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Parana » Al Dia ER
Fecha: 02/11/2025 06:26
El abogado laboralista Carlos Fenés cuestionó el proyecto de ley del Gobierno Nacional que se tratará en el Congreso. Consideró que prioriza los incentivos patronales pero introduce mecanismos regresivos para los trabajadores, como el banco de horas y el pago de indemnizaciones en 12 cuotas. Desmintió enfáticamente la existencia de la industria del juicio y pronosticó un período de alta conflictividad y judicialización si no se llega a un consenso mediante el diálogo. El abogado laboralista Carlos Fenés analizó un nuevo proyecto de Reforma Laboral del Ejecutivo Nacional, que sería tratado en el Congreso a partir del 10 de diciembre, cuando quede conformado el nuevo Congreso. El proyecto reaparece luego de intentos previos, como el capítulo laboral del Decreto 70/23 -suspendido por la Justicia- y un decreto que intentó restringir el derecho de huelga, que fue derogado. En diálogo con el portal Debate Abierto, el laboralista opinó que el proyecto tiene como objetivo central facilitarle a las empresas el camino para que no tengan tanta burocracia en la contratación de trabajadores y alinea algunos trámites. Sin embargo, advirtió que esto conlleva un marcado riesgo de desprotección y restricción de algunos derechos laborales. El abogado señaló que se allanó el camino para las empresas, dado que la Ley Bases derogó las multas por trabajo no registrado o deficientemente registrado (como las leyes 25.323 y 25.345). También entendió que la reforma habilita una discrecionalidad patronal y se alinea con la reiterada palabra presidencial de darle a las empresas privadas todos los incentivos. No obstante, Fenés planteó la duda sobre si la reforma logrará generar empleo de calidad, recordando que intentos similares en la época de los ´90 no tuvieron los resultados esperados. Directo a la judicialización Entre los puntos más conflictivos que podrían ser judicializados, Fenés destacó el pago de indemnizaciones en 12 cuotas, donde se propone que las PyMES puedan pagar las indemnizaciones por despido en ese tiempo. Fenés criticó la medida porque el despido es un ilícito contractual y se preguntó por qué el trabajador tiene que esperar un año para cobrar todo su crédito. Sobre el banco de horas, un mecanismo por el cual el trabajador no cobrará las horas extras como antes sino que se acreditarán en un inventario personal para ser compensadas en el futuro con períodos de descanso, entendió que apunta a alivianar las cargas salariales de las empresas y también al descongelamiento salarial. Este punto propone que, si el convenio de trabajo prevé determinados salarios, las empresas puedan negociar salarios menores, es decir salarios para abajo. Esto representa una pérdida de derechos, aunque se ponga como excusa que algunas empresas no pueden pagar las tarifas del convenio nacional. La falsedad de sostener que hay una industria del juicio Fenés fue categórico al desmentir el concepto de la industria del juicio. Lo calificó como una falsedad repetida, utilizada por cierta dirigencia empresarial y grandes medios de comunicación. El abogado explicó que los juicios laborales, en su casi totalidad, responden a incumplimientos patronales. Si un trabajador es despedido y no se le paga la indemnización, el único camino que le queda es judicializar la cuestión. Adelantó que, a diferencia del ámbito civil o comercial donde el juicio no genera esa etiqueta, en el ámbito laboral la expresión se utiliza de manera interesada y falsamente. El proyecto de reforma está sujeto a dos límites fuertes: el debate parlamentario y la resolución judicial. El abogado no tiene dudas de que si la ley resulta regresiva, habrá una lucha política y los temas se judicializarán, especialmente considerando que la CGT Nacional está próxima a elegir nuevas autoridades. Fenés opinó que los mejores proyectos son los consensuados a través del diálogo y sin miedo a la rosca política, y criticó que si el Ejecutivo intenta avanzar atropellando y desconociendo los derechos de los trabajadores, se entrará en un período de alta conflictividad. El experto abogado laboralista recordó que las organizaciones sindicales ya han logrado que el gobierno nacional diera marcha atrás con algunos decretos.
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