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Chajari » Noticias Chajari
Fecha: 02/11/2025 11:20
El Gobierno de Entre Ríos intimó a Diego Alberto Figueroa, un empleado del Ministerio de Salud, a devolver más de $8 millones por presuntas irregularidades. El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos ha dispuesto una medida de gran impacto para un empleado del Ministerio de Salud, quien deberá devolver una suma millonaria de dinero. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial Nº28.208, se resolvió iniciar un sumario administrativo contra Diego Alberto Figueroa, quien se desempeñaba en el cargo de Categoría 06 – Carrera Administrativa – Escalafón General de la División Concurso de dicha cartera. La resolución, que afecta a Figueroa por presuntas irregularidades, se basa en las disposiciones del Artículo 71° Incisos a) y b) de la Ley 9755, que regula el empleo público en la provincia. Las acusaciones apuntan a que el funcionario no cumplió con las normativas establecidas, lo que dio lugar a la exigencia de la devolución de los fondos. Según el decreto, el monto total que deberá devolver Figueroa asciende a $8.401.477,96, más los intereses correspondientes desde el momento en que los fondos fueron asignados de manera indebida hasta que se efectúe el pago. Plazo y consecuencias legales El decreto establece que Figueroa tiene un plazo improrrogable de 30 días desde la notificación para reintegrar el dinero requerido. De no hacerlo, el Gobierno provincial activará los mecanismos legales pertinentes para recuperar los fondos. La Fiscalía de Estado de Entre Ríos será la encargada de iniciar las acciones legales correspondientes para garantizar el pago, lo que podría implicar un proceso judicial si no se devuelve la suma indicada dentro del plazo estipulado. “Intímase a través del Ministerio de Salud al agente Diego Alberto Figueroa, para que en un plazo perentorio e improrrogable de 30 días desde su notificación, proceda a la devolución de la suma de $8.401.477,96, más los intereses devengados y a devengarse”, señala el decreto en su texto oficial. Además, la resolución faculta a la Fiscalía de Estado para que, en caso de incumplimiento, inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo los gastos y honorarios correspondientes. (Con información de APF Digital)
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