno nacional dispuso mediante el Decreto 787/2025 la desregulación de los aranceles de los colegios privados, eliminando después de más de tres décadas el control estatal sobre los precios de matrículas y cuotas. La norma, publicada este martes en el Boletín Oficial, deroga el Decreto 2417/1993 que establecía la obligación de los institutos educativos de gestión privada de comunicar anticipadamente los montos y obtener autorización previa para cualquier modificación. Según los fundamentos del decreto, la normativa derogada «presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país». El texto oficial sostiene que el sistema de control de precios instaurado en los años noventa respondía a un contexto en el que la administración de la educación dependía del Gobierno nacional, situación que cambió con la transferencia de competencias a las provincias. Entre los argumentos centrales, el decreto advierte que la intervención estatal en la fijación de aranceles «ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica». Señala específicamente que la exigencia de informar y autorizar los valores con antelación «limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos». La medida también pone el foco en el derecho de propiedad de los institutos privados, afirmando que «deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal». Según la visión oficial, la rigidez tarifaria impuesta por el Estado «puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos». El Gobierno instruyó al Ministerio de Capital Humano para que, a través de la Secretaría de Educación, revise las pautas contenidas en el Decreto 2542/1991 -norma madre del sistema de financiamiento de la educación privada- y eleve una propuesta de modificación. El objetivo es avanzar hacia un esquema que resguarde el principio de libre contratación, permitiendo a las instituciones educativas «definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado».
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