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» Amanecer
Fecha: 07/11/2025 20:08
El diputado provincial Fabián “Palo” Oliver destacó la decisión del Gobierno de Santa Fe de suspender por un año la exportación de especies ictícolas a partir del 3 de diciembre, en el marco de una resolución conjunta de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Productivo. La medida busca proteger las especies autóctonas y avanzar hacia una pesca sustentable, ante la drástica reducción de la población de peces en los ríos de la región. En diálogo con Radio Amanecer, Oliver calificó la medida como “necesaria y largamente reclamada”, y subrayó que “por primera vez todos los actores políticos decidimos respaldarnos en la ciencia”. El legislador remarcó que en los últimos diez años “hubo una reducción del 70% en la población de sábalo”, una especie clave del ecosistema fluvial, y que la decisión provincial “sirve para interpelar a Entre Ríos y Buenos Aires, que deben acompañar con medidas similares”. Oliver recordó que su trabajo en defensa del recurso comenzó en 2018, cuando presentó un amparo colectivo para pedir la veda total ante la bajante histórica y la falta de controles. “En ese momento no tuvimos respuesta del gobierno provincial, pero la justicia nos dio la razón en 2023 y la medida quedó firme en 2024”, explicó. “Argentina es uno de los pocos países del mundo que exporta fauna autóctona, y eso pone en riesgo un recurso que si no se cuida, se agota”, advirtió el diputado, quien valoró que el Estado provincial avance hacia un modelo de manejo responsable y sustentable del río y sus especies. Oliver también llamó a fortalecer los controles en los puertos de fiscalización, históricamente señalados como “un colador” por la falta de supervisión, y a discutir una reforma más profunda del sistema pesquero: “Los pescadores artesanales siguen siendo trabajadores precarizados: sin obra social, sin aportes y con ingresos mínimos. Mientras tanto, los frigoríficos son los que hacen negocio”, cuestionó. La resolución provincial entrará en vigencia el 3 de diciembre y prevé la asistencia económica a unas 1.500 familias de pescadores, mediante un subsidio equivalente al salario mínimo, vital y móvil.
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