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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 02/11/2025 05:15
Paul Starc, fiscal federal y presidente de la UIF, querellante en el juicio de los cuadernos En el camino reciente al juicio de los cuadernos de las coimas a cargo del Tribunal Oral Federal N°7, que comenzará este 6 de noviembre, los 75 imputados que enfrentarán el proceso tuvieron una cantidad de reveses notable. Esta semana, la Corte Suprema rechazó una serie de recursos e impugnaciones de acusados como el ex ministro Julio De Vido. Días antes, los jueces Enrique Méndez Signori,Germán Andrés Castelli y Fernando Canero, que integran el Tribunal N°7, rechazaron otro recurso de la principal imputada, Cristina Fernández de Kirchner, que buscó su sobreseimiento una vez más. Sin embargo, el mayor revés, al menos en su peso simbólico, fue el que recibieron 47 empresarios imputados, la gran mayoría de ellos arrepentidos e imputados colaboradores, que admitieron ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli haber pagado millonarias coimas para acceder a jugosos contatos de obra pública. La lista de nombres era el establishment mismo del capital argentino: Aldo Benito Roggio, Enrique Menotti Pescarmona, Ángelo Calcaterra, capitanes de industria. Estos empresarios pidieron, de cara a la ley, abonar millonarios resarcimientos para cerrar las causas en su contra, pagar para zafar. Calcaterra ofreció más de $2400 millones. Roggio, otros $1800 millones. La posibilidad de cerrar la causa con una reparación económica está establecida por el artículo 59 del Código Penal. “En este caso, es opinable”, aseguraba días atrás con un eufemismo el fiscal Carlos Stornelli, que investigó el caso. La fiscal Fabiana León, acusadora en el juicio de los cuadernos de las coimas En términos de dólares, no es tanto. Por otra parte, estos empresarios se ahorrarían mucho más que una condena, en todo caso: se ahorrarían tiempo de sus vidas. No hay siquiera un número estipulado de audiencias en el juicio, que será realizado por Zoom una vez por semana, al menos, hasta el comienzo de la feria de verano. Con 626 testigos estipulados, sin contar recursos e incidencias varias, podría durar hasta tres años. Al final, el planteo de 36 empresarios fue rechazado por el Tribunal N°7. La fiscal Fabiana León, acusadora en el proceso, se opuso con términos vehementes. “En esta fiscalía no se vende impunidad”, aseguró León. “Si aquí se transa o se mercantiliza, el mensaje social es letal. La pena o la absolución cumplen una función social: afirma qué conductas son intolerables, disuade futuros desvíos, garantiza igualdad ante la ley”, señaló León: ““no se negocia lo que el sistema ya afirmó que debe ser juzgado”. Starc en pleno trabajo Su colega Paul Starc, cabeza de la Unidad de Información Financiera, querellante en el caso, un veterano del MPF en el fuero federal con más de tres décadas de experiencia, se opuso también. El miércoles 5, la Cámara de Casación tratará un nuevo recurso planteado por la defensa de Mario Rovella, uno de los empresarios imputados, que intenta correr a la UIF del caso, uno más de una serie de planteos infructuosos iniciados por su defensa. El alegato de Starc para oponerse a la impunidad comprada a los empresarios, de cara a su rol, se vuelve un mensaje contra la corrupción empresarial, cuya promiscuidad con la corrupción política es el núcleo de la causa de los Cuadernos. Los empresarios se quejaron, por ejemplo, de que el juicio sería demasiado largo. Starc replicó de inmediato. El alegato del fiscal Starc La duración del proceso no habilita la impunidad. Que un juicio sea complejo o extenso no justifica extinguir la acción. Exige más compromiso institucional, sino entonces que: ¿Cuánto mas grande y dañino el delito, más fácil la salida? La complejidad no es excusa, es prueba de la gravedad. El costo no se compara con el daño causado. La verdadera dilapidación de recursos es la corrupción misma, no el juicio que busca sancionarla. El instituto de la reparación integral del daño, no es un derecho irrestricto de los imputados, sino un mecanismo alternativo, de aplicación restringida y siempre supeditado a la naturaleza del hecho y al caso puntual, de lo contrario se desnaturalizaría su finalidad y se transformaría en un instrumento de impunidad para los poderosos. Generalmente procede en delitos de menor lesividad social, donde la víctima concreta pueda ser resarcida. Aquí no estamos hablando de un delito menor, ni de exclusiva y estricta significancia patrimonial, en donde la pretensión penal estatal se limita a recuperar el dinero. Acá estamos hablando de una causa de corrupción sistémica a gran escala, donde las víctimas son el Estado y la sociedad en su conjunto, lo que hace imposible una reparación real, total y verificable. Entonces, en este preciso caso, la pretensión penal debe centrarse en someter a los imputados a un debate oral y público, justamente para discutir y acreditar los hechos delictivos, y condenar a los responsables. Aldo Benito Roggio: $1800 millones (NA) La sociedad necesita ver que la Justicia es capaz de llevar hasta el final el proceso penal, lo contrario implicaría renunciar a la verdad, a la sanción y a la memoria colectiva. Es que permitir la reparación integral por las sumas ofrecidas, -mas allá que en algunos podrían ser cuantiosas-, sería banalizar delitos de enorme gravedad institucional. El dinero eventualmente ofrecido nunca compensa el deterioro institucional, la pérdida de confianza en el sistema democrático y el descrédito de la administración pública. Aceptar esta reparación sería enviar un mensaje de impunidad: es que quienes detentan poder económico puedan pagar para extinguir responsabilidad penal. Los delitos en cuestión afectan la transparencia y la confianza pública. Admitir la reparación integral seria “mercantilizar” la corrupción, convirtiendo el proceso penal en un sistema de transacciones donde el poder adquisitivo reemplaza el principio de igualdad ante la ley. El daño social excede lo económico: es político, institucional, cultural. Ángelo Calcaterra: más de $2400 millones para cerrar la causa No se trata solo de montos desviados, sino de décadas de desconfianza y desigualdad generadas por el saqueo de fondos públicos. Estamos hablando de una gran cantidad de conductas de cohecho, insertadas en el marco de un esquema de corrupción de tal magnitud que funcionó de manera permanente por un periodo de, al menos, doce años. Eso únicamente lo repara un debate oral y público y sus respectivas condenas. Ningún pago restituye el perjuicio institucional, político y social de magnitudes inéditas. La discrecionalidad judicial exige analizar cada caso según su gravedad y trascendencia, y es evidente que en este expediente -la causa más grande del país- la reparación integral resulta jurídicamente inadmisible. Y por último, quiero dejar en claro lo siguiente: el dinero va a volver a las arcas del Estado, no será ahora, ya, pero lo será cuando se condene y se decomisen todos los bienes que ya se encuentran cautelados. No se trata de una cosa o la otra, se trata de las dos. Condena y decomiso, recuperando así los fondos provenientes de actos ilícitos, como así lo prevé nuestro Código Penal.
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