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» Diario Cordoba
Fecha: 03/11/2025 05:11
En los procedimientos judiciales se suceden las noticias y a menudo es fácil perderse, sobre todo si lo que tiene la Justicia que dilucidar es un asunto distinto y, por eso mismo, mucho más complicado que los que tradicionalmente acaban en manos de los tribunales. El Tribunal Supremo comienza a juzgar este lunes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración del correo electrónico en el que el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, admitía haber cometido dos delitos fiscales. Estas son las claves de la vista oral, la primera en la que quien se sienta en el banquillo de los acusados es un fiscal general del Estado en ejercicio: El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado abrió juicio oral contra el fiscal general como presunto autor de un delito de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal al entender que existen indicios de que "dio publicidad" a "una información confidencial de la que tuvo conocimiento por razón de su cargo como fiscal". El juez se refería así al correo electrónico que el abogado de González Amador había enviado al Ministerio Público en el que el empresario reconocía la autoría de dos delitos fiscales para evitar el futuro juicio. En su auto de apertura de juicio oral, el magistrado rehusaba acordar, "expresamente, el sobreseimiento" de otros delitos, como prevaricación administrativa, descubrimiento y revelación de secretos o infidelidad en la custodia de documentos públicos, con los que también califican lo ocurrido algunas de las acusaciones populares personadas en el procedimiento, lo que significa que podrán plantearse en el juicio, según se desarrolle. Se trata de una fianza para hacer frente a las responsabilidades civiles a las que puede acabar siendo condenado. La primera cantidad fijada por el juez Hurtado ascendía a 150.000 euros, pero él mismo la rebajó a 75.000, al haber incluido la multa que podría acabar siéndole impuesta en sentencia, cuando eso el Tribunal Constitucional lo consideró una anticipación de pena inconstitucional en una sentencia. El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en cambio, intentó que se elevara a 300.000, en atención al daño reputacional sufrido y el perjuicio sufrido en su actividad empresarial, porque permitió que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se le llamara "delincuente" o "defraudador confeso". Alberto González Amador pide al Tribunal Supremo que condene al fiscal general del Estado a una pena de 4 años de prisión, multa de 108.000 euros (por 18 meses a razón de 200 euros al día) y suspensión de empleo y sueldo por tres años, con una pena accesoria de inhabilitación especial para estar al frente de la Fiscalía General, por un delito de revelación de secretos. El empresario considera que los "hechos delictivos" que se juzgan ahora le causaron un "continuado e incesante daño" a "la intimidad, la protección de datos, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el honor de imposible restitución", por dar a conocer el correo de su abogado en el que admitía "ciertamente la comisión de dos delitos fiscales", lo que permitió que se le llamara "delincuente o defraudador confeso". Pese a ser la víctima de los hechos que se juzgarán a partir de este lunes, el empresario no es quien pide la mayor pena para García Ortiz, sino la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), que en el ejercicio de la acusación popular solicita 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso con uno continuado de revelación de secretos, en el que considera absorbida una conducta de infidelidad en la custodia de documentos públicos. La acusación popular que ejerce Manos Limpias también solicita 4 años de prisión. La fiscalía, al igual que la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, pide su libre absolución, al considerar que no hay pruebas de que fuera él el autor de filtración alguna. El fiscal general del Estado borró su teléfono cuando el Supremo procedió a abrir la causa en su contra. La Sala Segunda presidida por Andrés Martínez-Arrieta ha previsto que el juicio se celebre durante seis días. De cumplirse el calendario inicial, la vista oral comenzará este lunes, día 3 de noviembre, y continuará el martes y el miércoles de esta semana. Después se reanudará el martes 11 -al ser el día 10 fiesta local en Madrid- y seguirá el miércoles y el jueves, que es cuando se prevé que concluya, con los informes en los que las partes defenderán sus correspondientes peticiones de pena o la absolución. A continuación quedará visto para sentencia. Según este calendario, que puede modificarse en función del ritmo real que sigan las declaraciones, el fiscal general del Estado declarará el día 12, después de que hayan comparecido ante el tribunal todos los testigos, que hay 32 citados. También lo están los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que comparecerán como peritos en relación con el borrado del teléfono que realizó el fiscal general, con el argumento de que es necesario hacerlo por seguridad dada la sensibilidad de los asuntos que conoce.
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