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Parana » AIM Digital
Fecha: 07/11/2025 20:30
La iniciativa para convertir en permanente el régimen de promoción del trabajo rural registrado avanza en el Congreso. Fuentes parlamentarias informaron a AIM que se presentó un proyecto que propone derogar el artículo 7 del Decreto 514/2021, que actualmente limita la vigencia del régimen. El objetivo es transformar en política pública definitiva un esquema que “ha sido clave para promover la contratación de trabajadores temporarios y estacionales en el ámbito rural”. El decreto, dictado por el Poder Ejecutivo nacional el 13 de agosto de 2021, estableció que las personas contratadas bajo modalidades de trabajo temporario o permanente discontinuo en el sector agropecuario tendrían derecho a beneficios específicos, entre ellos: Asignaciones familiares que no pueden ser inferiores al 100 por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) mientras dure la contratación y durante el receso entre temporadas. Compatibilidad con programas sociales como el Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar, de modo que los beneficiarios puedan acceder a trabajo registrado sin perder sus prestaciones sociales. Una vigencia originalmente de dos años (hasta el 1 de septiembre de 2023). Desde entonces, la norma fue prorrogada: en 2023 mediante el Decreto 423/2023 por dos años más. Recientemente, el Ejecutivo nacional dictó el Decreto 777/2025 con una nueva extensión de un año, a partir del 1 de septiembre de 2025. El proyecto que impulsa la diputada Vega apunta a eliminar la necesidad de sucesivas prórrogas y dotar de estabilidad jurídica al régimen. En los fundamentos del texto sostiene que “es hora de que esta política que funciona quede fija en el tiempo, y no sujeta a prórrogas año tras año”. ¿Por qué es relevante? El régimen busca formalizar el empleo rural, un sector tradicionalmente afectado por el trabajo informal, la estacionalidad y la precariedad. Según estadísticas del sector, la informalidad en economías regionales afectaba la contratación de personal en tareas agrícolas y agroindustriales, lo que motivó la creación del decreto original impulsado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). La permanencia del régimen podría dar previsibilidad a empleadores y trabajadores, fortalecer la articulación entre empleo formal y protección social, y contribuir al desarrollo de las economías regionales. Desafíos y próximos pasos Fuentes parlamentarias, que hablaron con AIM, señalan que el debate girará en torno a la sustentabilidad fiscal del régimen y su alcance: algunos legisladores plantean que, para asegurar su permanencia, podría requerirse una ley marco que asegure recursos y defina indicadores de seguimiento. Asimismo, se espera que el proyecto sea acompañado por informes técnicos del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), que ya celebró la prórroga del decreto y subrayó que más de 120 000 trabajadores rurales se benefician del régimen. Finalmente, la iniciativa deberá pasar por comisión —estimaciones apuntan a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y la de Agricultura y Ganadería— antes de llegar al recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para su tratamiento en sesiones. En resumen: una propuesta clave del sector rural y de políticas públicas laborales busca fijar en el tiempo una herramienta que hasta ahora operaba con carácter transitorio. Su permanencia dependerá de un consenso parlamentario más amplio, y de que se definan los mecanismos de financiamiento y seguimiento que aseguren su impacto sostenido.
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