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Concordia » Libre Entre Rios
Fecha: 01/11/2025 20:49
Compartilo con La reciente renuncia de la directora de Inspección General de Concordia, Beatriz López, tras clausurar un local de panchos durante la veda electoral, ha desatado una tormenta política que pone en jaque la autonomía de los organismos de control y la confianza ciudadana. La decisión del intendente Francisco Azcué de desplazar a la funcionaria, argumentando la necesidad de “acompañar al privado”, no solo expone una controvertida visión de la gestión pública, sino que también destapa una interna feroz en un área jaqueada por denuncias de violencia laboral y presunta corrupción. Lo que comenzó con la clausura de un local de panchos durante la veda electoral en Concordia, terminó por desatar una crisis institucional que deja al descubierto las tensiones entre el poder político, los intereses privados y el rol de los organismos de control. La renuncia de la directora de Inspección General, Beatriz López, es la punta del iceberg de un conflicto que amenaza con erosionar la confianza ciudadana en las instituciones. Una funcionaria en el ojo de la tormenta Beatriz López, una empleada de carrera que por primera vez asumía un cargo directivo, fue desplazada por el intendente Francisco Azcué mediante el Decreto N° 1233/2025. La medida se tomó luego de que el área a su cargo clausurara un local gastronómico por presunta infracción al Código Electoral. Azcué justificó su decisión afirmando que “estamos para acompañar al privado, no para ponerle palos en la rueda”, una declaración que resuena con la del ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, quien instó a la justicia a “proteger al capital”. Sin embargo, el historial de López no está exento de polémicas. En 2013, fue desvinculada del cuerpo de inspectores por haber intentado interferir en un operativo policial que se realizaba en una whiskería, cuando no estaba de servicio. Su designación, por tanto, ya contradecía la política de “ficha limpia” pregonada por la actual gestión. En su carta de renuncia, López agradeció la oportunidad brindada, pero denunció una “falta de acompañamiento y respaldo” de sus superiores, lo que generó “situaciones de deslegitimación institucional” que tornaron “insostenible la continuidad en el cargo”. Esta declaración sugiere que la clausura del local de panchos fue solo el detonante de una situación que venía gestándose desde hace tiempo. Las potestades del Estado en la mira La crisis institucional en Concordia se agrava tras la renuncia de una funcionaria en medio de denuncias y abre un interrogante sobre la administración del intendente Francisco Azcué. Más allá de la figura de López, el episodio pone en tela de juicio el rol de los organismos de control. ¿Para qué sirven si su accionar es cuestionado y sus responsables desplazados ante la primera controversia con el poder económico? La defensa de las potestades de control del Estado es fundamental para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y proteger el interés público. Un Estado que debilita sus propios mecanismos de control se vuelve vulnerable a los intereses sectoriales y pierde legitimidad ante la ciudadanía. La gestión de Azcué, alineada con el discurso de favorecer la inversión privada, parece haber encontrado en este episodio la excusa perfecta para enviar un mensaje al sector empresarial. Sin embargo, este mensaje puede ser interpretado como una señal de que las reglas pueden ser flexibles para algunos, lo que hiere de muerte la confianza en las instituciones. Un área jaqueada por denuncias La Dirección de Inspección General de Concordia es un hervidero de conflictos. Un informe del Ministerio de Trabajo, elaborado en diciembre de 2024, confirmó denuncias por violencia laboral, maltrato sistemático y favoritismos en el área. A pesar de la contundencia del informe, el Ejecutivo municipal no ha tomado medidas al respecto. Los trabajadores denuncian la existencia de una “cooperativa” interna que se reparte discrecionalmente los operativos más rentables, además de irregularidades en la recaudación de impuestos de espectáculos públicos. Este clima laboral hostil y las sospechas de corrupción preexistían a la llegada de López, quien en su carta de renuncia parece aludir a la imposibilidad de conducir un área minada por conflictos internos y sin el respaldo político necesario. La confianza ciudadana, la principal víctima La crisis institucional en Concordia deja un saldo negativo para la ciudadanía. La percepción de que las decisiones políticas se toman en función de intereses privados y no del bien común, sumada a la inacción ante denuncias de corrupción y violencia laboral, erosiona la confianza en las instituciones y en sus representantes. ¿Cómo puede un ciudadano confiar en un Estado que parece desproteger a sus propios trabajadores y ceder ante las presiones del poder económico? La respuesta a esta pregunta definirá el futuro de la gestión de Azcué y la salud de la democracia en Concordia.
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