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Concordia » Hora Digital
Fecha: 07/11/2025 18:09
El Tribunal Supremo de Justicia anuló la condena de diez años contra la expresidenta interina y ordenó su inmediata liberación después de casi cinco años de prisión. La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, salió este jueves de la cárcel tras haber estado detenida durante cuatro años y ocho meses por cargos relacionados con el golpe de Estado de 2019 contra el expresidente Evo Morales. Su liberación se produjo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la condena de diez años que pesaba en su contra y ordenó su inmediata libertad. Áñez abandonó el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, en La Paz, acompañada por sus hijos Carolina y José Armando Ribera, portando una bandera de Bolivia. En sus primeras declaraciones tras salir de prisión, afirmó: “En este país jamás hubo un golpe de Estado, lo que hubo fue un fraude electoral que llevó a los bolivianos a reclamar que el voto en las elecciones generales de ese año sea respetado”. La exmandataria agregó que “jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando mi patria lo necesitó. Ese es el compromiso que todo boliviano que ama a su patria tiene que hacer y yo lo asumí aun sabiendo que en algún momento iba a tener un costo”, aunque reconoció que considera injusto su encarcelamiento. El miércoles, el TSJ informó que anuló la condena contra Áñez en el llamado caso “golpe de Estado II”, por el cual había sido sentenciada en 2022 a diez años de prisión por haberse situado ilegalmente en la línea de sucesión en 2019. Esta sentencia había sido ratificada en 2023 por el mismo tribunal, aunque con magistrados diferentes a los que revisaron el caso tras ser electos en los comicios judiciales de 2024. En la revisión de la sentencia, solicitada por la defensa de Áñez, los magistrados concluyeron que hubo “vulneraciones al ordenamiento legal vigente que han afectado el debido proceso y también sus derechos”. La resolución señala que “la sucesión no fue un acto de usurpación, sino un acto de necesidad constitucional” y que el tribunal que condenó a Áñez omitió valorar que las renuncias de quienes estaban antes que ella en la línea de sucesión en 2019 “fueron públicas, expresas y con efectos inmediatos”. El fallo indica además que “Áñez Chávez no actuó con dolo, no lesionó un bien jurídico protegido y su proceder estuvo amparado por un estado de necesidad constitucional orientado a preservar la continuidad institucional del Estado boliviano”. Jeanine Áñez, exsenadora por el departamento del Beni, asumió la presidencia interina el 12 de noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales y gobernó hasta el 7 de noviembre de 2020. Fue detenida en marzo de 2021 en la ciudad de Trinidad y trasladada a la prisión de Miraflores, en La Paz. En agosto pasado, el TSJ ordenó revisar los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos contra Áñez y otros dos líderes opositores al Movimiento al Socialismo (MAS), lo que derivó en la liberación de estos políticos. Los tribunales anularon los procesos ordinarios contra Áñez, que fueron trasladados al Legislativo para ser tratados en un juicio de responsabilidades, quedando pendiente la revisión de su sentencia, que fue comunicada esta semana. La exmandataria enfrenta al menos otros siete procesos judiciales, entre ellos uno por la represión de las protestas tras la caída de Evo Morales, que dejó una veintena de muertos, y otros por supuestas irregularidades vinculadas a corrupción. En 2019, Áñez promulgó el decreto supremo 4.078, que eximió de responsabilidad a militares y policías involucrados en las masacres de Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba), donde murieron 36 personas. David Inca, representante de las víctimas de Senkata, rechazó la resolución del TSJ y afirmó que “tiene un sesgo de parcialización a favor de una persona e ideología, y desmerece totalmente a las víctimas”. Recordó además que durante el gobierno de Áñez hubo torturas, masacres y violaciones a los derechos humanos, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Existe el delito de incumplimiento de deberes y de resoluciones contrarias a la Constitución”, insistió Inca. La decisión judicial se produce en un contexto político marcado por la próxima asunción del derechista Rodrigo Paz como presidente de Bolivia, prevista para el 8 de noviembre, tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 19 de octubre pasado.
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